La oposición presiona para aumentar los recursos destinados a combatir los incendios en la Patagonia

Desde la semana pasada la provincia de Chubut enfrenta uno de los incendios forestales más graves de las últimas décadas que ya destruyó 11.970 hectáreas en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo y zonas aledañas. Si bien 22 de los 32 focos ígneos fueron controlados, este martes las ráfagas de viento reavivaron las llamas en varios puntos, particularmente cerca del Lago Epuyén.

En este contexto, durante los últimos días distintos diputados de la oposición presentaron iniciativas en el Congreso para aumentar los recursos federales destinados a combatir el fuego tras una temporada marcada por la extensión y gravedad de los focos ígneos en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.

Las iniciativas, presentadas por legisladores del Frente de Izquierda y Unión por la Patria, reclaman medidas excepcionales de financiamiento, refuerzo de equipos y protección de los afectados, debido a la magnitud del desastre y la insuficiencia de la respuesta estatal.

Los diputados del bloque Unión por la Patria presentaron dos iniciativas complementarias. La primera declara el Estado de Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica durante 180 días para las provincias afectadas y faculta al Poder Ejecutivo Nacional a asignar fondos extraordinarios para asistencia sanitaria, reconstrucción de infraestructura, alivio fiscal y duplicación de prestaciones sociales para las familias damnificadas. El proyecto, impulsado por José Alejandro Glinski y otros legisladores patagónicos, autoriza la entrega de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias perjudicadas, priorizando la reconstrucción de bienes públicos y privados, la atención a productores locales y la reparación ambiental.

Por otro lado, la segunda propuesta del peronismo se enfoca en fortalecer la capacidad operativa del Estado mediante la adquisición de aviones hidrantes especializados, con una inversión autorizada de hasta 50 millones de dólares. El proyecto, firmado por Pablo Todero, Pablo Yedlin y Martín Aveiro, permite la importación de aeronaves y equipamiento sin impuestos y contempla el financiamiento externo a través de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Pero también sugiere que el financiamiento se obtenga a través de la venta de inmuebles por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

En ese sentido, la oposición sostiene que la dependencia de contrataciones privadas para la lucha contra incendios ha resultado ineficiente y costosa, y que una flota estatal propia es esencial para una respuesta rápida y coordinada.

Ambos proyectos de Unión por la Patria incluyen medidas de apoyo fiscal para los sectores productivos y turísticos afectados, la suspensión de ejecuciones fiscales, líneas de crédito blandas y la prohibición de cambios en el uso del suelo en áreas incendiadas, en línea con la normativa nacional vigente.

En sus fundamentos, las iniciativas opositoras remarcan la recurrencia de incendios de magnitud en la región, el impacto social y económico para las comunidades y la urgencia de una respuesta integral y federal. Las propuestas también advierten sobre el riesgo de que la crisis ambiental derive en la apropiación privada de tierras y en un deterioro irreversible del patrimonio natural. De acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y reportes de organizaciones ambientales, la crisis climática, la falta de inversión estatal y la expansión de monocultivos exóticos figuran entre los factores que agravan la vulnerabilidad de los bosques patagónicos.

Por su parte, otra propuesta impulsada por el Frente de Izquierda busca declarar la emergencia presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y exige la garantía de recursos plenos para enfrentar los incendios.

El texto, firmado por Romina Del Plá, Néstor Pitrola, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, establece que el Estado deberá destinar fondos específicos para la adquisición de aviones hidrantes, helicópteros, vehículos y herramientas de combate, además de un aumento salarial para los brigadistas y la regularización de su situación laboral. También contempla la provisión inmediata de ayuda a los damnificados, la reconstrucción de viviendas y servicios, y la prohibición de cambios en el uso del suelo en las zonas afectadas durante sesenta años, con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria.

Desde la oposición atribuyeron la gravedad de la situación al recorte presupuestario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que, según datos citados en el proyecto, perdió un 70 por ciento de su financiamiento real desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

No obstante, el proyecto del Frente de Izquierda va más allá de la emergencia inmediata e introduce la creación de un Bono de Emergencia Ígnea, que grava a grandes empresas por sus ganancias en la región, y establece un impuesto especial a las grandes fortunas para financiar un fondo permanente de prevención y combate de incendios. Además, prohíbe el cultivo de pinos para uso comercial en la zona y exige la recuperación del monte nativo.

Debido a que el Congreso se encuentra fuera del período ordinario, ninguno de estos proyectos podrá llegar al recinto de la Cámara de Diputados si el Poder Ejecutivo no los incluye expresamente en el temario de la segunda convocatoria de sesiones extraordinarias que, según dejaron trascender fuentes oficiales, se extenderá durante todo febrero.