La comisión de postulación aprueba el perfil del contralor general para el período 2026-2030 y prohíbe afiliación política

La Comisión de Postulación que definirá la nómina de aspirantes a contralor general de cuentas de Guatemala para el período 2026-2030 aprobó este martes 18 de agosto, por unanimidad, el perfil completo del cargo.

El documento servirá de base para la convocatoria del 20 de agosto y para la recepción de expedientes prevista del 21 al 25.

La votación final del perfil cerró con 27 votos a favor, el mismo número de comisionados que integran el órgano. Según el cronograma ya aprobado, el 21 de agosto también se elaborará la tabla de gradación y se definirán las pruebas psicométricas que formarán parte del proceso.

La reunión fue presidida por el rector de la Universidad Rafael Landívar, Miquel Cortés Bofil, quien condujo una jornada de revisión artículo por artículo, con múltiples votaciones intermedias antes de validar el texto completo.

Al cierre de la sesión, instruyó a la secretaria, la decana Milvia Elías, a imprimir el documento para firma inmediata y publicarlo en la página web de la comisión.

Requisitos de experiencia, honorabilidad e independencia

El primer bloque confirmó la redacción constitucional sobre experiencia: los postulantes deberán “haber ejercido su profesión por lo menos diez años”.

El comisionado Wilberto Julián Rojas propuso que esa trayectoria también pueda acreditarse con contratos, ante casos en que las entidades donde trabajó un aspirante ya no existan, y la observación quedó para incorporarse en los requisitos de la convocatoria.

La comisión también aprobó que el requisito de honorabilidad quede formulado como “ser de reconocida honorabilidad y prestigio profesional”, con la adición de esa última expresión a propuesta de Rojas. Ese punto se aprobó con 27 votos y sin abstenciones.

Uno de los debates más largos se concentró en la vigencia de los documentos. La comisionada Reina Elizabeth planteó incluir una cláusula general para evitar repetir una fecha específica en cada requisito, y el pleno avaló por unanimidad que todas las constancias y certificaciones deberán estar vigentes al momento de presentar el expediente, sin atarlas a una fecha rígida de agosto de 2026.

En esa misma revisión, la comisión corrigió la denominación de los antecedentes policiales conforme aparece en la página oficial de la Policía Nacional Civil, y separó la solvencia fiscal emitida por la Superintendencia de Administración Tributaria del Registro Tributario Unificado, que pasó a exigirse como documento independiente con el número de colegiado activo.

El apartado de independencia y objetividad incorporó, a propuesta del decano Gerson Tobar, la constancia de no estar afiliado a ningún partido político emitida por el Tribunal Supremo Electoral. El comisionado Juan Alexander Sac Oroxom indicó que ese documento puede obtenerse en dos o tres minutos.

El mismo bloque añadió un acta notarial con declaración jurada de no haber representado ni asesorado a personas vinculadas con corrupción, crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, fraude o delitos contra la administración pública. Por propuesta de Rojas, también se incluyó la referencia a contratistas del Estado dentro de los actores frente a los cuales el aspirante debe demostrar independencia.

Nueve constancias para acreditar la alta autoridad moral

La sección más extensa del día fue la de alta autoridad moral. Allí se aprobaron por unanimidad nueve constancias, entre ellas la carencia de antecedentes penales del Organismo Judicial, la carencia de antecedentes policiales, la solvencia fiscal, la constancia del tribunal de honor del colegio profesional, la certificación del Registro Nacional de Agresores Sexuales y la constancia de carencia de responsabilidad por violación a derechos humanos emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos.

También quedaron incluidas cartas de recomendación de instituciones académicas, gremiales u organismos internacionales, con una cláusula para que la comisión pueda considerar impedimentos legítimamente aceptados. Ese bloque cerró con 25 votos a favor y dos en contra.

El debate surgió cuando Rojas advirtió que una constancia de antecedentes penales limpia no necesariamente descarta condenas pasadas, porque existe un procedimiento legal para depurar esos registros. “¿Realmente queremos admitir perfiles que hayan sido condenados por robo, por hurto, por prevaricato, por narcotráfico? ¿Ese es el perfil que estamos buscando?”, planteó ante el pleno.

Acreditación de experiencia, docencia y publicaciones

En el apartado profesional, la comisión aprobó que el ejercicio de la profesión pueda acreditarse mediante contratos o constancias emitidas por las entidades para las que laboró el aspirante, con indicación del tiempo y el cargo desempeñado. La fórmula final “y/o cargo desempeñado” fue avalada con 24 votos a favor y tres en contra.

Para acreditar docencia universitaria se aceptarán certificaciones, copia de contratos o constancias con los períodos y cursos impartidos, cuando corresponda. La propuesta de admitir solo copia legalizada de contratos fue rechazada: tres comisionados la apoyaron y 24 se inclinaron por aceptar copia simple.