Las diferencias internas del Gobierno dejaron paralizado el desembarco del Ejército en Rosario anunciado por Alberto Fernández

“No estoy muy de acuerdo en eso de que van a participar con ingenieros militares en trabajos de ordenamiento urbano, me gustaría mirarlo un poco más”, respondió el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ante el requerimiento de un diputado opositor y ex ministro de defensa Ricardo López Murphy al tiempo que sostuvo que estaba más cerca de la postura del legislador que de la expresada en el anuncio presidencial.

Si bien con posterioridad intentó corregir el rumbo manifestando que lo que quiso decir era que pedía tiempo para entender la medida, quedó en claro para el pleno de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que el anuncio presidencial sobre el envío de fuerzas federales a Rosario no había sido lo suficientemente consensuado puertas adentro del gabinete.

La honestidad de Aníbal Fernández sumada al giro copernicano de la postura de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto -quien primero aplaudió el envío de tropas militares a Rosario y luego lo repudió- junto a las distintas muestras de reprobación de distintos referentes de organismos de derechos humanos causaron un verdadero cataclismo puertas adentro del mundo militar.

Sin la confirmación de que Aníbal Fernández destinará efectivos de las fuerzas federales de seguridad a “custodiar” al personal castrense -tarea que quedaría en manos de la policía local-, fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por Infobae expresaron de manera contundente que “Taiana no va a mandar a ningún integrante del Ejército sin protección de las fuerzas federales”.

La postura ministerial está en sintonía con algunos requisitos mínimos que hombres y mujeres del Ejército Argentino plantean para poder realizar la tarea que se les encomiende con un mínimo de seguridad personal. “No podemos ir a una zona francamente hostil a la autoridad del Estado uniformados y sin armas. No solo arriesgaríamos nuestra vida, sino que ni tan solo podríamos asegurar la integridad de los materiales y maquinarias puestos a nuestro cargo”, manifestó un oficial jefe del Ejército consultado por este medio.

Tal como anticipara Infobae, el imprevisto anuncio presidencial tomó por sorpresa a buena parte de las autoridades civiles y militares que ahora tendrán que poner su trabajo y su cuerpo en el terreno.

Por estas horas el plan militar de Alberto Fernández está en pausa. Las tareas concretas a realizar no están totalmente definidas, como tampoco lo están cuestiones logísticas mínimas inherentes a alojamiento de personal, racionamiento del mismo, partida presupuestaria para viáticos, traslados y -fundamentalmente- quien asumirá los costos de la provisión de los materiales que se deberían proveer para ejecutar las obras que se encomienden.

La decisión del ministro de Defensa en cuanto tener como prioridad garantizar la seguridad de la tropa por sobre toda otra cuestión es por ahora la única certeza que tiene el personal militar. “La cobertura por parte de la devaluada policía provincial no es una opción”, señalan en el edificio Libertador.

Al margen de la veracidad de las afirmaciones de distintos voceros oficiales acerca de la cada vez más frecuente intervención de las fuerzas armadas en el seno de comunidades civiles, lo que el Presidente no tuvo en cuenta en la radical diferencia entre todo lo hecho hasta el presente en materia de asistencia social y sanitaria militar y el escenario al que quiere llevar ahora al personal uniformado.

“Venimos de una sucesión de verdaderos éxitos en materia de operaciones cívico militares en distintos escenarios. Junto con los ministerios del Interior, Desarrollo Social, Defensa y Seguridad, Medioambiente, Agricultura y Ganadería y otros hemos desarrollado desde campañas sanitarias fluviales, construcción de puentes, despejado de caminos bloqueados por lava volcánica hasta la ejecución del despliegue militar más grande desde la guerra de Malvinas durante las campañas Belgrano I y II durante la pandemia COVID-19″, sostuvo un oficial superior de otra de las fuerzas armadas.

La misma fuente agrega: “Quienes asesoraron al Presidente tal vez no han tenido en cuenta que el escenario en el que se pretende ahora desplegar al personal militar es radicalmente distinto. Si bien es seguro que las personas de bien que habitan en esa zona tan particular de la provincia de Santa Fe nos reciban con los brazos abiertos, los índices de criminalidad en el lugar son los más elevados del país y el territorio está copado por delincuentes narco que desafían sin dudarlo a la autoridad estatal. Nuestro personal jura entregar su vida en defensa de la patria, pero eso no quiere decir que los tengamos que sacrificar a manos de delincuentes”.

En medio del desconcierto que por estas horas impera entre los uniformados, los hechos de violencia armada sucedidos con posterioridad al desembarco de las fuerzas federales ocurrido hace pocas horas no hicieron más que alimentar la reserva con la que el alto mando militar está manejando la situación.

Si bien oficialmente la programación de las tareas sigue adelante, en la práctica todo está congelado a la espera de una decisión expresa del ministro Aníbal Fernández en cuanto a garantizar la integridad física de los ingenieros militares. “Un rasguño en un soldado fruto de una agresión armada tendría consecuencias inimaginables”, sentenciaron los militares consultados.

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