De funcionario de la Asamblea de Ecuador a presunto jefe criminal: alias Óscar es vinculado a más de 60 asesinatos

Óscar Oracio Intriago Cerezo, conocido como alias ‘Óscar’ o ‘La O’, pasó de ocupar cargos en instituciones públicas de Ecuador a ser señalado por las autoridades como el presunto líder de una organización criminal vinculada con más de 60 asesinatos, algunos cometidos mediante decapitaciones y otras formas de mutilación. El hombre, de 31 años, trabajó en la Asamblea Nacional y en la Defensoría Pública antes de ser detenido en un operativo contra una facción de Los Lobos, una de las organizaciones delictivas que operan en el país.

La detención ocurrió el 5 de noviembre de 2026, durante la operación Zeus 4, ejecutada por la Policía Nacional en seis provincias. Según la información de la Fiscalía General del Estado, las intervenciones incluyeron 25 allanamientos y la aprehensión de 14 personas, de las cuales 13 fueron posteriormente procesadas por presunta delincuencia organizada y recibieron prisión preventiva.

El ministro del Interior, John Reimberg, identificó a Intriago como uno de los principales responsables de una estructura dedicada a asesinatos, secuestros extorsivos y amenazas en la provincia de Los Ríos, una zona del litoral ecuatoriano atravesada por disputas entre organizaciones criminales.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, las investigaciones policiales y los análisis del armamento utilizado en distintos hechos violentos permitieron relacionar a la facción con al menos 60 homicidios. Sin embargo, la Fiscalía ha identificado inicialmente 16 víctimas mortales dentro del expediente por delincuencia organizada. La cifra difundida por el Gobierno corresponde a asesinatos atribuidos a la estructura y no a 60 decapitaciones, como podría interpretarse a partir de algunas descripciones de sus métodos.

Las autoridades sostienen que los integrantes de la organización recurrían a prácticas de violencia extrema para intimidar a sus adversarios, castigar a sus propios miembros y presionar a las víctimas de extorsión. Entre las evidencias recopiladas figuran grabaciones de asesinatos, mutilaciones y decapitaciones, que presuntamente eran utilizadas como mecanismos de amenaza.

Reimberg relató uno de los episodios investigados en el cantón Buena Fe, donde una familia fue asesinada y una bebé de tres meses fue encontrada con vida junto al cuerpo de su madre, que había sido decapitada. El ministro también describió mutilaciones utilizadas por los criminales para obtener información y aseguró que alias ‘La O’ impartía instrucciones para ejecutar esos actos.

La trayectoria del sospechoso adquirió una dimensión adicional después de que se conociera su pasado como servidor público. Según una investigación publicada por Primicias, Intriago trabajó en la Asamblea Nacional entre 2019 y 2021, durante la presidencia legislativa de César Litardo. Ocupó el cargo de Servidor Legislativo 4 y desempeñó funciones en la Casa Lasso-Conto, un inmueble administrativo ubicado junto al Palacio Legislativo, en Quito.

El medio también documentó que, en 2022, Intriago estuvo vinculado laboralmente con la Defensoría Pública, institución encargada de garantizar asistencia jurídica a personas que no cuentan con recursos para contratar una defensa particular.

Su paso por ambas entidades ocurrió pese a que registraba antecedentes judiciales. En 2017 había recibido una sentencia relacionada con el transporte ilícito de municiones y posteriormente figuró en procesos por delitos vinculados con armas, drogas y asesinato.

Uno de los antecedentes más relevantes corresponde al homicidio de Patricio Mendoza Palma, exasambleísta y candidato legislativo, asesinado el 21 de diciembre de 2020 en Quevedo, después de participar en una entrevista periodística.

El 6 de abril de 2022, un tribunal condenó a Intriago y a otro procesado a 34 años y ocho meses de prisión como autores directos del crimen. No obstante, el 10 de febrero de 2023, una sala de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos revocó por mayoría la sentencia contra Intriago, declaró su estado de inocencia y dispuso su libertad.

Según la información recopilada por Primicias, la decisión absolutoria fue impugnada ante la Corte Nacional de Justicia. Por tanto, la condena de primera instancia no se encuentra vigente, un elemento fundamental para establecer su situación jurídica en ese proceso.

La investigación sobre alias ‘Óscar’ también permitió identificar un presunto esquema de operaciones económicas ilegales relacionado con la matriculación de vehículos en el cantón Mocache, en Los Ríos.

Las autoridades sospechan que la organización habría infiltrado la dependencia municipal encargada de esos trámites para regularizar automotores robados, incluidos vehículos sustraídos en Quito y trasladados posteriormente a otras localidades.

De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio del Interior y recogidos por Primicias, durante el último año se habrían matriculado irregularmente más de 26.000 vehículos. Los investigadores estiman movimientos económicos de aproximadamente cinco millones de dólares anuales asociados con el esquema y un beneficio global que podría alcanzar los 20 millones de dólares.

Reimberg vinculó las disputas por el control de esos recursos con enfrentamientos entre integrantes de la organización y asesinatos utilizados para imponer autoridad sobre el negocio. La Fiscalía deberá determinar la participación individual de los investigados y el destino de los recursos presuntamente obtenidos.

La operación Zeus 4 fue el resultado de una investigación iniciada en febrero de 2026 por unidades especializadas de la Policía y la Fiscalía. Durante los allanamientos se recopilaron elementos que, según el Ministerio Público, permitirían establecer la existencia de una estructura organizada con distribución de funciones y capacidad para ejecutar delitos violentos.

La instrucción fiscal tiene una duración prevista de 90 días, mientras que los procesados permanecen sujetos a las medidas cautelares dispuestas por la justicia. El delito de delincuencia organizada, bajo la modalidad investigada, contempla penas de entre 26 y 30 años de prisión.

El caso expone simultáneamente las investigaciones sobre violencia criminal en Los Ríos, el presunto aprovechamiento de procedimientos administrativos municipales para actividades ilícitas y los antecedentes laborales de un sospechoso que ocupó cargos en instituciones nacionales. Hasta el 13 de noviembre de 2026, Intriago permanece procesado por presunta delincuencia organizada, sin que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada por los hechos atribuidos a la facción que supuestamente dirigía.