La Cámara de Diputados tiene en lista de espera tres proyectos de ley que buscan evitar los discursos de negacionismo y la apología de genocidios y crímenes de lesa humanidad, así como también que estos se propaguen en los medios de comunicación. El debate comenzó en marzo de 2022 con diferentes propuestas, pero hasta el momento ninguna consiguió el quórum para avanzar en su tratamiento en el Senado.
La última propuesta fue presentada esta semana por la diputada nacional y precandidata a senadora Carolina Moisés, representante de Jujuy en el bloque del Frente de Todos (FdT), ahora Unión por la Patria, en donde impulsó la idea de sancionar penalmente a todo aquel que niegue la represión y los delitos cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983). El borrador de la iniciativa se presentó luego del pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien solicitó que se sancione una ley que condene al negacionismo.
En caso de ser aprobada, el contenido se sumaría al capítulo “Atentados al orden constitucional y a la vida democrática” del Libro X del Código Penal, debido a que la ley en discusión sumaría un agravante dirigido contra los funcionarios públicos, agentes de las fuerzas de seguridad e integrantes de las Fuerzas Armadas.
“La iniciativa incluye además de la represión por el Código Penal, una capacitación para funcionarios y para los que hubieran sido condenados por infringir la normativa”, explicó la diputada al manifestar que el objetivo es “dejar una contribución en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, reivindicando el rol del Estado que debe velar ayer, hoy y siempre por la verdad histórica”, de acuerdo a las declaraciones tomadas por Télam.
Anteriormente, el diputado cordobés del Frente de Todos Eduardo Fernández entregó un proyecto de ley en septiembre de 2022, en donde propuso que las personas que fueran imputadas por cometer alguno de los delitos que se buscarían tipificar deban afrontar una condena que podría variar entre tres meses y dos años. En ese momento, el documento contó con las firmas de sus compañeros de partido Carlos Heller, Rosa Bertone, Pablo Carro, Sergio Casas, Ricardo Herrera, Carlos Ponce y Susana Landiscini.
De la misma manera, las condenas que planteó Fernández contarían con un agravante si el emisor del mensaje se tratase de un funcionario o funcionaria pública que se desempeñe en cualquier estrato del Estado, sin importar la jerarquía y la jurisdicción en la que preste sus servicios. En estos casos, la iniciativa propone que los acusados fueran sancionados con la “destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años”.
Por otra parte, la propuesta de Fernández contaba con algunas modificaciones sobre el proyecto que su compañera, la diputada del FdT Estela Hernández, presentó en marzo de 2022, debido a que, en esa primera ocasión, la legisladora solicitó establecer sanciones penales que podrían ir desde los dos meses a los dos años.
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En el caso de las personas que posean un cargo público, la inhabilitación especial se calcularía por el doble de tiempo que reciban en la condena. Este primer escrito fue redactado por Hernández, pero contaba con las firmas de otros diputados del bloque peronista como Hilda Aguirre, Mabel Caparros y Gabriela Pedrani.
De acuerdo con el análisis de la composición de la cámara baja, desde el sector oficialista argumentaron que la paridad fue una de las grandes trabas para conseguir la media sanción, debido a que poseen 118 legisladores y mientras que Juntos por el Cambio reúne 116, de acuerdo con la información de Télam.
Por el momento, el tratamiento de la iniciativa presentada por Moisés fue recibida en el recinto, pero no contaría con una fecha estimativa para su análisis y debate entre los integrantes de la comisión especial.
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