
A pocos días de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hiciera público su avance contra la evasión en el sector farmacéutico, la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una nueva denuncia penal contra la empresa ALFARMA SRL, vinculada al empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, la firma relacionada con el caso del fentanilo contaminado, que ya provocó decenas de muertes.
Según documentos oficiales aportados por la DGI, la acusación apunta a una presunta evasión agravada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que, entre 2021 y 2022, superaría los 112 millones de pesos, marcando uno de los mayores montos detectados por el organismo en el período reciente.
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La denuncia fue radicada formalmente ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico, en una causa que apunta no solo a la empresa sino a sus socios y responsables, en particular a Carlos Antonio Tita, Oscar Alberto Ruffinengo, Ariel García Furfaro y Damián Roberto García. Según ARCA, la maniobra se sostendría en el uso de facturas apócrifas emitidas por proveedores identificados como contribuyentes “fantasma”, y en la utilización de créditos fiscales que, de acuerdo a la normativa vigente, resultan injustificados. Esta operación se habría complementado, además, con la omisión sistemática del prorrateo del IVA, mecanismo obligatorio para ciertas actividades, generando declaraciones juradas alejadas de la realidad fiscal.
Durante la fiscalización, los inspectores detectaron que ALFARMA SRL computó como crédito fiscal operaciones utilizando documentación carente de sustento genuino. De acuerdo al Régimen Penal Tributario, la suma en discusión —que asciende a $112.774.108,22— convierte la imputación en evasión agravada, con penas significativamente mayores que las previstas para infracciones de menor escala.
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La denuncia contra ALFARMA SRL se produce a días de que ARCA confirmara la presentación judicial contra otra firma núcleo del mismo grupo societario: HLB PHARMA GROUP S.A., también bajo la titularidad de Ariel García Furfaro. En ese expediente, la presunta evasión de IVA por pagos omitidos durante 2019 y 2020 superaría los siete millones de pesos. Este entramado empresarial ha estado bajo la lupa por su conexión con la fabricación y la distribución de medicamentos, en medio del escándalo nacional desatado por la circulación ilegal de fentanilo.

Las causas involucran, presuntamente, a los mismos responsables, lo que para las autoridades fiscales podría indicar una modalidad persistente de elusión impositiva dentro de la estructura corporativa. “Detectar operaciones con proveedores que ya estaban en la base de contribuyentes apócrifos es un indicio clave,” destacaron voceros de ARCA al ser consultados sobre el caso. El seguimiento de la documentación presentada por el grupo ha permitido a la agencia conectar maniobras similares en distintos ejercicios fiscales, publicaron fuentes cercanas a la investigación.
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El futuro procesal de ALFARMA SRL y sus directivos depende ahora de la etapa de instrucción en la que se encuentra la causa. Según la Ley 27.430, la franja punitiva prevista para la evasión agravada mediante el uso de documentación falsa puede ir de tres años y medio a nueve años de prisión.
La semana pasada, la DGI había denunciado penalmente la empresa HLB Pharma Group S.A., dedicada a la fabricación de medicamentos, por el presunto delito de evasión tributaria agravada en perjuicio del Estado nacional.
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El expediente describe que, durante distintos trabajos de fiscalización, ARCA detectó que HLB Pharma Group S.A. computó créditos fiscales basados en facturas de proveedores apócrifos, es decir, empresas sin capacidad operativa, económica ni financiera. Estas maniobras, según la denuncia, se habrían realizado durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020 y tenían como objetivo disminuir fraudulentamente la carga impositiva correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
A raíz de estas operaciones, ARCA determinó que la firma eludió el pago del IVA por una suma de $7.222.659,86, discriminados en $3.183.096,12 para el año fiscal 2019 y $4.039.563,74 en 2020. El expediente señala, además, que la propia empresa reconoció el mecanismo fiscal al manifestar que “los comprobantes de compras ajustados [...] fueron incorporados a los efectos de disminuir la carga impositiva”.
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La causa por el fentanilo
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la semana pasada el allanamiento de 22 domicilios ligados a personas vinculadas a HLB Pharma Group S.A. y su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo. La producción de varios lotes de fentanilo de uso clínico producidos y distribuidos por esas firmas estarían vinculados al fallecimiento de al menos 53 pacientes internados en clínicas y hospitales, pero el número puede ser mayor.

Los allanamientos fueron derivados de los análisis que los investigadores realizaron sobre los 267 expedientes que se abrieron sobre los dos laboratorios. De ese total, 117 son específicamente por “desvío de calidad” en la producción de medicamentos e insumos médicos que dieron lugar a 133 “alertas” de distinto tenor y gravedad.
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La medida se produce en momentos en que el magistrado decide la calificación de los posibles delitos y los presuntos responsables, como directores técnicos y autoridades de las firmas.
Los laboratorios HLB Pharma y Ramallo a habían sido allanados en dos oportunidades. También una droguería que responde a la misma sociedad y otras que vendieron la partida contaminada con dos bacterias de “FENTANILO HLB / CITRATO DE FENTANILO, concentración 0,05 mg/ml, en la forma farmacéutica solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml”.
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