El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tiene en su oficina un contador con los días que le quedan de las facultades delegadas que le dio la Ley Bases y que tiene pensado aprovechar hasta último momento.
Mientras el tiempo corría, el funcionario pensó en una forma rápida de achicar el Estado y fue entonces que le propuso al presidente Javier Milei sacar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para eliminar de una sola vez decenas de organismos que consideró que no debían existir o cumplían tareas que ya realizaban otras entidades.
Mediante ese mismo documento, además, se dejarán sin efecto un conjunto de normas y procedimientos burocráticos que datan de distintos años.
El mandatario nacional, que le encomendó a su Gabinete no frenar con “la motosierra” y continuar reduciendo la estructura pública durante el 2025, aceptó inmediatamente la propuesta.
En la actualidad, hay un total de 40 organismos desconcentrados, entre agencias, comisiones e incluso las Fuerzas Armadas y de Seguridad; otros 71 descentralizados, como institutos y administraciones, y 63 entes del sector público nacional, entre los que están empresas como Aerolíneas Argentinas, AySA, Acumar, el Banco Nación y el Correo.
Las autoridades nacionales analizaron todo el organigrama y entendieron que varias de esas dependencias cumplían funciones similares o vinculadas entre sí, por lo que se decidió fusionarlas, o se ocupaban de cuestiones que la actual administración consideró innecesarias, por los que se van a eliminar.
En total, son cerca de 50 áreas las que van a desaparecer o reconfigurarse a partir del DNU que ya se está redactando y que el propio Milei firmaría en los próximos días.
“Los vamos a cerrar, los vamos a transformar, o los vamos a fusionar. Después tenemos otro tema importantísimo: Argentina tiene 27.000 leyes vigentes, 70.000 decretos y 200.000 resoluciones, circulares y demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar, así como el método de Elon Musk, le vamos a pedir a cada dependencia que haga una suerte de digesto de las cosas que está usando. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que tenés lo que se está usando, todo lo demás lo eliminás”, anticipó el Presidente en una entrevista televisiva con el periodista Esteban Trebuq.
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El Gobierno buscará que su publicación en el Boletín Oficial tenga un impacto similar al que tuvo el Decreto 70 que el Presidente suscribió en diciembre del 2023, poco tiempo después de haber asumido al frente de la Casa Rosada, y que desregularizó varios aspectos de la economía.
La medida afectará tanto a la estructura de la Presidencia de la Nación, como a la Jefatura de Gabinete y a prácticamente todos los Ministerios, ya que, si bien son organismos desconcentrados o descentralizados, responden a distintas carteras.
De Guillermo Francos, por ejemplo, dependen el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTI); el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP); la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD), entre otros.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, cuenta con la Biblioteca Nacional Dr. Mariano Moreno (BNMM);el Instituto Nacional J.D. Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); el Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT UNC); la Radio de la Universidad Nacional del Litoral LT10 UNL y la plataforma Educ.ar S.E.
En tanto, el Ministerio de Defensa, que conduce Luis Petri, tiene el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA); Tandanor S.A.C.I.Y.N.; la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín S.A. (FADEA); la Construcción de Viviendas para la Armada (COVIARA); la Corporación Interestadual Pulmarí y Fabricaciones Militares S.A.U., por nombrar algunas.
El Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo es respondable de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN); el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE); el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS); el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y los institutos de la Propiedad Industrial (INPI), de Tecnología Industrial (INTI), de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), de Semillas (INASE), de Tecnología Agropecuaria (INTA), de Vitivinicultura (INV) y del Agua (INA).
Entre los Ministerios de Justicia y Salud concentran el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH); la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), además de hospitales y los institutos Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y del Cáncer (INC).
En el sector de transporte funcionan la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC); la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV); la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT); la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); la Junta de Seguridad en el Transporte (JST); el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y las Comisiones Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná y Técnica Mixta de Salto Grande.
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