
La Secretaría Administrativa del Senado de la Nación, un área estratégica encargada de manejar el presupuesto y las contrataciones de la Cámara Alta, ha quedado en el centro de una controversia política.
La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, emitió un decreto que revoca las facultades delegadas a la actual secretaria administrativa, María Laura Izzo, una medida que podría marcar el inicio de su salida del cargo. Este movimiento ocurre en un contexto de tensiones crecientes entre el oficialismo y el sector político liderado por Villarruel.
El decreto, firmado por la titular del Senado, consta de tres artículos y deja sin efecto las delegaciones otorgadas previamente a Izzo mediante decretos de 2016 y 2019, firmados por las entonces presidentas d la Cámara alta, Gabriela Michetti y Cristina Fernández de Kirchner, respectivamente.
Aunque desde el entorno de la Vicepresidente de la Nación se calificó esta decisión como “una cuestión meramente administrativa”, fuentes del Senado interpretan que se trata de un paso hacia la remoción de Izzo. “Evidentemente, ya no cuenta con la confianza de Villarruel”, señaló alguien que conoce a la perfección los movimientos internos de la Cámara Alta.
La medida no es menor, ya que la Secretaría Administrativa tiene bajo su responsabilidad la gestión del presupuesto del Senado, incluyendo los fondos destinados a las dietas de los senadores, así como la Dirección General de Recursos Humanos, que supervisa todas las contrataciones en la Cámara. Este último departamento está encabezado por Gonzalo Izurieta, un colaborador cercano a Villarruel
La decisión también se enmarca en las negociaciones que ya comenzaron de cara a la sesión preparatoria del 24 de febrero, en la que se definirán las autoridades políticas y administrativas del Senado.
El puesto de Izzo es votado por los senadores, al igual que la presidencia provisional, y el resto de las secretarías administrativas. Por lo que son los bloques quienes proponen a los que vayan a ocupar ese cargo. Aunque las luces estarán puestas en el rol del libertario Bartolomé Abdala -senador que se hizo famoso por reconocer la cantidad de asesores que posee y que la gran mayoría están en su provincia San Luis trabajando en su campaña- y en quiénes ocupen los cargos administrativos fundamentales.
En este contexto, se espera que la Casa Rosada impulse un candidato propio para ocupar el cargo que actualmente desempeña Izzo, lo que podría intensificar la disputa y daría cuenta de una virtual intervención de la Cámara Alta, el reducto que hoy maneja la Vicepresidenta de la Nación.

Esta decisión no pasó desapercibida en los pasillos del Senado, donde se percibe un “asedio” hacia Villarruel por parte del sector político liderado por el presidente de la Nación. Según una fuente consultada, “es evidente que tanto el mileismo como el villaruelismo están en una disputa abierta por los cargos administrativos, buscando colocar personas de confianza en posiciones clave”.
Antes de asumir su actual rol en el Senado, Izzo trabajó en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Alberto Fernández, etapa en la que ocupó el cargo de directora de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad.
En el resto de los bloques siguen con atención los sucesos. Según especulan, la continuidad de Izzo a partir del nuevo año parlamentario ya está descartada. Y es un puesto que genera interés no sólo en la Casa Rosada sino también entre los radicales y el peronismo. A nadie se le escapa que conocer y manejar los fondos del Senado significa una ventaja.
El desenlace de esta situación será observado de cerca, ya que podría marcar un cambio significativo en la estructura de poder dentro del Senado y en la relación entre Villarruel y la Casa Rosada. Por ahora, la revocación de las facultades de Izzo es vista como un movimiento estratégico que podría tener implicaciones de largo alcance en la política nacional.
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