Integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que usurpó tierras en Villa Mascardi hasta octubre de 2022, fueron incluidos en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo.
La decisión provocó el rechazo del grupo, porque a sus integrantes esto les genera múltiples perjuicios; entre ellos, el cobro de Asignaciones Familiares, el uso de cuentas bancarias y billeteras virtuales y la percepción por discapacidad del hijo de uno de los afectados.
En ese marco, sus abogados patrocinantes realizarán este viernes una declaración pública para denunciar “persecución” a las comunidades mapuches.
Los integrantes de Lafken Winkul Mapu fueron incorporados al registro en septiembre pasado, aunque el mismo ya contaba con otras agrupaciones de la región, como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que dirige el detenido Facundo Jones Huala, quien también aparece en la grilla.
Los mapuches que fueron incluidos recientemente integran la agrupación que entre 2017 y 2022 usurpó predios públicos y privados en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Algunos de sus integrantes permanecen prófugos y otros fueron condenados por la Justicia Federal, tanto por ingresar a predios fiscales como también a propiedades particulares.
Entre los integrantes considerados terroristas está Matías Santana, conocido como el “mapuche de los binoculares” por el testimonio irreal que brindó durante la desaparición del activista fallecido Santiago Maldonado (dijo que con sus binoculares había visto cómo Gendarmería trasladaba al activista). El apodo, incluso, está contemplado en el registro oficial.
En el mismo registro también fueron incluidos Luciana Jaramillo, Joana Colhuan, Jessica Bonefoi, María Nahuel, entre otros integrantes de la misma comunidad.
En mayo pasado, el Tribunal Oral Federal de General Roca condenó a varios de ellos con penas en suspenso, como responsables de los delitos de usurpación por despojo.
La comunidad Lafken Winkul Mapu ingresó, en noviembre de 2017, a dos predios pertenecientes a Parques Nacionales, desde los cuales avanzó a otras propiedades estatales y privadas, todas ubicadas en el mismo paraje turístico.
Avanzaron con el débil argumento de preexistencia ancestral en esas tierras, lo que nunca pudo ser documentado.
Durante su permanencia en el lugar, hasta octubre de 2022, protagonizaron distintos hechos vandálicos contra los inmuebles e incluso contra turistas y automovilistas.
En la denuncia pública que formalizará la comunidad este viernes, harán referencia a la inclusión en el listado de terroristas provocó el cierre y cancelación de cuentas bancarias, inaccesibilidad a billeteras virtuales y la imposibilidad de percibir asignaciones universales de sus hijos.
“Se inició una persecución supremacista y absolutamente criminal contra las comunidades mapuche bajo la sospecha de ser ‘terroristas’”, denunciaron sus defensores.
El objetivo de la presentación pública es “poner en conocimiento de una de las más graves persecuciones que se haya vivido contra las comunidades de pueblos originarios, que prácticamente no registra antecedentes en este período democrático”.
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