Panamá auditará a Naturgy y Cable & Wireless en medio del debate por el costo y calidad de los servicios públicos

La Contraloría General de la República prepara una auditoría forense a Cable & Wireless Panamá y reabrirá una investigación relacionada con Naturgy, dos compañías en las que el Estado mantiene una participación accionaria relevante.

El anuncio fue realizado por el contralor Anel Flores durante una entrevista con TVN Noticias, en la que cuestionó los beneficios que recibe Panamá de estas sociedades y adelantó una revisión de sus operaciones.

Flores reservó algunos de sus cuestionamientos más fuertes para Naturgy, luego de que la empresa entregara recientemente $9.87 millones al Estado en concepto de dividendos correspondientes a las utilidades de la vigencia fiscal 2023.

El contralor contrapuso esa cantidad con los ingresos que atribuyó a la compañía y aseguró que la revisión buscará determinar si la relación entre los resultados de la empresa y los beneficios del Estado resulta adecuada.

“Nos entregaron $9.8 millones en ventas de $1,000 millones, con un servicio pésimo, que todo el mundo se queja de ello”, sostuvo Flores durante el noticiero. El funcionario agregó que Panamá tiene “luz cara” y cuestionó que los dividendos recibidos por el Estado sean bajos frente al volumen de negocios que, según afirmó, maneja la compañía.

Flores también puso atención sobre el endeudamiento. Según explicó, cuando la compañía llegó a Panamá mantenía una deuda cercana a $90 millones y actualmente esa obligación superaría los $1,000 millones.

El contralor cuestionó que ese crecimiento pueda justificarse con inversiones realizadas en el país y aseguró que la Contraloría buscará establecer qué ocurrió con esos recursos y cuál ha sido su impacto sobre las operaciones.

Naturgy opera en Panamá mediante EDEMET y EDECHI, distribuidoras que atienden a más de 750,000 clientes en Panamá Centro, Panamá Oeste, provincias centrales, Chiriquí y Bocas del Toro. La compañía llegó al mercado panameño en 1998, después de la privatización del antiguo IRHE, y obtuvo el 51% de las acciones de ambas empresas distribuidoras.

El momento de la revisión resulta especialmente relevante porque los actuales contratos de las tres distribuidoras eléctricas del país vencen en octubre de 2028.

La concesión vigente comenzó en 2013 por un período de 15 años y alcanza a EDEMET y EDECHI, controladas por Naturgy, y ENSA. La ASEP ya inició los trabajos técnicos y legales previos al proceso que deberá definir la siguiente etapa del negocio de distribución.

El esquema no supone simplemente renovar automáticamente a los actuales operadores. La legislación establece un proceso para la venta del paquete mayoritario de acciones antes de que concluya el período vigente, mientras el Estado conserva participaciones cercanas al 48% en las distribuidoras.

En EDEMET posee 48.24% y en EDECHI 47.86%, por lo que los resultados económicos de estas compañías tienen una incidencia directa sobre las finanzas públicas.

La electricidad se mantiene además como uno de los servicios que más presión ejerce sobre los presupuestos familiares, particularmente cuando se producen ajustes tarifarios.

En paralelo, los aumentos en telecomunicaciones generaron suficiente preocupación para que la ASEP solicitara en marzo a la Acodeco investigar los incrementos recurrentes aplicados a internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión pagada.

Precisamente Cable & Wireless será objeto de una auditoría de carácter forense, un procedimiento más profundo que una revisión ordinaria de cumplimiento. Flores aseguró que la institución ha observado situaciones que “no son del mejor agrado” ni estarían al servicio del país, aunque será el proceso auditor el que deberá establecer documentalmente si existieron irregularidades y determinar su naturaleza.

Uno de los puntos mencionados por Flores fue la presencia de Julio Spiegel, cuñado del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, dentro de la administración de Cable & Wireless durante el gobierno anterior. Spiegel fue presidente ejecutivo y gerente general de la compañía y posteriormente presidió su junta directiva.

El contralor señaló que la auditoría examinará la situación ante sus cuestionamientos sobre un eventual conflicto de interés.

La relación de Cable & Wireless con el Estado se remonta a la privatización del antiguo Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) en 1997. La compañía británica adquirió entonces 49% de las acciones por $652 millones, mientras Panamá conservó otro 49% y el 2% restante quedó para trabajadores. El modelo convirtió a la telefónica en una sociedad de capital mixto con participación directa del Gobierno.

Sus concesiones fueron posteriormente renovadas. En telefonía móvil, Cable & Wireless obtuvo una extensión de 20 años que comenzó el 24 de octubre de 2017 y se mantiene hasta 2037, mientras otros servicios de telecomunicaciones recibieron igualmente renovaciones por períodos prolongados.

El acuerdo para la operación móvil contempló un pago aproximado de $100 millones al Gobierno por la renovación del derecho de concesión.

Las tarifas de telecomunicaciones han vuelto al centro del debate durante 2026. La ASEP reconoció en julio la preocupación generada por los incrementos aplicados por las empresas, pero aclaró que la legislación permite a los operadores establecer libremente los precios de sus planes.

El regulador verifica el procedimiento previo a los ajustes, pero no tiene facultades legales para fijar o aprobar las tarifas cobradas a los consumidores.

Los registros de atención al usuario muestran también el peso de Cable & Wireless dentro de las consultas del sector. Durante 2025, 4,520 usuarios acudieron a la ASEP por asuntos relacionados con telecomunicaciones, y 45% de las atenciones clasificadas por prestador correspondieron a Cable & Wireless Panamá.

Las cifras incluyen consultas, quejas, orientaciones, reclamos y notificaciones, por lo que no deben interpretarse exclusivamente como denuncias contra la compañía.

El anuncio sobre las dos empresas surgió mientras Flores explicaba otra auditoría, esta vez relacionada con la adquisición de computadoras portátiles por parte del Ministerio de Educación (Meduca).

La Contraloría informó que revisará el proceso de contratación, las condiciones de pago, las modificaciones posteriores y las especificaciones técnicas de los equipos, después de los cuestionamientos que rodearon la compra y la salida de Lucy Molinar del ministerio.

Flores indicó que los auditores ya examinan el pliego de cargos, la compra y el refrendo otorgado meses atrás, además de una adenda que permanece en la Contraloría y que anticipó podría ser devuelta sin refrendo.

El funcionario calcula que la auditoría podría estar terminada en aproximadamente mes y medio, tras lo cual se determinará si existen elementos que requieran otras actuaciones.

Las revisiones colocan nuevamente bajo escrutinio el funcionamiento de empresas que prestan servicios esenciales y mantienen vínculos accionarios o contractuales con el Estado panameño. En el caso eléctrico, el vencimiento de 2028 agrega presión al debate; en telecomunicaciones, los recientes aumentos han elevado el malestar.

La Contraloría tendrá ahora que convertir los fuertes cuestionamientos de Flores en hallazgos sustentados por las auditorías.