La Asociación Bancaria, que lidera Sergio Palazzo, acordó con las cámaras empresarias un aumento salarial del 4,2% para agosto, lo que permite que el acumulado del año hasta ese mes alcance al 94,8%, y el salario inicial de los trabajadores de la actividad ascenderá a $1.455.388,65.
El porcentaje pactado es el equivalente a la inflación del mes de agosto, sobre los sueldos de julio, para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.
Por lo tanto, informó el sindicato, se deberá abonar la diferencia que surja entre la inflación acumulada entre los meses de enero a agosto 2024 inclusive (94,8%), tomando como referencia los salarios de diciembre 2023 y los incrementos ya otorgados en el 2024. Ese incremento representa un 4,2% con respecto al mes de julio, que deberá ser abonado con los salarios de septiembre.
De esa forma, el salario inicial de los trabajadores bancarios ascenderá en agosto a $1.404.633,01, cifra a la que le debe sumar el concepto de “Participación en las Ganancias” (ROE), un bono que perciben los bancarios que está atado a la rentabilidad financiera de las empresas. En esta oportunidad el ROE será de $50.755,64, por lo que el salario mínimo será de $1.455.388,65.
Además, el acuerdo firmado por empresarios y sindicalistas incluye que el Día del Bancario tendrá un monto mínimo de $1.252.181,74, que se corregirá por inflación.
En un comunicado de prensa, el gremio que encabeza Sergio Palazzo destaca que, “una vez más, garantizamos la aplicación de los índices inflacionarios mensuales para que los trabajadores bancarios no pierdan contra la inflación, salvaguardando el poder adquisitivo de nuestros representados”.
Más allá del nuevo acuerdo, la Asociación Bancaria se presentó ante la Justicia para impugnar la restitución del Impuesto a las Ganancias, al considerar que es “confiscatorio y una rebaja salarial encubierta”. Tras efectuar la presentación, Palazzo aseguró que “hay categorías de acuerdo al ingreso que le va a absorber hasta el 16% y supera largamente el 20% que se puede retener de un salario por todo concepto, tanto legales como no legales”.
Mientras el Gobierno apunta a limitar los aumentos en el sector público, en el sector privado decidió flexibilizar la pauta salarial y acepta que los aumentos sean “unos pocos puntos” por encima de las previsiones inflacionarias para permitir que se recupere el poder adquisitivo de los sueldos.
La demostración de este viraje oficial fue el acuerdo alcanzado a fines de agosto por el Sindicato de Camioneros, que consiste en una mejora del 11% en tres tramos para septiembre, octubre y noviembre. Los incrementos de 4%, 4% y 3% sobre los sueldos de agosto superan el tope del 2% que el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé para los aumentos en función de la inflación futura.
Por eso la decisión del secretario de Trabajo, Julio Cordero, fue homologar este acuerdo rubricado por Hugo Moyano a partir de dos premisas que admitió una fuente gubernamental: 1) “No molesta que los salarios le vayan ganando despacio a la inflación”, y 2) “Se pueden aprobar esos acuerdos si están a tono con la deflación y si hay un compromiso de no trasladar esas cifras a los precios”.
La decisión tranquiliza a los dirigentes gremiales del sector privado, que se preparaban para luchar contra el supuesto techo del 2% en las paritarias que, según deslizaron, desde el Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo, les habían anticipado que regiría a partir de octubre.
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