
Durante la noche del lunes, la Policía Nacional Civil (PNC) realizó la captura de un individuo en la comunidad La Labor, ubicada en Soyapango, San Salvador Este, tras recibir denuncias sobre violencia y amenazas.
El operativo se llevó a cabo como respuesta a un hecho que involucró agresiones físicas, amenazas de muerte y daños a la propiedad de familiares de la víctima.
El detenido fue identificado como Carlos Javier Ventura Chávez, de 34 años. En un episodio de violencia Ventura Chávez agredió físicamente a su compañera de vida y la amenazó con quitarle la vida. Además, incendió una motocicleta que pertenecía a un familiar de la víctima, lo que agravó la situación.
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Al momento de la intervención, las autoridades le decomisaron un arma de fuego y varios cartuchos, los cuales portaba de manera ilegal.
Después de su detención, los agentes le practicaron una prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado de 100° de alcohol, confirmando que se encontraba en estado de ebriedad cuando ocurrieron los hechos. Ventura Chávez será remitido a las instancias correspondientes por los delitos de lesiones, amenazas y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
La PNC advirtió que cometer delitos bajo los efectos del alcohol puede acarrear graves consecuencias legales y reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar conductas que pongan en riesgo la seguridad de las personas.
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En El Salvador, la portación ilegal de armas de fuego se sanciona con penas que varían según la gravedad y las circunstancias del caso. La legislación establece condenas de entre 4 y 8 años de prisión para la tenencia o portación no autorizada, y estas pueden aumentar si existen agravantes, como la comisión de otros delitos o reincidencia.
Ventura Chávez también será procesado por agresiones físicas contra una mujer, delito tipificado bajo la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Las penas dependen del tipo y gravedad de la lesión, pero en casos graves pueden alcanzar hasta 12 años de prisión. Si la agresión es considerada intento de feminicidio o lesiones graves, la condena puede incrementarse.
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Mientras que por el delito de amenazas de muerte, el Código Penal de El Salvador contempla penas de 3 a 6 años de prisión. Si las amenazas se consideran agravadas, por ejemplo, si se realizan con armas o contra mujeres en situación de vulnerabilidad, la pena puede ser mayor.

Violencia contra las mujeres en El Salvador: cifras y desafíos
La violencia de género en El Salvador continúa generando preocupación. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 13 feminicidios, un aumento del 18 % respecto al mismo periodo del año anterior, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). Más de la mitad de los casos tuvo como responsables a parejas o exparejas de las víctimas, lo que confirma la gravedad de la violencia en el ámbito íntimo.
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Santa Ana concentró la mayor parte de los feminicidios, seguida de San Salvador y otros departamentos. Los métodos más frecuentes fueron el uso de armas blancas y la asfixia. La mayoría de las víctimas tenía entre 31 y 50 años.
A pesar de una disminución en 2025, Ormusa advierte que el acceso restringido a datos oficiales y la falta de clasificación adecuada dificultan la respuesta institucional.
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