En una entrevista con Felipe Vega Terra, director del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, el académico advirtió que el Gobierno nacional no ha transferido “ni un peso del presupuesto” que exige la ley de financiamiento universitario, a pesar de la reciente orden judicial de cumplimiento inmediato.
Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Vega Terra remarcó la gravedad del conflicto: “Por segunda vez, como bien señalabas vos, en septiembre el Congreso ratificó, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, el 70% de los diputados y el 80% de los senadores ratificaron esta ley que el Gobierno había vetado”. Explicó que, tras la ratificación parlamentaria y dos fallos judiciales, “al día de hoy, todavía los docentes universitarios, los trabajadores universitarios y las universidades seguimos sin contar con el presupuesto que la ley indica que tenemos que tener”.
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El impacto del incumplimiento: salarios docentes y fuga de profesionales
Vega Terra detalló la magnitud del deterioro salarial: “En enero la inflación fue de 3,7%, el aumento que el Gobierno dio de manera unilateral sin convocar a paritaria fue del 2,8. Al mes siguiente la inflación fue del 2,9 y el aumento fue del 2,2. Y este mes se dio un aumento del 2% cuando se espera una inflación, todavía no está el número para marzo, del 3%”. Subrayó que, desde diciembre de 2023, los salarios docentes “llevaron perdido casi un tercio del poder adquisitivo. Para quedar empatados a los salarios reales que teníamos en diciembre del 2023 los trabajadores universitarios, tendría que haber un aumento que a este mes es superior al 50% del sueldo que cobramos hoy”.
El director del CBC aportó cifras concretas: “Por las tres horas que trabajo en el Nacional de Buenos Aires, cobro un sueldo de 146 mil pesos”. Para un cargo inicial de jefe de trabajos prácticos (JTP), “hay una garantía de 260 mil pesos en mano por una dedicación simple”. En casos de dedicación exclusiva, un docente puede alcanzar “aproximadamente 1.350.000 pesos”, aunque señaló: “Es bastante por debajo de la línea de pobreza”.
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Alertó que la situación genera una “fuga de profesionales”: “Tenemos muchos profesores, sobre todo estos profesores con dedicación exclusiva… Son personas con formaciones de posgrado, de doctorado, de posdoctorado o, en las carreras profesionales, personas que tienen una actuación muy destacada en sus campos profesionales y laborales. Es un recurso humano muy deseado por universidades privadas, por institutos de investigación, por el exterior”.
Fallo judicial y respuesta política: el derecho a la educación en juego
El reciente fallo de la Cámara Contencioso Administrativa Federal subrayó la obligación del Gobierno de cumplir la ley y actualizar salarios y becas, además de remarcar el bajo impacto fiscal. “En diciembre, un juez de primera instancia le indicó al Gobierno, con una medida cautelar, que es obligada por un juez federal a implementarla, y al día de hoy, todavía los docentes universitarios, los trabajadores universitarios y las universidades seguimos sin contar con el presupuesto que la ley indica que tenemos que tener”, insistió Vega Terra.
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Consultado sobre el destino de los docentes que abandonan la universidad pública, el director explicó: “Tenés distintos niveles de destinos del éxodo, pero realmente es contundente. Ya van dos años y medio de este conflicto y cada vez empeora, porque cada mes que pasa con una pauta salarial por debajo de la inflación, esa brecha aumenta cada vez más”.
La justicia también cuestionó el intento del Ejecutivo de frenar la norma por decreto y recalcó que está en juego un derecho clave como la educación pública. Vega Terra remarcó: “Una ley que resolvería el problema de la urgencia presupuestaria, tanto de los gastos de funcionamiento de las facultades… permitiría arreglar muchas de esas cosas que señalabas, o mejorar y profundizar otras que andan muy bien”.
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Pluralidad en la UBA y el pedido de “cumplir la ley”
Vega Terra defendió el carácter plural de la Universidad de Buenos Aires y su rol estratégico en la sociedad: “En la Universidad de Buenos Aires dan clase Alejandro Finochiaro, que es diputado del PRO, aliado de Libertad Avanza, Sabrina Ajmechet, que es diputada del PRO, aliada de Libertad Avanza… El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, es profesor adjunto a cargo de una cátedra de Ciencia Política en el CBC, colega… Para decir gente que está ahora en la actividad política”.
El académico insistió en que el problema trasciende la disputa partidaria: “Esto es algo que trasciende la cuestión partidaria. Es importante que cuidemos algo que funciona bien y estos nombres que le di se podrían sumar una muy larga lista de funcionarios de este gobierno, de gobiernos universitarios”.
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Sobre la relación institucional con el Gobierno, señaló: “En relación a este tema no hay, no hay relación. La UBA hizo lo que dice la Constitución que tiene que hacer, que es darle la rendición de cuentas a la AGN. Y un juez de primera instancia, que en diciembre del 2024 le dijo al Gobierno: ‘Tiene razón la universidad y no el Gobierno’”.
Vega Terra concluyó: “Le pedimos al Gobierno que aproveche esta oportunidad que tiene. Le cuesta a veces cambiar el rumbo en algunas cosas, pero que aproveche y que haga algo muy sencillo: cumplir la ley y lo que dijo la justicia”.
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