Con una dura advertencia, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtió que el “esquema de represión” contra las marchas opositoras “va a terminar mal”, tras los graves incidentes en el Congreso durante las protestas contra la Ley Bases, y defendió a los manifestantes que se movilizaron la semana pasada.
“Este esquema de represión no sirve, va a terminar mal. Y esto le va a dar razón a este señor que dice que le quieren tirar un muerto. No. Es que, de esta manera, muertos va a haber”, subrayó el riojano, que busca posicionarse como uno de los dirigentes del peronismo que confronta con la gestión del presidente Javier Milei.
Quintela se refirió a las escenas de violencia entre manifestantes y fuerzas federales del miércoles pasado, a raíz de los enfrentamientos durante el tratamiento en el Senado de la Ley Bases. “Yo he sido testigo presencial del 2001, cuando les tiraban los caballos encima a la gente. La gente tiene derecho a defenderse ante una agresión de estas características”, opinó, en declaraciones a la radio El Destape. “Los mensajes cargados de odio tienen un resultado. Están tratando de sediciosos a trabajadores, empleadas domésticas”, apuntó.
Desde ese lugar, el gobernador convocó a asumir un “rol de la oposición y conformar el núcleo de resistencia que no está de acuerdo con el comportamiento y la forma de actuar del Presidente de la Nación”.
A raíz de los operativos policiales contra las protestas callejeras, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, llamaron la atención al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) por el ejercicio de la fuerza en el contexto de las protestas y movilizaciones.
Poco después de la votación de la Ley Bases, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia virtual el próximo 11 de julio, tras una presentación realizada en abril por organismos de DDHH y sindicatos frente a la “grave situación de obstaculización, amenazas, ataques y criminalización de la protesta social y la libertad de expresión”.
En aquella solicitud, uno de los casos presentados fue el del abogado Matías Aufieri, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y asesor de los diputados del Frente de Izquierda (FIT-U). Durante una represión, recibió un disparo de bala de goma en el ojo izquierdo, que le provocó la perdida de la visión.
Desde el kirchnerismo, la izquierda y los sectores más críticos de la oposición vienen alertando sobre el impacto de las políticas del Gobierno libertario en materia de derechos humanos y sociales.
A tono con el comentario de Quintela, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, señaló que “la mortalidad en términos generales va a crecer mucho respecto de 2023 y 2022″, a raíz del impacto de las políticas de ajuste económico implementado por el gobierno de Javier Milei.
La funcionaria de Axel Kicillof apuntó por la falta de acceso a medicamentos y alimentos que se dejan de consumir por la caída en el nivel de ingresos de la población.
“Cuando tenés un adulto que empieza a tomar un remedio día por medio te va a aumentar la tasa de mortalidad, cuando tenés pacientes oncológicos que no pueden acceder a sus remedios, la mortalidad va a crecer”, señaló en declaraciones a Canal 9. En ese grupo incluyó a los “pacientes diabéticos”, que ya “no pueden acceder a los medicamentos que antes conseguían y vemos que se les tiene que amputar una pierna”.
Los reproches en el deterioro al acceso a derechos humanos básicos y la continuidad de ese tipo de políticas empieza a tener un eco internacional. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Turk, criticó en la 56° sesión del organismo el enfoque que está desarrollando el gobierno argentino en esta materia.
“En Argentina, las recientes medidas propuestas y adoptadas corren el riesgo de socavar la protección de los derechos humanos. Estos incluyen recortes al gasto público que afectan particularmente a los más marginados, el cierre anunciado de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030″, expresó Turk en la segunda de las tres asambleas que la ONU hará en 2024.
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