El Gobierno intimó a los rectores a que garanticen las clases tras el paro docente universitario: la respuesta de la UBA

El Ministerio de Capital Humano solicitó medidas y que se active un plan de contingencia para recuperar el dictado de las materias. Emiliano Yacobitti cruzó al Ejecutivo y reiteró el reclamo por el financiamiento universitario

marcha universitaria federal 23A
El Gobierno intimó a los rectores a que garanticen las clases en las universidades nacionales y la UBA respondió (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
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El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, intimó a los rectores de las universidades nacionales a que garanticen las clases y se tomen medidas en medio de la semana de paro docente que establecieron los profesores universitarios. En tanto, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cruzó al Ejecutivo y solicitó que se aplique la ley de Financiamiento Universitario.

En ese sentido, la cartera que dirige Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, elevó el pedido a las cabezas de las universidades y pidieron que “informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios, que en ocasiones abarcan semanas enteras”.

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Marcha universitaria federal 23A
Los docentes universitarios están de paro desde este lunes hasta el 2 de mayo (Gustavo Gavotti)

“Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país. Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen”, continúa el comunicado.

Y completa: “La situación descrita reviste especial gravedad, ya que los recursos presupuestarios nacionales se encuentran orientados al cumplimiento de los fines educativos que la normativa vigente impone. El sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender“.

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El comunicado del Ejecutivo tiene razón debido al paro docente que comenzó este lunes y al que se adhirieron los gremios de profesores universitarios. La medida de fuerza se extenderá hasta el próximo lunes 2 de mayo y está en la previa de una nueva marcha federal universitaria en reclamo por la ley de financiamiento.

Marcha universitaria federal 23A
Emiliano Yacobitti (Nicolas Stulberg)

La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y prevé movilizaciones simultáneas en distintas ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y una marcha hacia la Plaza de Mayo.

Uno de los ejes centrales del reclamo es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Tras un primer fallo favorable a las universidades en diciembre, el mes pasado la Justicia volvió a exigir al Gobierno el “cumplimiento inmediato” de los artículos 5 y 6 de esa ley, referidos a la recomposición de salarios y becas estudiantiles. En respuesta a esa decisión judicial, el 17 de abril la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender ambos artículos.

Emiliano Yacobitti

En esa línea, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, en respuesta al Gobierno, planteó: “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”.

Y añadió: “Esto ocurre porque el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia. La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente“.

“Las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes. Lo saben los 2 millones de estudiantes y toda la sociedad”, completó, y agregó un nuevo mensaje de cara a la manifestación de la que se espera una amplia convocatoria: “No van a desviar el eje de la discusión con provocaciones. El próximo 12 de mayo vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina”.

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