Una comunidad mapuche aseguró que resistirá un inminente desalojo y crece la tensión en Villa La Angostura

Luego de un extenso periplo judicial, un magistrado neuquino ordenó el desalojo de un predio usurpado por mapuches en la costa del Lago Correntoso, pero las autoridades de la comunidad aseguran que no van a abandonar el territorio.

A fines de noviembre, el juez Francisco Astoul Bonorino ordenó el desalojo del camping situado a pocos kilómetros de Villa La Angostura.

La decisión judicial incomodó a los mapuches que, de inmediato, emitieron un comunicado en el que anunciaron que van a permanecer en el lugar. “Estamos abiertos al diálogo, pero no nos vamos a ir”, dijeron.

La conflictiva comunidad, que mantiene múltiples conflictos territoriales de la villa turística, permanece en el predio desde hace más de una década.

Durante el proceso, pudo comprobar la preexistencia de sus ancestros en esas tierras, aunque la manera intempestiva de permanecer en el lugar entorpeció el plan de permanecer allí.

De acuerdo a lo que dijeron sus representantes, la comunidad está preparada para resistir el desalojo y responsabilizan al gobernador neuquino Rolando Figueroa de las consecuencias que pueda acarrear la ejecución de la medida.

En su crítica al magistrado que ordenó el desalojo, afirmaron que la sentencia “vulnera derechos ancestrales y favorece a desarrolladores inmobiliarios, que ni siquiera tienen domicilio fijo en la zona”.

Más allá de la amenaza de permanecer en el territorio, la comunidad Paicil Antriao insiste en recurrir a una nueva instancia de diálogo, aunque los intentos anteriores fracasaron.

Damián Olivero, vocero de la comunidad, aseguró que en la orden de desalojo, el juez “no contempla el trabajo realizado durante los últimos años con el relevamiento territorial”, un proceso que sigue inconcluso y que ha sido motivo de reiteradas tensiones.

“La justicia y el gobierno no están resolviendo nada. Vamos a resguardar el lugar como hacemos siempre”, afirmó el lonko durante una entrevista radial, publicada por Diario Andino.

La orden establece un plazo de cinco días para abandonar el predio, lo que mantiene en vilo a la comunidad. Para Olivero, el escenario es “inminente” y podría desembocar en una acción policial que, según recordó, ya ha tenido antecedentes “muy violentos” en Villa La Angostura.

En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) falló en contra de la comunidad al rechazar el planteo de ancestralidad y ordenó la restitución del predio al municipio local, querellante en la causa.

El camping estuvo administrado por integrantes de la misma comunidad, aunque vencido el plazo de la concesión, la comuna intentó recuperar la administración y explotarlo comercialmente o volver a concesionarlo. Sin embargo, los mapuches rechazaron el planteo y decidieron permanecer allí, mientras avanzaba el expediente, de un juzgado a otro, con intervención del Superior Tribunal y múltiples estrategias judiciales en juego.

En la última etapa del proceso, las maniobras legales que intentó la comunidad Paicil Antriao fracasaron, quedando firme la decisión de que abandonen el lugar.

El mismo grupo protagoniza múltiples conflictos territoriales en Villa La Angostura. Protagonizó bloqueos a la obra de ejecución de la ruta de Circunvalación, financiada con recursos nacionales, y enfrentó al ex basquetbolista Emanuel Ginóbili en la disputa por un predio en la ladera del cerro Belvedere.

Ante la reciente notificación —que exige abandonar el predio en un plazo de cinco días— la comunidad advierte que no lo hará. Invocan su dignidad, sus lazos con la tierra ancestral, y responsabilizan al Estado provincial y al gobierno local por lo que definen como “un atropello”.

Un grupo mapuche desalojado en Villa Mascardi mantiene sus rituales en tierras fiscales

la conflictiva comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu mantiene en la zona de Villa Mascardi una suerte de rituales religiosos que hace que puedan volver a ese lugar tras los desalojos ocurridos en 2022.

La Justicia permitió que en el lugar permanezca una escultura de madera denominada rewe, que fue instalada por la comunidad como símbolo sagrado. Esto habilitó a que las comunidades puedan regresar al territorio, cada vez que quieran, para realizar sus ceremonias.

La decisión judicial de mantener la estructura de madera obliga al gobierno nacional a sostener un inusual despliegue de fuerzas de seguridad en los predios desalojados.

El regreso constante de los miembros de la comunidad al sitio de donde fueron expulsados “genera un riesgo latente de que vuelvan a instalarse” dijeron a Infobae residentes de la villa turística, ubicada a 35 kilómetros de Bariloche.