La Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba reforma para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso e infantil

Esta tarde, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas que obliga a los importadores a garantizar que los bienes que ingresan al país no han sido producidos mediante trabajo forzoso, obligatorio ni trabajo infantil. La medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Hacienda, busca reforzar los controles en la cadena de suministro y cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos laborales.

El dictamen, leído por el diputado William Soriano durante la sesión plenaria, detalla que la iniciativa responde a la obligación de El Salvador como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de proteger los derechos laborales reconocidos internacionalmente, especialmente la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, así como la exigencia de condiciones laborales aceptables en relación con salarios mínimos y jornadas de trabajo. Según el texto aprobado, la reforma incorpora un nuevo artículo a la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas que establece el control aduanero en materia de trabajo forzoso y trabajo infantil.

En adelante, la Dirección General de Aduanas (DGA) requerirá a los importadores una declaración jurada, bajo formato oficial, en la que se consigne que los bienes importados no han sido fabricados, ensamblados ni sometidos a transformación mediante trabajo forzoso, obligatorio o infantil. Esta exigencia se fundamenta en el artículo 37 de la Constitución salvadoreña, que reconoce el trabajo como función social y bajo protección estatal, y en el artículo 38, que regula los principios para garantizar condiciones de vida dignas a los trabajadores. La reforma responde también al marco legal internacional asumido por el país, especialmente la Declaración de la OIT de 1998, enmendada en 2022.

En caso de que existan alertas, indicios o dudas razonables, la DGA podrá solicitar documentación adicional a los importadores para comprobar la trazabilidad de los bienes y el cumplimiento de la normativa sobre erradicación del trabajo forzoso y el trabajo infantil. El decreto aprobado prevé sanciones administrativas, civiles o penales ante la falsedad de las declaraciones o la falta de información, lo que puede implicar la suspensión provisional del trámite, la retención preventiva de la mercancía o la denegatoria del despacho aduanero, según las disposiciones de la legislación vigente.

Durante la sesión, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó la importancia de la reforma y sometió la iniciativa a votación. Con 57 votos a favor, la iniciativa fue aprobada hoy. La medida contó con el respaldo unánime de los miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, quienes consideraron que la modificación legal permitirá fortalecer un intercambio comercial basado en el respeto a los derechos laborales fundamentales; por ello, emitieron dictamen favorable el 2 marzo para que la iniciativa fuera sometida a estudio y votación en la plenaria de este día.

El decreto aprobado establece que la DGA, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, deberá emitir la normativa complementaria para regular los mecanismos de intercambio de información y la operatividad de la disposición, así como las adecuaciones necesarias en los sistemas informáticos de control aduanero. Según el documento oficial, la gestión de riesgo y el análisis de datos serán elementos clave para la implementación de estos controles.

El nuevo marco legal entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Con esta reforma, El Salvador busca alinear su legislación aduanera con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y laborales, reforzando la supervisión sobre las cadenas de suministro que participan en el comercio internacional. La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo tras un proceso de consulta con representantes del Ministerio de Hacienda, quienes justificaron la urgencia de actualizar la normativa para cumplir las obligaciones internacionales y garantizar la protección de la niñez y la dignidad laboral.