
Un operativo judicial desarrollado en los últimos días expuso la existencia de un sistema de negocios ilegales y privilegios excepcionales para presos en lo que denominaron el pabellón VIP de la Unidad Penal N°9 de La Plata.
En un procedimiento encabezado por la fiscal Virginia Bravo y autorizado por la jueza Marcela Garmendia, las autoridades recorrieron celda por celda y secuestraron una importante cantidad de objetos prohibidos.
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Según consta en el acta de registro, agentes judiciales y personal de la DDI local junto a Policía Científica ingresaron al sector donde están alojados exmiembros de fuerzas de seguridad. El pabellón cuenta con 54 celdas distribuidas en dos niveles, además de espacios como gimnasio, biblioteca, duchas, cocina, peluquería y sectores de depósito. De acuerdo con la documentación, ese día se requisaron las pertenencias de 97 internos.
Durante el operativo, se incautaron más de 60 celulares, notebooks, computadoras personales, routers, discos de almacenamiento, memorias externas y consolas de videojuegos, entre ellas varias PlayStation.
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Los investigadores también retiraron heladeras, freezers con alimentos, cigarrillos y otros productos destinados a la comercialización interna.
La causa judicial se activó tras una denuncia que describe la existencia de negocios clandestinos y cobros internos. Según esa presentación, en el pabellón funcionaban una rotisería y una repostería que ofrecían pizzas a $17.000, sándwiches de milanesa a $15.000 y tortas a $9.000, entre otras cosas.
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De acuerdo a la denuncia, los productos se pagaban en efectivo o por billetera virtual, con insumos provenientes del propio penal, como carne, pollo, harina y aceite, almacenados en freezers bajo llave.

El escrito también señala que se comercializaban cigarrillos a $3.000 el paquete, con ventas diarias a internos de distintos pabellones.
Además, había una peluquería donde los cortes de cabello se cobraban a $4.000 o tres paquetes de cigarrillos, los cuales luego eran revendidos.
Para permanecer en el sector y evitar el traslado a pabellones comunes, los internos debían pagar una cuota mensual de dos paquetes de cigarrillos. Mientras que el acceso al gimnasio requería el pago adicional de tres paquetes mensuales y para utilizar el salón de usos múltiples las familias entregaban dinero, alimentos o productos de limpieza, según la denuncia.
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Entre las irregularidades denunciadas en el pabellón también figura el uso de teléfonos y routers para montar un supuesto “call center” dedicado a estafas electrónicas. Aparentemente, algunos internos ofrecían acceso a la red wifi a cambio de sumas mensuales en efectivo, lo que facilitaba la realización de maniobras de fraude digital desde el interior del penal.
El caso, que abrió un fuerte interrogante sobre los controles y el funcionamiento interno del sistema penitenciario bonaerense, continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas.
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En febrero de este año, otro caso en la misma unidad penitenciaria de La Plata despertó polémica por las condiciones de detención de un interno señalado como líder de una banda delictiva. Se trató de Hugo Isaias Castillo San Martín, conocido como “Huguito”, acusado de liderar “La Banda del Millón”, una organización vinculada a robos violentos en la zona norte del conurbano bonaerense.
Un video difundido entonces mostró el interior de la celda de Castillo San Martín: un televisor inteligente, parlante, luces LED y marihuana, que evidenciaban comodidades y objetos de acceso restringido para cualquier detenido. Las imágenes circularon en redes sociales y generaron cuestionamientos sobre los controles dentro del penal.
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La celda de uno de los líderes de la Banda del Millón
Según la investigación, Castillo San Martín había continuado coordinando delitos desde el interior de la cárcel, utilizando redes sociales para mantener contacto con su banda. El joven de 20 años permanecía detenido desde noviembre de 2025, tras ser capturado luego de un tiempo prófugo.
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