Alberto Fernández insistió hoy en criticar la “opulencia” de la ciudad de Buenos Aires en medio de la disputa que mantiene con el gobierno porteño y la Corte Suprema, luego del fallo judicial que benefició a CABA en la disputa por los fondos de la coparticipación federal.
“Soy el primer presidente que nació en la ciudad de Buenos Aires, el primer porteño, y tengo el orgullo de decir que soy el más federal de los porteños”, señaló durante un acto en Posadas, Misiones. “Me peleo mucho con mi cuidad para que deje de lado su opulencia y sea parte de una mejor distribución de riqueza”, agregó.
El mandatario estuvo acompañado al gobernador, Oscar Herrera Ahuad, uno de los mandatarios que ayer no participó de la convocatoria formal en Casa Rosada y no acompaña su avanzada contra los integrantes del máximo tribunal.
Ayer, Alberto Fernández invitó a los gobernadores para mostrar fortaleza y delinear el texto de juicio político, encuentro que culminó con la firma de un documento al que adhirieron los mandatarios de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
Pero decidieron no participar de la embestida contra la Corte los jefes provinciales afines y representantes del PJ en San Juan, Sergio Uñac; Santa Fe, Omar Perotti; San Luis, Alberto Rodríguez Saa; y Salta, Gustavo Sáenz. Tampoco los opositores Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) ni gobernadores disidentes, que se comportan de forma ocasional como aliados, Arabela Carreras, de Río Negro; y Omar Gutiérrez, de Neuquén.
Otros dos mandatarios que no acompañan son Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Mariano Arcioni (Chubut). Así, la cantidad de mandatarios provinciales que apoyan al Presidente son solo 11, lejos de la mayoría que había proclamado el Gobierno.
En cuanto al proyecto de Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema, el Gobierno tiene los votos para su tratamiento en Comisión pero no cuenta con el apoyo político para avanzar en el recinto. Es decir, hasta el momento cuenta con 16 de los 31 miembros para dictaminar, pero tiene 73 de los 171 diputados necesarios para que la acusación pueda avanzar en Diputados y la discusión pueda trasladarse al Senado.
El proceso señala que una vez que la Comisión habilita la denuncia se inicia un sumario que incluye la citación de testigos, la solicitud de información a jueces federales, el pedido a un juez para que ordene interceptar conversaciones telefónicas y la declaración del propio imputado.
La presidenta de la Comisión, la diputada del Frente de Todos por Entre Ríos, Ana Carolina Gaillard, adelantó en diferentes programas periodísticos que no descartan citar a Rosatti y a los otros miembros de la Corte. Así como también al ahora con licencia ministro de Justicia de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro.
Por otro lado, el Gobierno prepara el llamado a sesiones extraordinarias para acelerar el tratamiento del juicio político contra la Corte Suprema. Se trata de un horizonte difícil para las intenciones del Frente de Todos. Juntos por el Cambio, muy crítico, no aportará ninguna voluntad; los aliados circunstanciales del oficialismo se despegaron; y cuatro gobernadores del peronismo también decidieron tomar distancia, a pesar de que escucharon los argumentos del Gobierno e incluso evaluaron acompañar.
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