
El presidente Bernardo Arévalo recibió este lunes a las expertas ONU Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė, en el inicio de la primera misión oficial del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos en Guatemala, una visita de dos semanas que revisará políticas públicas y prácticas corporativas antes de emitir observaciones que formarán parte del seguimiento internacional con conclusiones previstas para 2027.
La misión estará en el país del 18 al 28 de agosto y recorrerá la ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa. El itinerario incluye reuniones con ministerios, autoridades locales, organizaciones sociales, comunidades, pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, sindicatos, académicos y representantes de empresas y asociaciones industriales.
PUBLICIDAD
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el objetivo es examinar cómo actúan el Gobierno de Guatemala y el sector privado frente a sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos.
La visita pondrá el foco en la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, el marco adoptado por unanimidad en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Durante el encuentro inaugural, Arévalo reafirmó la disposición de su gobierno para colaborar con los procedimientos especiales de Naciones Unidas y destacó los esfuerzos institucionales emprendidos en derechos humanos.
PUBLICIDAD
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que el mandatario también remarcó la importancia de la visita para evaluar el cumplimiento de esos principios.

La misión revisará derechos laborales, reparación y acceso a la justicia
La agenda de trabajo abarcará todos los sectores sociales y se concentrará en temas como el respeto de los derechos laborales, los mecanismos de reparación y el derecho a la justicia.
La llegada de las expertas abre un proceso de revisión que alcanzará tanto decisiones estatales como conductas empresariales en territorios donde operan compañías y se producen conflictos vinculados con derechos.
En declaraciones a medios de comunicación, una de las integrantes del grupo explicó el alcance inmediato de la visita: “Somos expertas independientes. Venimos en una visita oficial a Guatemala que va a durar dos semanas y esta es la primera reunión inaugural con el señor presidente, que nos recibió muy amablemente.
PUBLICIDAD
Ahora empezaremos una serie de reuniones con todos los actores: público, privado y social para documentar la situación de derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial”.
La experta añadió que el grupo presentará sus observaciones al cierre de la misión. “Les invitamos a todos y todas con mucho gusto el viernes 28 de agosto a las 12:00 en el Wyndham Garden, aquí en Ciudad de Guatemala, para la conferencia de prensa, donde compartiremos nuestras observaciones finales”, señaló.
Ante preguntas sobre la reunión con Arévalo y los temas abordados, la integrante del grupo evitó adelantar conclusiones. “Todo esto lo vamos a comentar al final. Nosotros tenemos también nuestros protocolos de actuación en este tipo de visitas. Entonces, simplemente decirles que nos abrieron las puertas para venir a Guatemala y observar la situación y poder dar recomendaciones que ojalá sean útiles para el país”, dijo.
PUBLICIDAD
Los Principios Rectores fijan el marco global para gobiernos y empresas
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos fueron adoptados en 2011 y establecen la referencia internacional para que los Estados y las compañías prevengan, mitiguen y reparen impactos negativos derivados de la actividad empresarial. De acuerdo con la ACNUDH, ese instrumento busca aclarar qué se espera de la conducta estatal y corporativa en esta materia.
El Grupo de Trabajo fue creado por el Consejo de Derechos Humanos ese mismo año. Actualmente está integrado por Robert McCorquodale, presidente; Fernanda Hopenhaym, vicepresidenta; Damilola Olawuyi, Pichamon Yeophantong y Lyra Jakulevičienė.
La visita que comenzó con la reunión en la sede presidencial es la primera misión oficial de este mecanismo en Guatemala. Su agenda contempla la recopilación de información de actores públicos, privados y sociales para documentar la situación de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial y traducir ese diagnóstico en recomendaciones para el país.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
El Instituto Nacional de Bosques (INAB) solicita USD 20,8 millones para ampliar los incentivos forestales y su capacidad operativa nacional
La entidad presentó ante el Congreso su propuesta para 2027, que prevé reforzar oficinas territoriales, brigadas contra incendios y plagas, viveros, parques nacionales y acciones ante los efectos de El Niño

Las autoridades guatemaltecas confirman la participación de al menos dos atacantes en el asesinato del exfiscal Solórzano Foppa
El hecho ocurrió mientras Juan Francisco Solórzano Foppa dirigía un partido en una cancha del Campo Marte, donde también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, considerado por los investigadores una víctima colateral
Quién era Juan Francisco Solórzano Foppa, el exfiscal que ayudó a destapar el caso La Línea y murió en un ataque armado en Guatemala
Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y antiguo jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), murió a los 43 años durante un ataque armado en Campo Marte, en la zona 5 de Ciudad de Guatemala.

Guatemala: La Policía Nacional Civil captura a dos hermanos por el asesinato de Solórzano Foppa en Campo Marte diez minutos después del ataque
Los sospechosos fueron interceptados en el bulevar San Isidro, zona 16, con una carabina, municiones, un chaleco táctico y una motocicleta, y quedaron a disposición del juzgado correspondiente para definir su situación procesal

Organización de Familiares Desaparecidos en Guatemala presenta una denuncia por 37 crímenes de guerra contra artistas
La organización entregó al Ministerio Público más de 700 pruebas y 2.000 folios para que determine la responsabilidad estatal en la vigilancia, persecución y criminalización de integrantes de la comunidad cultural


