Por qué Jorge Macri tomó el conflicto con los metrodelegados como un caso testigo de su relación con los gremios

El paro salvaje de los metrodelegados se convirtió en un caso testigo para el gobierno de Jorge Macri en su relación con los sindicatos: habrá una andanada de denuncias penales, pedidos de desafuero gremial y descuentos salariales contra las protestas que concretaron este miércoles en forma rotativa, de 17 a 21, y que causaron trastornos entre los miles de usuarios del subte.

“Vamos a denunciar penalmente a los metrodelegados que toman de rehenes a los pasajeros del subte; hoy, una vez más, los vecinos sufrimos otro paro de subte injustificado que perjudica a miles de personas; en la Ciudad ya no hay lugar para estas maniobras extorsivas”, dijo anoche el jefe de Gobierno a Radio Rivadavia, blanqueando una postura que lo diferencia, como en el caso de los piquetes que atormentaban a los porteños, de su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, quien durante sus dos mandatos mantuvo una política más tolerante hacia gremios opositores como el de los metrodelegados, liderados por Beto Pianelli, un ex militante del Movimiento al Socialismo (MAS) que viró al kirchnerismo, acompañado por dirigentes ultra-K y de la izquierda trotskista.

“Vamos a fondo”, prometieron fuentes de la Secretaría de Trabajo de la ciudad, que encabeza Ezequiel Jarvis, el mismo funcionario que durante el larretismo manejó la política laboral y la relación con los gremios, aunque con directivas políticas distintas. Ahora, ratificado por Jorge Macri, e incluso jerarquizado (antes manejaba una subsecretaría), pilotea la ofensiva contra los metrodelegados.

En el gobierno porteño prefirieron no hablar de este conflicto como un caso testigo y afirmaron que lo es, en realidad, el fallo judicial que le quitó los fueros sindicales a Claudio Dellecarbonara, dirigente del trotskista Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), delegado de la línea B de subtes y directivo de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados).

La Justicia del Trabajo muy raramente acepta esas solicitudes de las empresas para sancionar a un representante sindical que tiene la protección especial que impide su despido, suspensión o cambio de condiciones o lugar de trabajo. En este caso, la sentencia hizo lugar a una solicitud de EMOVA, concesionaria del servicio de subtes, para aplicar una sanción a Dellecarbonara por haber participado de una protesta en diciembre de 2021 en la que se levantaron los molinetes y se mantuvo abierta la puerta de emergencia en las estaciones Congreso de Tucumán (línea D) y Alem (línea B).

Según la empresa, el delegado sancionado “alentó a cientos de usuarios a ingresar sin abonar pasaje, generando un perjuicio para la empresa” y “desobedeció reiteradamente los requerimientos del personal jerárquico para que cese la acción, lo que derivó en la sanción aplicada, aunque en este caso se requiere un fallo judicial debido a la tutela gremial con la que cuenta el directivo”.

A partir del fallo judicial, que consideró correcta la postura de la empresa, Dellecarbonara fue suspendido por 15 días y así se activó la paralización de los subtes de este miércoles para defender al sindicalista sancionado, en una medida de fuerza que registra pocos antecedentes. “A los Metrodelegados no les gusta cumplir la ley -consideró Jorge Macri-. La Justicia nos dio el OK para poder sancionarlo (a Dellecarbonara), lo sancionamos y te hacen un paro. Eso es lo que pasa”.

Pero, además, delegados sindicales se instalaron este miércoles en las vías de algunas cabeceras de estaciones para garantizar que las formaciones no salieran, por lo que el gobierno porteño decidió iniciar acciones penales por esa medida y presentar los correspondientes pedidos de desafuero.

En el gobierno de la ciudad creen que el fallo judicial contra Dellecarbonara “es atípico pero marca un precedente”. Eso quiere decir que apuestan a que habrá más sentencias en su favor por las protestas que realizaron ahora los metrodelegados, sobre todo al obstaculizar el servicio cortando las vías.

“Fuimos a la Justicia, le preguntamos si lo podíamos sancionar y entonces eso genera un paro que para nosotros es otro paro ilegal, con lo cual volvemos a iniciar demandas en la justicia laboral y también en la penal porque nos parece que están atentando contra un servicio básico -sostuvo el jefe de Gobierno-. Ese tipo de de extorsiones no van, mucho menos cuando hay un OK de la Justicia”.

La dura posición del gobierno porteño no es casual y se repetirá ante hechos similares. De por sí, puede repetirse a una escala mucho mayor un conflicto con el Sindicato de Camioneros si se cumple la amenaza de Pablo Moyano de exigir una indemnización a los trabajadores de recolección de residuos de la ciudad “cuando se terminen los contratos correspondientes, en octubre próximo”.

Sin embargo, como anticipó Infobae, cerca de Jorge Macri aclararon que los contratos fueron prorrogados y vencerán en septiembre de 2028 y advirtieron que rechazarán la exigencia de Camioneros aun cuando desate un enfrentamiento de características imprevisibles.

Pablo Moyano basó su reclamo en la aplicación de la famosa “Ley Moyano”, una norma no escrita por la cual el sindicato viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambie de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar. El último antecedente se registró justamente en la ciudad de Buenos Aires cuando Rodríguez Larreta estatizó el sistema de acarreo y 500 trabajadores que respondían a los Moyano en las empresas Dakota y BRD cobraron indemnizaciones de hasta 4 millones de pesos y pasaron a trabajar en SBASE, sociedad del Estado porteño que administra los subtes, mientras la operación del servicio quedó en manos de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima).

La pelea con los Moyano, de todas formas, puede convertirse en un modelo de cómo quiere relacionarse el gobierno porteño con los sindicatos: sin la complacencia de Larreta, tratando de recortar privilegios que obtenían algunos sectores para sintonizar mejor con los vecinos.

Por eso el conflicto de los metrodelegados será apenas el comienzo de una nueva actitud de la administración de la ciudad ante el poder sindical. Que es similar, nada casualmente, a la que mantiene el gobierno de Javier Milei, que se plantó ante el gremialismo con una posición firme.