La vicepresidenta Victoria Villarruel celebró hoy la decisión del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de revisar los pagos de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en el país, tras haber detectado irregularidades en los trámites.
“Lo dije en campaña. Hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones”, señaló Villarruel a través de sus redes sociales. “Celebro la decisión del ministro Cuneo Libarona y del Presidente”, completó.
Ayer, el Gobierno notificó el inicio de “una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”. De acuerdo al comunicado, la medida se debe a la detección de irregularidades “en la tramitación, otorgamiento y/o pago” del beneficio para las personas que fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad.
Los hechos tuvieron lugar durante el gobierno de facto, entre los años 1976 y 1983, en los que integrantes de las Fuerzas Armadas desaparecieron y torturaron personas. Hasta hoy, el Estado había compensado el daño sufrido por las víctimas. Ahora eso será sometido a revisión.
Los motivos
Entre los fundamentos, desde el Ministerio de Justicia indicaron que la medida surge a partir de la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros, sobre defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita“, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelación en lo Criminal y Correccional Federal. Ese expediente fueron procesados personas a quienes se acusa de haber falseado datos para percibir el beneficio que otorga el Estado. El organismo nacional asegura que no es el único caso.
“El Ministerio articulará las medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, completó el texto que compartió Cúneo Libarona.
Las compensaciones económicas y pensiones que otorgó hasta hoy el Estado a las víctimas de la última dictadura militar están previstas por seis leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013. Se aplican cuando un denunciante inicia un juicio contra el Estado y prueba el daño en una causa judicial. Sin embargo, el Gobierno sostiene que muchos de los fallos pueden haber sido obtenidos a través de documentación falsa.
El organismo encargado de su ejecución fue la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, que coordina con el Poder Judicial para obtener las pruebas necesarias para la acreditación de cada pedido de reparación, y que depende del Ministerio de Justicia
Luego de la resolución, el ministro informó que la presunta estafa anida en alrededor de 100 casos, con trámites iniciados en la Justicia, en las que se reclamaron pagos por 150 mil dólares en cada presentación, lo que hace una cifra de 15 millones de dólares. El Gobierno sostiene que todos esos presentan sospechas, por parte de quienes iniciaron el trámite, de haber falseado datos. “Esto no puedo haber ocurrido sin la colaboración de funcionarios”, denunció Cúneo Libarona en declaraciones a LN+.
El funcionario indicó que el Estado ya pagó 7.996 indemnizaciones a víctimas del terrorismo en Argentina. También afrontó la compensación de 14.400 casos de exiliados.
La resolución emitida ayer tiene como antecedente una iniciativa que había defendido la propia Villarruel antes de ser electa Vicepresidenta.
En 2021, incluso antes de convertirse en diputada nacional, había advertido: “El curro de los derechos humanos sigue vigente. Consiste en una cantidad impresionante de indemnizaciones a personas detenidas, desaparecidas, que se exiliaron y a niños apropiados. Hubo víctimas de estas supuestas desapariciones que fueron indemnizadas, porque hay una ley que así lo dispone”.
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