La reunión de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que comanda el legislador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se reunió este miércoles para tratar un combo de proyectos, con resultados diversos: dictaminó una iniciativa que establece hasta seis años de prisión ante falsas denuncias, pero fracasó en el intento de despachar un texto que impone la misma pena para bloqueos extorsivos a empresas.
Esto tiene una explicación: los nueve senadores del oficialismo y la oposición dialoguista que acompañaron el primer proyecto no se repitieron, hasta ahora, para el segundo. La legisladora que no lo hizo fue la santacruceña Natalia Gadano, cercana al gobernador y líder del sindicalismo petrolero local, Claudio Vidal.
La iniciativa en cuestión, que es impulsada por la radical Carolina Losada y compañeros de bloque como Maximiliano Abad -no así el titular del partido, Martín Lousteau-, activa penas de prisión “de dos a cuatro años al que impida, estorbe, entorpezca el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial o de servicios, bloqueando por cualquier medio el libre acceso y salida de personas y vehículos de dichas empresas o de otras empresas”.
El proyecto además deja en claro que, si las acciones “tuviesen como finalidad perjudicar la continuidad o modalidades de una relación contractual o laboral de un tercero, corresponderá una pena de prisión de tres a seis años”. Y agrega: “Si de las acciones descriptas en el primer párrafo participara, o fueren instigadas o promovidas por un representante gremial, además de la pena privativa de libertad que le correspondiere, tendrá una inhabilitación especial por doble tiempo para ejercer su representación sindical”.
La iniciativa que sí obtuvo despacho fue la que actualiza penas de hasta seis años de prisión ante una falsa denuncia si “fuera por delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes”, texto que también es empujado por Losada.
El proyecto además reprime “con prisión de uno a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.
Por otra parte, si el falso testimonio se cometiere “en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión”; “en una causa criminal en el marco de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas o adolescentes, en perjuicio del inculpado, la pena se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo que corresponda de reclusión o prisión”; y “en todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena”.
Quien expuso sobre este proyecto en la comisión, que tuvo un reñido quorum -Pagotto pidió que se leyeran a mitad de la reunión los apellidos de los senadores presentes, no así al inicio del convite-, fue el abogado penalista y actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien calificó la iniciativa de “magnífica”.
“Nuestro mandato no es sólo económico o moral, sino que hay que sanear la justicia”, manifestó el funcionario, quien advirtió que dicho poder tiene “un desprestigio tremendo”. Luego, señaló que es imposible “tolerar la mentira y el engaño, y que se abuse del sistema judicial gratuito para obtener objetivos ilegítimos”.
Cúneo Libarona realizó una cronología de cómo nacieron y se actualizaron estos delitos y contó causas escalofriantes sobre la temática, con personas que estuvieron varios años en prisión o sin poder ver a sus hijos por una falsa denuncia.
El problema que tiene el dictamen sobre falsas denuncias es que la única forma que tiene que aprobarse es esta semana, antes que finalice el período ordinario. Es decir, si hubiera una sesión y se habilitara con dos tercios de los votos, algo imposible ante la ausencia del kirchnerismo al encuentro de este martes. Si no, el Ejecutivo tendrá que incluirlo en extraordinarias. Si ello no ocurriera, el proyecto y dictamen perderán estado parlamentario y Losada tendrá que presentar de nuevo la iniciativa.
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