En la frustrada votación en particular de la ley ómnibus, que volvió a comisiones y quedó en foja cero, apareció un nuevo problema para el Gobierno: Diputados avaló seis emergencias, mientras que el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía tiene ya activadas y vigentes a ocho. Además, con distintos plazos.
La Cámara baja votó, durante la tarde de este martes, la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre del corriente año. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Congreso por el plazo máximo de un año. Con el regreso a comisión, quedó en la nada misma.
En tanto, el mega DNU vigente dio luz verde a emergencias en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
“¿Qué van a hacer ahora?”, preguntó a Infobae una avezada legisladora tras la votación del primer artículo de la Ley Ómnibus. La integrante de la bancada opositora, además, dejó en claro que “esto significa un problema y fomenta la inseguridad jurídica”.
Para la legisladora, el Ejecutivo debe tomar una medida “urgente” en relación con el DNU, ante un kirchnerismo que pidió para el jueves pasado, sin respuesta exitosa, que se convoque a una sesión especial para tratarlo en el recinto del Senado. Para ser rechazado, este tipo de normativa necesita el rechazo de ambas Cámaras del Congreso, algo que nunca ocurrió desde la implementación del sistema.
Escenario
A medida que Diputados comenzó a avanzar con la demorada Ley Ómnibus, el Frente de Todos no quiso perder la oportunidad de generar ruido con el mega DNU, que ya fue observado en la justicia. De hecho, hay muchos legisladores de varios partidos que prefieren una definición de aquel poder y evitar una guerra en el Congreso.
Una porción del kirchnerismo no quería forzar una sesión especial. La primera opción fue encontrar legisladores de otras bancadas y juntar las cinco firmas que pide el reglamento de la Cámara alta para solicitar un encuentro en el recinto. Después de una semana de deliberaciones, la negativa de otras fuerzas derivó en un pedido solitario de cinco legisladores kirchneristas.
Ante la jugada del Frente de Todos, el oficialismo y la oposición no kirchnerista tuvieron que tomar una decisión. La complejidad de esto es que hay un puñado de senadores que ya mostraron su rechazo absoluto al DNU. Otros no lo afirmaron de manera pública aunque deslizaron que, si el cristinismo consigue quorum, bajarán y votarán en contra.
Bajo esta perspectiva, la señal de los supuestos “aliados” del oficialismo en la Cámara alta fue clara: que Victoria Villarruel pagara el costo político de no validar el pedido de sesión especial del jueves pasado. La titular tiene la potestad de fijar día y hora con aval del reglamento de la Cámara alta, según el artículo 20.
El artículo en cuestión establece que “el presidente, luego de recibir la petición, dispondrá la respectiva citación para el día y hora que mejor estime, si no los ha señalado el Cuerpo, según sea el asunto o las circunstancias del caso”.
La reacción del cristinismo no se hizo esperar: el jueves pasado armó una desprolija conferencia en el despacho de José Mayans para denostar a Villarruel y adelantar que todas las semanas realizarán un pedido de sesión especial para tratar el mega DNU. Dos integrantes no estuvieron presentes: los exgobernadores de San Juan y Tucumán, Sergio Uñac y Juan Manzur. El último firmó la solicitud para ir al recinto.
Demora
El Senado todavía espera la ley ómnibus y desde algunos despachos dan por hecho la obligación que tendrá el Ejecutivo de prorrogar las sesiones extraordinarias, tal como contó este medio el fin de semana pasado. Aun haciéndolo, la iniciativa corre riesgo de quedar para el período ordinario, que se iniciará el 1 de marzo.
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