El gobierno de Río Negro desalojó a una comunidad mapuche de un predio que fue usurpado en 2021

El gobierno de Río Negro desalojó hoy un predio forestal ubicado entre Bariloche y El Bolsón que en 2021 fue usurpado por una comunidad autoproclamada mapuche. El grupo ingresó al lugar en el marco de una supuesta recuperación de tierras ancestrales.

El fin de semana que pasó expiró el plazo para que los integrantes de la Lof Quemquemtreu abandonen el predio de forma voluntaria; por eso, la Policía de Río Negro irrumpió este jueves en el terreno y concretó la orden judicial de desalojo.

Fuentes del gobierno rionegrino confirmaron que el operativo comenzó a las 7 de la mañana con el ingreso de los efectivos al lugar, aunque los usurpadores ya se habían retirado.

Una situación similar ocurrió el 9 de enero pasado en el Parque Nacional Los Alerces, donde la comunidad Lof Paillako abandonó la usurpación antes del arribo de las fuerzas de seguridad.

En los últimos días, la policía que depende del Ejecutivo rionegrino incrementó su presencia en la zona, con personal uniformado y efectivos de la división de choque denominada COER. El despliegue comenzó días atrás con el arribo del personal e incluso de los funcionarios de la cartera de Seguridad, que viajaron desde Viedma, la capital de la provincia.

Para evitar el desalojo, las comunidades elevaron una medida cautelar de no innovar.

El campo que será restituido al empresario forestal está ubicado en la ruta provincial 6, a pocos kilómetros del cruce con la 40, entre Bariloche y El Bolsón. El 18 de septiembre de 2021, el grupo ingresó de forma intempestiva a dos lotes pertenecientes a la misma explotación forestal y se adjudicó el avance como una supuesta recuperación de tierras ancestrales.

El empresario Rolando Rocco tiene, desde 1981, la explotación forestal del campo. A partir del avance de los usurpadores, se constituyó como querellante para recuperar la posesión de las tierras y seguir adelante con esa actividad comercial.

Tres integrantes del Lof Quemquemtreu fueron condenados a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso. Se trata de Romina Jones, Lautaro Cárdenas y Alejandro Morales Godoy, a quienes la Justicia los encontró responsables de la irrupción en los lotes pastoriles, mientras que a otros tres los sobreseyó de los cargos.

En ese mismo sitio se produjo la muerte de Elías Garay, otro integrante de la Lof Quemquemtreu, hecho por el que fueron condenados dos socios comerciales de Rocco quienes permanecen en prisión.

En el fallo, la Justicia confirmó que “los mapuches despojaron de la posesión pacífica que la víctima, Rolando Rocco, detentaba desde 1981. Invadieron el predio y le impidieron concretar las actividades forestales y ganaderas que realizaba hasta ese momento”. La magistrada ordenó la restitución de las tierras al empresario.

La lof Quemquemtreu mantuvo lazos cercanos con la conflictiva comunidad Lafken Winkul Mapu, que en octubre de 2022 fue desalojada de Villa Mascardi. Incluso en Cuesta del Ternero se habría refugiado el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, durante los casi 12 meses que estuvo prófugo de la Justicia chilena, antes de ser recapturado.

Así lo mencionaron camaristas federales quienes, en un fallo por los daños que mapuches provocaron en la sede del Juzgado Federal de Bariloche, ordenaron a las fuerzas federales inspeccionar el predio de la Lof Quemquemtreu para poder detener a los prófugos.

Los intrusos derribaron especies arbóreas y construyeron tinglados en el campo, donde además instalaron pancartas con el nombre de la agrupación e hicieron mención a la muerte de Rafael Nahuel, asesinado en noviembre de 2017 durante el desalojo de los predios de Villa Mascardi.

A principios de 2022, Rocco y los mapuches -con la intervención de la Justicia mediante- pactaron una tregua y ambos convivieron en el mismo campo. Rocco siguió explotando el campo y los mapuches construyeron allí viviendas precarias y se instalaron en un predio de 10 hectáreas.

Voceros de la comunidad solicitaron entonces una mesa de diálogo para intentar dirimir el caso de manera extrajudicial. Plantearon al gobierno de Río Negro retomar la instancia de diálogo e intentar arribar a un nuevo acuerdo similar al anterior, que les garantice la permanencia en el sitio.

Los mapuches, además, reafirmaron su intención de seguir adelante con la “recuperación ancestral”. “Apelamos a que el gobierno interceda para generar una solución del conflicto que sea pacífica y política, no represiva” dijeron desde la comunidad, aunque no lo consiguieron.

Los usurpadores no fueron pacíficos como lo intentaron demostrar durante el juicio, sino que actuaron de forma hostil tanto con el fiscal Francisco Arrien como también con efectivos de la Policía de Río Negro.

Durante la instancia de los alegatos, el Ministerio Público consideró probado “que los imputados participaron de manera activa de este hecho junto a otras personas que no han sido identificadas aún. Estas personas, traídas a juicio, sabían cual era la intencionalidad” y ellos mismos “confirmaron la fecha del hecho”.

La fiscal Jefa Betiana Cendón -durante su exposición- explicó que los intrusos ingresaron al predio ocultando sus rostros, encapuchados y se negaron a ser identificados, es decir “en la clandestinidad”.

Acerca de Rocco, el Ministerio Público acreditó que era legítimo poseedor de las tierras, a partir de testimonios recabados durante la etapa de instrucción. “El lugar fue invadido, la comunidad ha usurpado”, sentenció la fiscal.

La funcionaria judicial agregó que se pudo ver en los videos exhibidos a lo largo del debate el corte de árboles, la obstaculización del ingreso imposibilitando la posesión de Rocco hasta el día de hoy y señaló que existe un trámite ante el Estado rionegrino, única autoridad concedente, “que se encuentra paralizado por una ocupación”.