El Gobierno puso en marcha el Plan Paraná, una estrategia para luchar contra el narcotráfico en la frontera con Paraguay

El Ministerio de Seguridad comunicó la puesta en marcha del “Plan Paraná”, una estrategia integral destinada a reforzar el control y la seguridad en la Hidrovía Paraná–Paraguay, uno de los corredores fluviales más extensos y estratégicos de Sudamérica, respondiendo a la creciente preocupación por la vulnerabilidad de esta vía ante el avance de organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el lavado de activos.

La Hidrovía Paraná–Paraguay conecta el puerto de Asunción con el de Buenos Aires y canaliza un volumen significativo del comercio exterior argentino y regional.

Según la Resolución 1307/2025 publicada en el Boletín Oficial, en este tramo circulan diariamente hasta 300 barcazas, lo que convierte a la hidrovía en un eje logístico de alta relevancia, pero también en un espacio propicio para delitos complejos.

Desde la cartera advirtieron que la extensión geográfica, la densidad de puertos públicos y privados y las limitaciones tecnológicas de los controles tradicionales fueron aprovechadas por redes delictivas para desplegar operaciones ilícitas de gran escala.

Frente a este escenario, el Ministerio de Seguridad lanzó el “Plan Paraná” como política pública sostenida, con el objetivo de incrementar la presencia estatal, fortalecer la capacidad de control y neutralizar las actividades ilícitas en la hidrovía y sus zonas de influencia.

El plan contempla la utilización de tecnologías avanzadas, como radares, drones, cámaras térmicas, escáneres de contenedores y sistemas de monitoreo en tiempo real, así como la consolidación de un esquema de cooperación interagencial tanto a nivel nacional como internacional.

Entre los objetivos específicos del plan se destacan la desarticulación de redes de contrabando y crimen organizado en la frontera fluvial norte, que abarca las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones; el incremento de controles en puertos públicos y privados del tramo inferior de la hidrovía, especialmente en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires; y el fortalecimiento de la cooperación con organismos multilaterales y agencias extranjeras especializadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, como la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la DEA de Estados Unidos y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA).

La resolución subraya la necesidad de una “estrecha articulación con el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia Federal”, así como con las policías provinciales, para asegurar la cobertura integral, la detección temprana de maniobras ilícitas y la cooperación operativa en los puntos críticos de la hidrovía.

El despliegue del “Plan Paraná” se organizará en fases operativas definidas por polígonos territoriales de intervención sobre la hidrovía:

• El primer polígono abarca desde Puerto Bermejo (Chaco) hasta la ciudad de Corrientes (Corrientes), incluyendo Resistencia (Chaco) e Itatí (Corrientes).
• El segundo polígono comprende las jurisdicciones de Corrientes, Resistencia y Bella Vista (Corrientes).
• El tercer tramo se extiende entre Bella Vista y La Paz (Entre Ríos).
• El cuarto entre La Paz y la ciudad de Paraná (Entre Ríos).
• El quinto entre Paraná y San Nicolás (Buenos Aires).
• Y el sexto entre San Nicolás y Paraná Guazú.

La autoridad de aplicación podrá abrir nuevos polígonos de intervención según la evolución de la criminalidad y las problemáticas detectadas, con el fin de garantizar un control integral, flexible y dinámico de la vía fluvial.

La coordinación general del plan estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional, que podrá designar a un responsable específico para la implementación de las distintas fases de planificación, desplazamiento, ejecución y evaluación.

Además, se creó el Comando Unificado “Plan Paraná”, integrado por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Un funcionario seleccionado por el titular de la Prefectura Naval Argentina asumirá la coordinación operativa del comando.

El plan prevé la participación de las policías de las provincias involucradas, que podrán designar representantes como enlaces, y la articulación con organismos como la Dirección General de Aduanas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección Nacional de Migraciones y otros entes competentes. También se invita a las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Nación y de las provincias a designar representantes para facilitar los canales de comunicación institucional.