La Justicia Federal respaldó la intervención en la obra social de los trabajadores rurales

La sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó la medida cautelar que había interpuesto el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Antonio Voytenco, y ratificó la intervención en OSPRERA, la obra social de ese sindicato.

José Antonio Voytenco había pedido que se suspenda el decreto 1054/2024 que designó como interventor a Marcelo Petroni y además pretendía la reposición de las autoridades desplazadas y la revocación de resoluciones previas de la Superintendencia de Servicios de Salud. El tribunal, al compartir en el expediente Nº 52107/2024 el dictamen del Sr. Fiscal General Interino, resolvió rechazar la medida cautelar, ratificando así el proceso de intervención sin expedirse aún sobre el fondo del asunto.

Además, a pedido del juez Sebastián Casanello, hoy el fiscal Marijuan allanó la sede de Osprera ubicada en Reconquista 630. Sucede que mañana vence el plazo de intervención -el interventor responder a “Lule” Menem- que había solicitado el juez en la causa.

Ayer, la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó la medida cautelar que había interpuesto el secretario general, José Antonio Voytenco.

La intervención de la obra social se produjo el 29 de agosto de 2024 debido a la fuerte crisis financiera que atraviesa el ente que pertenece a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Se trata de la segunda prestadora de servicios de salud más importante del país, con cerca de 760 mil afiliados, detrás de la de Empleados de Comercio y delante de UPCN, el gremio de estatales nacionales.

De acuerdo a fuentes de la intervención, “este fallo representa un fuerte respaldo institucional a la labor que viene desarrollando la intervención para recuperar y transparentar la gestión de OSPRERA, afectada por graves irregularidades y una deuda que supera los $97.889 millones, originada en la gestión de Voytenco”. Y agrega que “asimismo, la sentencia marca un revés para aquellos sectores que intentan obstaculizar la normalización de la obra social, como el encabezado por el mencionado dirigente sindical”.También reafirma “su compromiso con la transparencia, la legalidad y la reconstrucción de OSPRERA, trabajando incansablemente para garantizar prestaciones de salud de calidad a sus afiliados”.

El Poder Ejecutivo delegó en el Ministerio de Salud la intervención por el término de 180 días de la obra social, con la posibilidad de prorrogar el plazo en caso de ser necesario. La interventora al comienzo fue la doctora Virginia Montero quien luego renunció y en noviembre fue reemplazada por Petroni.

El 2 de febrero una consultora entregó los resultados de la primera auditoría a OSPRERA en la que detectó multimillonarios fondos mal administrados, sin controles adecuados, sospechas de fraude y diversas irregularidades, que derivaron en una deuda de casi 100.000 millones de pesos y un déficit mensual de 4.200 millones de pesos.

Entre otras situaciones, los funcionarios advirtieron que entre 2022 y 2023 los beneficiarios de la cuestionada obra social realizaron 16.410 reclamos por, entre otros temas, falta de entrega de medicamentos -entre otros oncológicos- y prótesis; negación de cirugías y otras prestaciones médicas como acompañamiento terapéutico y asistencia a afiliados con discapacidad.

El superintendente Gabriel Oriolo y el gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, también advirtieron que la anterior gestión del organismo, a cargo de Daniel López, le otorgó a la obra social de la UATRE $3.350 millones, unos 9,5 millones de dólares al cambio de esa fecha, en concepto de “ayuda financiera”. Fue otorgada el 4 de octubre de 2023.

Según las autoridades de La Libertad Avanza, dos meses después, el viernes 7 de diciembre, último día hábil del entonces gobierno de Alberto Fernández, las autoridades salientes “aprobaron la rendición de cuentas” pero las facturas y planillas de gastos o pagos que los acreditan no se encuentran en los archivos de la SSS.

¿Qué reveló además la auditoría? Que, “en promedio, el déficit mensual al 31/10/2024 se encuentra en aproximadamente $4.200 millones, lo que representa un incremento exponencial de las deudas al no tener una caja que permita una reducción del pasivo”. Por eso, se advierte, “el índice de liquidez arroja cifras alarmantes sobre la solvencia financiera de OSPRERA”.