Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tratará este jueves la Ley de Enfermería Profesional del Sistema Público de Salud y una iniciativa local de Ficha Limpia.
La sesión está pautada para las 11, y se espera un encendido debate para ambas normativas, que pretenden configurar un cambio en el régimen en el sistema público de salud porteño y en el escenario político y electoral, respectivamente.
Ley de Enfermería
El proyecto oficialista, que tiene la firma del diputado Facundo Del Gaiso (Vamos por Más), propone la creación de Régimen de Empleo y Desarrollo Profesional de la Enfermería del Sector Público en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, la idea no cuenta con el apoyo de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE).
En cambio, desde la oposición insisten en que reconozcan a la carrera de enfermería dentro de la Ley 6035 sobre Profesionales de la Salud, para lo cual se presentaron varios expedientes en la Comisión de Salud. El objetivo es que se equiparen los derechos laborales y salariales de los enfermeros a los de otros profesionales de la salud. El proyecto que encabeza esta postura está firmado por María Rosa Muiños, defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ex legisladora porteña.
En los fundamentos se recuerda que la sanción de la Ley 6035, que está destinada para regular las relaciones de empleo público de los profesionales de la salud en la ciudad porteña. Sin embargo, y a pesar de los insistentes reclamos del personal de enfermería, “se omitió la inclusión de este sector, siendo que se trata de profesionales reconocidos como sostén del sistema de salud y primordiales en la asistencia directa a los pacientes”.
Otro proyecto es el redactado y presentado por el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de Buenos Aires (SUTECBA), que plantea la regularización de las condiciones de trabajo en todos los sectores del personal de salud, por medio de un sistema igualitario de oportunidades, salarios justos y condiciones dignas de trabajo.
Ficha Limpia
Desde el lado electoral, y en consonancia con la actualidad del Congreso de la Nación, la Legislatura porteña también tratará el proyecto de Ficha Limpia. El proyecto, según sus argumentos, busca mejorar el funcionamiento y la transparencia institucional en el ámbito electoral a través de la modificación de la Ley 6031 (Código Electoral).
El proyecto de ley, que tiene la firma de la legisladora Aldana Crucitta (Unión Cívica Radical), establece que no podrán ser precandidatos a cargos electivos (desde la Jefatura de Gobierno hasta las juntas comunales) aquellas personas “que se encuentren condenadas con penas privativas de la libertad, aunque la sentencia no se encuentre firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso”.
Los delitos enumerados son cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
También, delitos contra la seguridad de la nación, delitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil de las personas, los delitos contra la libertad y deudores alimentarios incorporados en el Registro previsto en la Ley 269. Además de aquellas infracciones que se incorporen a futuro en el Código Penal de la nación o por leyes especiales.
La inhabilitación se extiende desde la existencia de la sentencia condenatoria en primera instancia hasta su eventual revocación posterior. O hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.
Los partidos políticos o alianzas electorales deberán exigir a todos los precandidatos y candidatos (tanto titulares como suplentes) el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) y el certificado emitido por el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM). En caso de advertirse postproceso eleccionario que alguno de los candidatos registra alguno de los delitos mencionados, la situación será comunicada a la Legislatura porteña.
Si bien Ficha Limpia contaría con el apoyo de la mayoría de los bloques políticos (como se evidenció en el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales), no tendría los votos de Unión por la Patria y la Izquierda.
“Con este proyecto restringen derechos, en lugar de ponerle obligaciones a quien tiene que dictar sentencia, que es la Corte Suprema de Justicia. Están tratando como culpable a quien todavía no lo es por falta de sentencia firme, es una disposición absolutamente violatoria de los derechos”, había apuntado en Infobae la abogada, legisladora y Vicepresidente 2° de dicha comisión, Graciana Peñafort (Unión por la Patria).
Próxima Sesión
De cara a la próxima Sesión Ordinaria, la Comisión de Labor Parlamentaria estableció como prioridades el tratamiento del Presupuesto 2025, el Código Fiscal, la Ley Tarifaria, la modificación del Código Urbanístico y la Ley de Boleto Educativo.
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