Sindicalistas denunciaron más despidos en la ex ESMA: hay protestas en el Archivo Nacional de la Memoria

Los trabajadores de los espacios de memoria que funcionan en las instalaciones de la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) se encontraron este jueves con dos de los edificios cerrados, y con controles policiales en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos donde había listados sobre quiénes podían ingresar y quiénes no.

Los lugares que permanecieron sin abrir sus puertas son el Centro Cultural Haroldo Conti, que según el Ministerio de Justicia de la Nación será “reestructurado” pero no se cerrará, y el Archivo Nacional de la Memoria. En la Secretaría, en tanto, que permanece abierta, los registros biométricos en los que se registra el personal permanecieron inhabilitados hasta las 9.35. Quienes trabajan en la ex ESMA se presentaron allí y se enteraban si figuraban o no el listado. En las cercanías se habían desplegado varios efectivos policiales y hasta un camión hidrante ante la posibilidad de incidentes.

En las primeras horas de la tarde del 31 de diciembre, el Gobierno, en el marco de una “reestructuración interna”, les había avisado con mensajes de texto por Whatsapp a unos 50 empleados del centro cultural que todos deberían permanecer “en guardia pasiva en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursarán por etapas a los fines aludidos”.

“La situación con esta amenaza de despidos se arrastra hace dos meses”, le contó a Infobae la delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado, Nana González. “Hace una semana nos reunimos con el secretario Alberto Baños. Le pedimos que nos entregue la lista de quienes iban a ser desvinculados con la intención de evitar estos momentos tan feos. Nos pidió una semana, pero nunca dio una respuesta”, agregó.

Además de los contratos transitorios comprendidos en el artículo 9 de la administración pública que no se renovarán los delegados sindicales indicaron que sufrieron un fuerte recorte en los salarios porque les bajaron el básico a la mitad al sacarle un incentivo que recibían desde hace más de tres décadas.

“Se hizo un retiro voluntario y también si había una manifiesta superposición de tareas se despidió a los que se consideró prescindibles”, según dijeron fuentes del ministerio de Justicia a este medio. Varios empleados con años de antigüedad se acogieron ese beneficio, aunque les comunicaron que las indemnizaciones iban a ser en cuotas y por debajo de lo que indican los convenios colectivos de trabajo.

Entre las áreas que sufrirán recortes y despidos se encuentra el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE). Es el sector que se realiza tareas de investigación que sirven como una base de datos Nacional de víctimas del terrorismo de Estado. Allí están plasmados todos los legajos de la Conadep, del Registro de Desaparecidos y Fallecidos (REDEFA), los reservados y las causas judiciales. “Hacemos una tarea clave para todas las causas con hechos de lesa humanidad”, detalló una empleada a Infobae, que con 22 años de antigüedad siente amenazada su permanencia en ese sitio.

Ya hubo cinco despidos en el RUVTE incluido el de su titular desde 2013, Silvia San Martín. “No me dejaron entrar pero nunca me llegó el telegrama. Todos los que estamos bajo contratación de los entes cooperadores, en mi caso de la ACARA (NdR: Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina) quedamos afuera”, relató.

En el Haroldo Conti, en tanto, el panorama tampoco es auspicioso. Unas 50 personas no continuarían. El espacio que fuera creado en 2004 funciona como un espacio de difusión y promoción de la cultura, la educación y los derechos humanos. Se realizan distintos tipos de actividades: cine, música, teatro, danza, literatura, artes visuales, fotografía y también recorridos educativos para recordar las atrocidades a las que fueron sometidos los detenidos desaparecidos en ese centro de detención clandestino durante la última dictadura militar.

El 27 de diciembre, ante la posibilidad de despidos masivos -en ATE estiman que echarán a 600 de los 800 empleados bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos- hubo un abrazo simbólico al edificio de Avenida del Libertador 8151 que impulsaron los organismos de Derechos Humanos, sindicatos y partidos políticos.

Este jueves, después de las 10, empezó una asamblea de los trabajadores en las instalaciones de la ex ESMA en la que decidirán el plan de lucha a seguir. Tras una charla con la custodia, lograron que el Archivo Nacional se abriera para desarrollar el debate interno. De allí irán a la sede del ministerio de Justicia, en pleno microcentro porteño, en Sarmiento 329.