El gobernador de Chubut denunciará a un juez por ordenar la cobertura de una cirugía estética de feminización

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que presentará una denuncia contra el juez Santiago Martín Huaiquil por haber ordenado a la obra social provincial Seros cubrir una cirugía estética de feminización integral. La intervención, que abarca múltiples procedimientos estéticos, generó controversia debido a que su costo supera el de algunos tratamientos oncológicos.

En un mensaje en redes sociales, Torres calificó al magistrado de “demagogo, irresponsable e ignorante”. El gobernador sostuvo que este fallo pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud provincial. Según su declaración, la cirugía ordenada implica un gasto significativo que excede ampliamente los costos de los tratamientos oncológicos más caros que enfrenta la provincia. Por lo tanto, subrayó que su administración no permitirá que un “juez ideologizado y populista” cause el colapso de la obra social.

Torres también recordó que, al asumir su mandato, la obra social de la provincia presentaba un déficit de más de 6.000 millones de pesos y que fue necesario un arduo trabajo para sanear sus finanzas. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica”, agregó, al alertar sobre el riesgo que representa este tipo de decisiones para los ciudadanos de Chubut.

El fallo del juez Huaiquil obliga a Seros a cubrir diversos procedimientos estéticos, entre los que se incluyen feminización facial, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas, cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula y transferencia de grasa facial, además de la cobertura sanatorial y los honorarios médicos. Torres puntualizó que estas intervenciones, orientadas a modificar la apariencia de género, no corresponden a una cobertura obligatoria por parte de la obra social provincial.

El gobernador también anunció que el Estado provincial revisará otros amparos judiciales y fallos que ordenen a Seros cubrir prestaciones que, según su criterio, no deben ser asumidas por el sistema de salud. “Cada vez que nos encontremos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, vamos a dar todas las peleas necesarias”, concluyó Torres.

Semanas antes, el gobernador también había anunciado la denuncia penal contra prestadores de la obra social provincial SEROS por falsificaciones de recetas, firmas y estudios médicos con el objetivo de obtener beneficios económicos.

La causa se caratuló como defraudación a la administración pública, falsificación de instrumento y, eventualmente, asociación ilícita. El perjuicio económico exacto para la obra social será determinado a medida que avance la investigación judicial.

“Tomamos la decisión de intervenir el instituto y normalizarlo. Se hizo una auditoría cuando notamos que se habían disparado algunas prestaciones y decidimos ir a fondo. Agradezco a los trabajadores y al personal del instituto”, expresó Torres. En ese marco, destacó que el proceso de control y depuración permitió un ahorro fiscal de más de 1.000 millones de pesos en esta primera instancia.

Según el informe elaborado por el área de Auditoría Médica del ISSyS, el caso que refiere a una profesional del rubro de la Psiquiatría, expuso que en el lapso de tiempo entre noviembre y diciembre del año 2024, la médica cometió diversos hechos que resultan encuadrar en conductas penadas por el código penal sustantivo. En su calidad de profesional de la salud, y prestadora de servicios del Instituto, realizó facturaciones psiquiátricas en nombre de afiliados que no habrían recibido atención médica de su parte, ni se habrían entrevistado con ella en ninguna ocasión.

Por otro lado, de la auditoria médica realizada surge que la profesional prescribió, en diversas oportunidades, recetas para medicamentos psiquiátricos en nombre de afiliados que no necesitaban de los mismos.

Dichas recetas habrían sido utilizadas para retirar medicamentos de diversas farmacias de manera mensual por la denunciada, generando un impacto económico aproximado, a partir de dicha maniobra fraudulenta, que asciende a $1 millón en perjuicio de los afiliados del Instituto.