Una diputada del Frente de Todos anunció hoy que presentará en la Cámara baja una proyecto de ley para incorporar al Código Penal sanciones para quienes nieguen o minimicen los crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa de la legisladora Carolina Moisés, de Jujuy, será presentada luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner haya reclamado públicamente una ley contra el “negacionismo”.
El lunes pasado, la ex mandataria y el ministro de Economía, Sergio Massa, encabezaron en Aeroparque un acto por la recuperación de uno de los aviones que se utilizó en los denominados “vuelos de la muerte” de la ESMA. También participaron Abuelas de Plaza de Mayo.
“Argentina necesita una ley de negacionismo. No la necesitó hasta 2015 porque no había nadie que negara (los crímenes de la última dictadura militar)”, planteó la vicepresidenta. Y continuó: “Resulta increíble que frente a algo que es reconocido como una tragedia de la humanidad en el mundo entero, haya gente todavía en nuestro país que niega lo que ha pasado. El pasado no se puede cambiar, pero sí sirve para aprender de él y sacar las mejores cosas”.
En ese sentido, señaló que en Alemania rige una normativa similar “donde está prohibido tener algo nazi”. “Vas preso y es obligación visitar las escuelas para saber lo que pasó”, detalló.
Sus dichos parecían destinados a confrontar con el discurso del ex presidente Mauricio Macri, quien en un seminario junto al ex mandatario español José María Aznar (Partido Popular) volvió a hablar del “curro de los derechos humanos”.
“Han utilizado hasta la tragedia que vivimos en la Argentina, que yo califiqué el comportamiento de ellos como el curro de los derechos humanos., utilizaron esa tragedia para justificar saquear el Estado de distintas maneras, con listados de gente que cobró subsidios que nadie puede verificar. Estamos hablando de millones de dólares en un país tiene estos problemas de pobreza”, dijo Macri en aquella oportunidad.
El proyecto presentado por la diputada Moisés propone incorporar un artículo al código penal que estipule que “será reprimido con prisión de dos meses a dos años el que públicamente niegue, minimice o justifique, reivindique o hiciera apología de la comisión de delitos respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad - previstos por el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere-”.
En el caso de ser funcionarios, la pena incluye la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la pena recibida.
Este punto podría alcanzar a diferentes figuras de la oposición que suelen cuestionar la cifra de desaparecidos y las políticas de derechos humanos, como José Luis Espert o la libertaria Victoria Villarruel, que, en contraparte, lidera una organización civil que reclama resarcimiento para las víctimas de las organizaciones guerrilleras en los 70.
“Es inaceptable seguir siendo testigos de cómo se tergiversa nuestro pasado común negando las evidencias. El Estado debe velar ayer, hoy y siempre por nuestra verdad histórica”, planteó la autora del proyecto a través de las redes sociales.
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