Por qué Cristina Kirchner no irá presa y podría ser candidata en 2023 a pesar de la condena en su contra

Cristina Kirchner fue condenada esta tarde a 6 años de prisión en la causa Vialidad por defraudación al Estado, pero, de todos modos, la Vicepresidenta no irá a la cárcel. En principio, porque por su cargo tiene fueros de inmunidad de arresto y para que se los quiten debe pasar por un juicio político. Pero, además, porque para que una eventual detención se concrete, la sentencia debe quedar firme para que comience a cumplirse y, para eso, debe pasar por otras instancias judiciales.

A eso se suma que en este expediente la ex presidenta nunca tuvo prisión preventiva. Y en sus alegatos, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola no solicitaron la detención de la titular del Senado cuando pidieron que sea condenada a 12 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Al ser la condena de cumplimiento efectivo, quedará firme y en condiciones de ejecutarse cuando pase por dos instancias judiciales más. Primero, la Cámara Federal de Casación Penal y, en segundo lugar, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Si la Corte deja firme la condena, Cristina Kirchner deberá cumplirla. Si es a prisión se abre la instancia de que puede ser en domiciliaria. La ex jefa de Estado cumplirá 70 años el próximo 19 de febrero. La ley establece que a partir de esa edad se puede solicitar la prisión domiciliaria. Pero no es automático. La norma dice que el juez “podrá” otorgar esa modalidad de detención. De hecho hay personas de menos de 70 años en prisión domiciliaria por problemas de salud o mayores de edad que están detenidos en una prisión.

En caso que Cristina Kirchner esté ocupando un cargo electivo -presidenta, vicepresidenta, diputada o senadora- se abrirá una instancia de discusión política. Se deberá iniciar un proceso de juicio político para que le quiten los fueros. Eso también en caso que la condena sea para que no pueda ejercer más cargos públicos.

La condena tampoco afecta una eventual candidatura para el 2023. Uno de los delitos por el que la Fiscalía pidió que sea condenada contempla como pena la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero ocurre lo mismo que con una detención: la sentencia debe quedar firme. Respecto de una candidatura, Cristina Kirchner cuenta con el antecedente del ex presidente Carlos Menem. Para las elecciones de 2017, el riojano tenía una condena por la venta de armas a Croacia y Ecuador y se pidió su inhabilitación para que pueda postularse para ser reelecto senador nacional. Pero la Corte Suprema avaló que vaya a elecciones porque la condena no estaba firme.

También en caso de que la sentencia quede firme, la Vicepresidenta perdería la jubilación y la pensión que cobra actualmente, la administración de sus bienes y no podría votar ni ser votada.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dieron a conocer el veredicto por videoconferencia. Cristina Kirchner se conectó al sistema Zoom para presenciar la lectura. Los fundamentos de la decisión estarán dentro de 40 días hábiles después de la feria judicial de enero.

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El juicio comenzó en mayo de 2019 y se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo el fiscal Luciani en el inicio de sus alegatos. El fiscal dio por probado que las licitaciones fueron amañadas, que las empresas no tenían capacidad para hacerlas, que la mayoría no las terminó y que a pesar de eso fue el único empresario que cobró la totalidad.

Luciani pidió que Cristina Kirchner y Báez sean condenados a 12 años de prisión. Acusó a la vicepresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, para el ex secretario de Obras Públicas José López y para el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti reclamó 10 años de cárcel, entre los principales acusados.

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