El Gobierno intervino a dos obras sociales sindicales por irregularidades en registros y prestaciones

Desde el cambio de Gobierno que varias áreas estatales fueron puestas bajo revisión, entre ellas, el sistema de las obras sociales y de medicina prepaga que se encuentran disponibles en el país. La tarea comandada por el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, reportó varias irregularidades tras las auditorías realizadas desde el inicio de la nueva gestión. A raíz de las investigaciones la Obra Social de Vareadores (OSV) y la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM) fueron intervenidas. También se detectó que existen 661 empresas de medicina prepaga registradas en el país pero solo diez de ellas cuentan con una inscripción definitiva. De esas 651 que nunca presentaron un solo papel, ya se dieron de baja 60 y se está analizando la baja de otras 120 prepagas más en el marco del reordenamiento del sistema salud.

Las intervenciones entraron en vigencia luego de que fueran comunicadas en el Boletín Oficial a través de las resoluciones 1999/2024 y 2000/2024 respectivamente. Mientras que Alberto José Curci Castro fue designado como el interventor responsable de la OSV, el administrador provisorio de la OSPM será Martín Esteban Gutiérrez.

De esta manera, señalaron que el plazo de sus actividades será determinado por el Poder Ejecutivo y que, mientras se encuentren a cargo de la función, deberán reportar los avances y modificaciones realizadas a la Superintendencia de Servicios de Salud.

El apartamiento de los antiguos titulares de las obras sociales sindicales que brindaban servicios a los encargados de varear a los caballos de competición y los trabajadores del mosaico se decidió producto de una serie de irregularidades que se detectaron en las auditorías ordenadas por Oriolo. “Estamos reordenando el sistema. Lo que estamos buscando es la libre competencia y, sobre todo, la libertad para que los trabajadores puedan elegir a dónde derivar sus aportes”, explicó el titular durante una entrevista previa.

En el caso de la Obra Social de Vareadores, el organismo denunció que la empresa no contaba con un equipo interdisciplinario, no auditaba las condiciones en las que se encontraban los prestadores asociados y que tampoco se habían presentado los Informes Detallados de Aplicación de Fondos. Asimismo, indicaron que no se adecuaba al funcionamiento de las prestaciones ofrecidas a las personas con discapacidad y que había errores en la carga de los códigos asignados a las prácticas médicas realizadas.

“Entre los años 2020 y 2021 se evidenció un aumento exponencial de la población beneficiaria entre los años 2020 y 2021, y un marcado descenso de beneficiarios en el período 2023-2024; pertenecientes, en su mayoría a la categoría optantes representando en la actualidad el 86% de sus afiliados”, apuntaron desde la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud. Incluso, destacaron que el agente no intentó conformar los equipos interdisciplinarios necesarios para desarrollar los tratamientos de discapacidad, salud mental y adicciones requeridos por los beneficiarios.

Previo a esto, la OSV comenzó a ser investigada en 2020 por un presunto caso de estafa que recayó en la jurisdicción del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, Secretaría N°4, que se encuentra en pleno proceso de recolección de pruebas que llevaron a que fuera inhabilitada para ser receptor de nuevos beneficiarios por las sospechas de que estos hubieran sido traspasados o captados de forma indebida.

Respecto de la Obra Social del Personal Mosaista, las autoridades denunciaron la falta de seguimiento y auditorías a los beneficiarios y que adeudaba la entrega de los Informes Detallados de Aplicación de Fondos y Estados Financieros Discapacidad desde noviembre de 2021. “La información brindada por la Obra Social resultó ser parcial, incompleta e informal, presentando discrepancias con datos brindados a otras áreas de este organismo”, apuntaron.

En simultáneo, señalaron que el prestador carecía de un equipo interdisciplinario preparado para brindar asistencia en temas de salud mental, que no contaban con un protocolo IVE diseñado y tampoco había canales de difusión sobre la temática. Asimismo, confirmaron que tampoco brindaban respuestas a los afiliados al detectarse “graves incumplimientos en el procedimiento de gestión de reclamos, ausencia de respuesta, autorización de prestaciones y contacto con los beneficiarios”.

Al mismo tiempo que acusaron a la obra social de no contar con un cartilla médica prestacional actualizada, registraron la existencia de varios contratos de prestaciones con prestadores que no se encontraban inscriptos como RED en el Registro Nacional de Prestadores. Por este motivo, consideraron que el estado en el que se encontraba OSPM generaba interferencias en el normal funcionamiento de las coberturas, por lo que era necesario intervenirla para corregir las deficiencias.

Actualmente, existen 661 empresas de medicina prepaga registradas en Argentina, pero solo diez de ellas cuentan con una inscripción definitiva. “Las otras 651 solo tienen una inscripción transitoria provisoria”, aseguró Oriolo al destacar que 127 de estas empresas presentaron ningún tipo de documentación desde que fueron aceptadas en el sistema.

Como resultado de este proceso, se clausuraron 61 empresas que no respondieron a los pedidos de la Superintendencia. “Publicamos un edicto en el Boletín Oficial diciendo que iban a ser dadas de baja. De esas 61 empresas, solo tres respondieron. Dos de ellas pidieron la baja voluntaria porque no estaban en actividad, y la tercera está intentando ponerse en orden”, detalló Oriolo, quien también señaló que este proceso continuará con otras 127 empresas apuntadas por no presentar la documentación solicitada.