El Gobierno promueve desde hoy un “paro activo” en obras públicas de todo el país, en contra de las propuestas que planteó la oposición en materia de inversión estatal en infraestructura. Según el ministro Gabriel Katopodis, que participó activamente de la manifestación, estarían en riesgo unas 500 mil trabajadores directos e indirectos si se llegaran a aplicar esas medidas de recorte en la inversión estatal.
La inusual convocatoria, que ocurrirá a 40 días de las elecciones presidenciales, refuerza las críticas que desde el oficialismo de Unión por la Patria vienen planteando sobre las ideas presentadas en la campaña por Javier Milei, de La Libertad Avanza, y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio.
El ministro lideró la primera manifestación, que empezó este miércoles a las 10. Más tarde se unirá el presidente Alberto Fernández en la Autopista Presidente Perón, a la altura del partido bonaerense de Merlo. “Decidimos en el Ministerio llevar a cabo un paro activo en todo el país en defensa de la obra pública. Se hará en los obradores por un período de 30 minutos con funcionarios, arquitectos, ingenieros, inspectores y otros trabajadores que a menudo se desempeñan en oficinas y escritorios. Estaremos presentes en puentes, rutas, universidades y plantas potabilizadoras de agua, dialogando con los trabajadores”, expresó el ministro.
“Arrancamos el paro activo en la obra de renovación de la Av. Gaona, en Morón, y esto está pasando ahora en provincias de todo el país para conversar con los trabajadores y trabajadoras de lo que está en riesgo si se para la Obra Pública”, posteó el funcionario en su cuenta de Twitter, con imágenes de su diálogo con operarios.
Katopodis afirmó que el objetivo de esas asambleas es que la discusión sobre el impacto de un recorte en ese rubro llegue a cada familia y a cada trabajador. “Queremos discutir con el capataz en cada obrador, para que la discusión sobre el futuro de la obra pública llegue a todos los argentinos. No queremos que los hijos de los trabajadores voten sin comprender lo que está en juego”, enfatizó.
En relación a las propuestas de la oposición, Katopodis señaló que incluyen la posibilidad de cerrar el Ministerio de Obras Públicas, limitar la obra pública solo a la Ciudad de Buenos Aires, o volver al sistema PPP (Participación Público-Privada) para las inversiones en infraestructura.

El ministro argumentó que esta última opción no es adecuada para el desarrollo de infraestructura esencial en regiones alejadas de los centros urbanos, donde el sector privado no tendría incentivos para invertir. “El sector privado no construirá una escuela en Chilecito, en La Rioja, ni una universidad pública en Paraná, Entre Ríos. Necesitamos construir la infraestructura necesaria para el desarrollo de nuestro país”, afirmó Katopodis.
Además, Katopodis instó a los trabajadores a tomar partido en esta discusión y destacó que “las asambleas son fundamentales para conversar y discutir, para que los capataces y los trabajadores puedan llevar estas discusiones a sus hogares y a su círculo familiar. También invitamos a intendentes y gobernadores a unirse a la conversación y entender su importancia”, consideró Katopodis.
Contra la oposición
A pesar de que evitó dar nombres, uno de los más críticos de la obra pública durante la campaña fue Javier Milei. En el documento que presentó el diputado libertario semanas atrás, titulado “Bases de Acción Política y Plataforma Electoral Nacional 2023″, se estableció en el punto 10 del capítulo de Reforma Económica que buscarán “incentivar las inversiones privadas para la ejecución de obras que fomenten el comercio y las economías regionales, favoreciendo el intercambio de productos en todo el territorio nacional”.
“La obra pública se financia con impuestos, lo que desplaza el trabajo desde donde el mercado lo asignó a donde el político ordenó. Más impuestos significan menos ingresos para los individuos, lo que, además del daño causado por el robo, se suma al hecho de que no podrán adquirir los bienes que deseen. Proponemos un régimen de iniciativa privada al estilo chileno, donde el riesgo es asumido por los empresarios y la obra es financiada por los usuarios. Dado que este mecanismo es claro y ha tenido éxito en Chile, la pregunta es por qué tanta resistencia. La respuesta es obvia: los políticos corruptos y aquellos que dependen de la obra pública salen perdiendo”, publicó Milei en Twitter.
Katopodis en el anuncio del “paro activo” evitó dar nombres ni mencionar a qué sector de la oposición se estaba refiriendo. En cambio, el Ministerio de Obras Públicas informó que concluyeron 4.002 proyectos en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con impacto en el 100% de los municipios del país y que forman parte de las 6.711 obras en marcha desde el inicio de la gestión. “Esto equivale a que, en promedio, se han finalizado tres obras diarias desde el 10 de diciembre de 2019″, informó la cartera oficial.
También confirmó que se hicieron 1.070 obras relacionadas con la conectividad e infraestructura vial, 1.607 destinadas a la gestión integrada del recurso hídrico, y 1.325 que abarcan infraestructura rural, urbana y de cuidado. Y que se alcanzó “un récord histórico en la cantidad de trabajadores registrados en el sector de la construcción, superando los 500 mil empleos”.
Sobre este último argumento -la posibilidad de que estén en riesgo medio millón de puestos de trabajo vinculados a la construcción- girará la campaña del oficialismo. Así como lo señaló en materia de educación o la dolarización o la reforma laboral, Unión por la Patria buscará exponer públicamente en cada sector cuál es el impacto que podrían tener las medidas que anunció la oposición en la campaña.
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