La Iglesia habló del narcotráfico en los barrios y multiplica las señales de alerta hacia el Gobierno

“Recortar por los pobres es un pecado”. La última señal de alerta de la Iglesia católica se generó ayer, durante una reunión de obispos que tuvo lugar en Quilmes y de la que participaron ex funcionarios de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. El dueño de la frase es Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires, referente de los curas villeros y mano derecha del Arzobispo porteño, Jorge García Cuerva.

En los últimos tres meses la Iglesia le ha enviado reiterados mensajes al gobierno de Javier Milei. Primero sobre el impacto del plan de ajuste en los sectores más vulnerables, después por la demora en el reparto de alimentos por parte del ministerio de Capital Humano, luego por la demonización del trabajo de las organizaciones sociales en las villas y, finalmente, por el avance del narcotráfico en los barrios.

Los mensajes se sucedieron desde abril a esta parte y exponen, en su interior, las críticas a la gestión libertaria y, al mismo tiempo, el reclamo permanente para que el Estado asuma un rol protagónico en los sectores más humildes. En esos lugares donde los curas son parte de la contención de familias sin recursos, con integrantes que tienen problemas de adicción y con el cáncer del narcotráfico enquistado en las calles donde viven.

En la conferencia de ayer, de la que participó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea, y el titular de Cáritas, Carlos Tissera, dos de los másximos referentes del esquema esclesiástico en Argentina, la Iglesia volvió a alertar sobre el avance del narcotráfico en los barrios más humildes. Los curas se encuentran cada vez con más familias que les plantean que algunos de sus integrantes tiene problemas de adicciones con drogas o alcohol. Y, además, que les describen el crecimiento pronunciado de la violencia callejera.

Durante el encuentro Ojea señaló que “el narcotráfico hace un Estado dentro de otro Estado”, una frase que retrató la gravedad del problema. Ve que los narcos cumplen la función del Estado con los jóvenes que reclutan. Lo hacen a cambio de otorgarles una mejor calidad de vida en un plazo breve. Les aseguran acceso a una día a día más cómodo y digno, pero con un alto riesgo laboral. Dinero para la comida, la ropa y las salidas. Dinero ilegal para alejarlos de la pobreza por un tiempo. El narcomenudeo y la violencia atraviesan esas vidas que se van desintegrando inmersas en un mundo criminal y marginal.

En la Iglesia resaltan que muchos curas trabajan día a día en la recuperación y contención de chicos afectados por las adicciones. Que hay un financiamiento del Estado pero no un trabajo de campo efectivo para frenar la multiplicación jóvenes afectados por las drogas. Ven, como señalan desde hace tiempo, graves falencias en la intervención del estado nacional, y los estados provinciales y municipales.

Cada uno de los mensajes y pedidos lleva el sello de la urgencia. El trabajo que ya no está, la comida que no alcanza, el dinero que se esfuma, la violencia que carcome la familia y la educación se esfuma si no hay entorno familia fuerte y presente. A la Iglesia le preocupa la forma en la que se deshilachan las familias más humildes del país.

La reclutación de jóvenes por las bandas crece con el paso de las horas en un contexto de pobreza e indigencia en aumento. El contexto social es el que le preocupa a la institución religiosa y por eso el llamado de atención es para el gobierno nacional, que ha desactivado el esquema donde el Estado, las organizaciones sociales y la Iglesia articulaban el trabajo territorial en las villas. No hubo plan B para reemplazar el mecanismo que se decidió frenar.

Ayer Carrara aseguró que es determinante “la presencia inteligente y necesaria del Estado porque si no el narcotráfico va avanzando y mata personas en concreto, hipoteca la vida de niños y adolescentes”. Es un mensaje cotundente para un gobierno que no cree en el accionar del Estado. Una frase que lo simboliza al detalle es la que pronunció Milei en una de sus últimas entrevistas: “Soy el topo que destruye el Estado desde adentro”.

“Creció la inseguridad, aumentaron los excesos y los jóvenes están cada vez más vulnerables. Una de cada tres familias nos cuenta que tiene algún problema de adicción en algunos de sus integrantes. La gente está sobrepasada y siente que el Estado se corrió y no los está cuidando”, se sinceró un sacerdote que tiene a cargo una parroquia en el conurbano bonaerense. Puertas adentro de la institución católica existe la sensación de que el problema se está subestimando.

La afirmación de Carrara - “recortar por los pobres es un pecado” - está vinculada a la decisión del gobierno de Milei de dar de baja el plan FISU, que era utilizado para realizar obras para que la gente de los barrios más humildes tenga agua potable, accesos pavimentados y baños en condiciones dignas,. Una política de hábitat que los curas revindican y piden que vuelva a funcionar, auditoria de por medio.

En la Iglesia consideran que en el gobierno nacional hay una gran falta de sensibilidad respecto a la situación social. Una proclama más vinculada a lo individual que a lo colectivo, al beneficio propio que al progreso conjunto. La relación con la Casa Rosada es formal pero distante. Fría. La Iglesia no se calla y el Gobierno no la eligió como enemiga. El vínculo con el secretario de Culto, Francisco Sánchez, es mínimo. Una simple postal que describe las limitaciones del trabajo conjunto.