Mariano Cúneo Libarona tras el cierre del INADI: “Nos vamos a ocupar de la discriminación”

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que el cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) no quitará de la agenda la lucha contra la exclusión social. “Nos vamos a ocupar de la discriminación”, ratificó el abogado luego de que se confirmara que la problemática pasará a ser tratada por los funcionarios judiciales de su cartera.

La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa transmitida el jueves. “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de política o lugares para generar empleo militante”, explicó al señalar que el primero sería el INADI tras identificarse que la entidad requirió más de 1.150 millones de pesos durante el año pasado.

En línea con lo expuesto, el titular de la cartera judicial explicó que la decisión de eliminar el organismo estatal respondía a la orden del presidente Javier Milei de “atacar, disolver todos aquellos organismos inútiles, cargados de empleados políticos, de estructuras ineficientes que no cumplen su función”. Por este motivo, recalcó que sus funciones serán absorbidas por los trabajadores del Ministerio de Justicia y que se habían digitalizado los procesos.

Por su parte, el representante del Gobierno precisó que la investigación que realizaron en el interior de la entidad arrojó que había un aproximado de 400 empleados y varias oficinas a lo largo del país. “No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos en un país que está absolutamente empobrecido”, argumentó.

Frente a esto, el funcionario público afirmó que solo captarán la parte idónea del instituto, con el fin de garantizar un funcionamiento efectivo, para después remarcar: “En lo personal, hice un protocolo de actuación del INADI, y un discurso introductorio de lo que es la discriminación, un derecho humano esencial que para nosotros es prioridad”. Asimismo, apuntó que se respetarán los lineamientos marcados por los tratados internacionales y la ley argentina.

Como consecuencia del cierre del organismo, Cúneo Libarona reconoció que hubo una reducción de personal que trabajaba en el área y que las propiedades que fueron destinadas para funcionar como centros de atención en diferentes partes del interior del país podrían adoptar otro rol. “Nos salía fortunas, que se deberían destinar a niños y jubilados en especial”, planteó el ministro.

“Desde el Ministerio vamos a tomar esta trascendental tarea con la gente idónea del INADI, con la intervención que tiene hoy, con su personal y nos vamos a ocupar de la discriminación a través de la capacitación que indica la ley”, se comprometió el ministro al destacar que uno de los puntos vitales a tratar sería la educación en torno a la lucha contra la exclusión de minorías.

Según las declaraciones tomadas por Télam durante una conferencia de prensa realizada en el Ministerio Público Federal de Salta, Cúneo Libarona ratificó que “la discriminación se combate con educación”, por lo que anticipó que comenzarán a trabajar para que la problemática sea incluida en los planes de estudio difundidos en las universidades y colegios. Además, indicó que se buscará profundizar en temáticas como, por ejemplo, el grooming.

Por otro lado, el titular del Ministerio de Justicia anunció que otras de las reformas que buscará implementar en su órbita apuntaba a reducir la edad de imputabilidad. En la actualidad, el sistema penal argentino establece que una persona puede ser acusada, si es mayor de 18 años, sin embargo, la intención del funcionario judicial será que la edad mínima para efectivizar una imputación sea de 14 años.

“Estamos bastante avanzados con un sistema que versa sobre estos principios: llevar la imputabilidad a los 14 años, que se abarque todos los delitos, y si son menores de 14, que tengan un tratamiento reeducativo”, explicó el abogado al agregar que el plan incluiría que los menores sean resocializados, recuperados, con el fin de que puedan insertarse en el mercado laboral.

De esta manera, señaló que el nuevo sistema penal que implementaría debería de ser aplicado en todo el país, tras recordar que Salta y Jujuy eran las únicas jurisdicciones en las que comenzó a ser aplicado desde 2019. Incluso, planteó su esperanza en la efectividad que podría tener al asegurar: “No cabe dudas de su idoneidad por la experiencia que tenemos en Salta”.

En paralelo, el ministro participó de una reunión con los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones y los jueces federales de primera instancia salteños, con el objetivo de interiorizarse sobre la metodología judicial utilizada en la provincia. Además, indicó que buscarán elevar el proyecto al Poder Legislativo luego de manifestar: “Espero que el Senado tenga patriotismo y sea rápido. No podemos demorar tanto”.