San Luis aprobó un proyecto de ley para reducir la feria judicial en la provincia

La provincia de San Luis aprobó este jueves por unanimidad el proyecto de ley que había enviado el Poder Ejecutivo que reduce a la feria judicial en esta jurisdicción. Con 27 votos afirmativos y ninguno negativo, la Cámara de Diputados dio luz verde a la iniciativa.

De esta manera, la iniciativa entrará en vigencia a partir del 2026 para que todo el sistema judicial pueda adecuarse a la nueva normativa. Así las cosas, la feria judicial se llevará a cabo durante dos semanas en el mes de enero y tendrá una semana a mitad de año, que dependerá de las fechas que fije el Superior Tribunal de Justicia.

El texto aprobado establece que, durante los períodos de receso judicial, no correrán los plazos procesales. Además, precisa que se deberá garantizar la atención de los asuntos urgentes mediante la labor de magistrados y funcionarios designados por la autoridad judicial. La nueva disposición regirá desde el 31 de diciembre de 2026, brindando un plazo de adaptación tanto para el sistema judicial provincial como para el ejercicio profesional de los abogados y abogadas matriculados en el territorio.

Uno de los aspectos centrales del proyecto se vincula con el actual esquema de ferias y recesos, señalado por distintos sectores como un obstáculo para la eficacia y el acceso a la justicia. Hasta ahora, los extensos períodos de paralización de la actividad judicial, sumados a la inactividad durante los fines de semana y los días considerados festivos, generaban acumulación de expedientes y demoras en la tramitación de causas.

La iniciativa tuvo su origen en una serie de acuerdos que se gestaron entre los diferentes sectores. En ese marco, se realizaron reuniones entre el gobernador Claudio Poggi, el vicegobernador Ricardo Endeiza, el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes, los presidentes de los bloques oficialistas de ambas cámaras, Eugenia Gallardo y Martín Olivero, junto con representantes de los colegios de abogados locales, magistrados, empleados judiciales y el Colegio Forense.

De acuerdo con argumentos recogidos durante el tratamiento parlamentario, la sanción de la norma responde a la necesidad de construir un sistema judicial más eficiente, capaz de garantizar el acceso de la ciudadanía a una justicia continua durante todo el calendario anual, sin prolongados recesos. El nuevo esquema apunta a compatibilizar el derecho al descanso de los trabajadores del sector con la obligación constitucional de garantizar el normal funcionamiento del servicio judicial.

En el debate, la presidenta del bloque oficialista, Eugenia Gallardo, enfatizó la importancia de la reforma para combatir la lentitud en la resolución de causas y avanzar hacia un sistema más accesible. “La mora judicial es un problema que nos aqueja, es un problema que hace que la justicia sea menos accesible para quienes la necesitan. Una justicia cuando es lenta, cuando es ineficiente, cuando es ineficaz, no es justicia”, expresó, según palabras reproducidas por el área de prensa de la Legislatura provincial. Gallardo subrayó que el principio rector que guió el impulso del proyecto fue la garantía de continuidad en la administración de justicia.

Por su parte, la diputada Luciana Perano tuvo a su cargo la exposición de los principales puntos del proyecto durante la sesión. Señaló que la elaboración de la nueva ley contó con el consenso de los distintos bloques y que todos los sectores involucrados coincidieron en la necesidad de asegurar el acceso de la población al servicio judicial. También hizo hincapié en que, desde el bloque Cambia San Luis y en conjunto con los espacios que respaldan al gobierno provincial, seguirán impulsando iniciativas para reducir la mora y perfeccionar el funcionamiento de los tribunales en la provincia.

El articulado de la ley aclara que la reducción de la feria judicial no implica la eliminación de derechos laborales ni de períodos vacacionales. La meta, según explicaron fuentes legislativas, es reorganizar el cronograma de recesos para mejorar la eficiencia y garantizar la continuidad operativa de los fueros que integran el sistema provincial.