El fiscal federal Carlos Stornelli pidió que el juez Daniel Rafecas dicte una medida cautelar de “no innovar” y no se permita la transferencia de las tierras del Ejército Argentino situadas en Bariloche, Río Negro, que reclama como propias la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue.
Stornelli es fiscal en una causa radicada en Comodoro Py en la que se investiga si los funcionarios públicos nacionales cometieron delito cuando no apelaron en tiempo una decisión de una jueza federal subrogante de Bariloche que había ordenado ceder las tierras del Ejército a la comunidad mapuche que reclamaba su propiedad.
En aquella causa, la apelación de la decisión de la jueza Silvina Domínguez corrió por cuenta de la Procuración del Tesoro, pero llegó tarde. Se presentó luego de vencido el plazo ante la Cámara Federal de General Roca. De ese modo, quedó firme la sentencia de la jueza.
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“Si bien el Ejército Argentino no es parte en estas actuaciones, la misma le causa un gravamen irreparable a mi mandante, habida cuenta ordena al Poder Ejecutivo Nacional que transfiera a título gratuito al Instituto Nacional de Asuntos Indígena -para su adjudicación a la Comunidad accionante-, un inmueble asignado en uso y administración de la Fuerza que represento”, decía la apelación tardía presentada por Silvia Cristina Vázquez, abogada de la Procuración del Tesoro Nacional.
El caso en Buenos Aires se inició a partir de la denuncia de diputados nacionales que señalaron que Vázquez, al presentar tarde la apelación, incurrió en prevaricato. La lectura es que el oficialismo tenía la intención política de ceder las tierras del Ejército a la comunidad mapuche y por eso no se apeló a tiempo la decisión.
La denuncia quedó radicada en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas con la intervención de Stornelli. Fue en ese expediente que el fiscal pidió que se dicte la medida cautelar de “no innovar” y no se transfieran las tierras del Ejército (donde funciona la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón) mientras se tramite la causa en la que interviene.
Tanto el Ministerio de Defensa como el Ejército y el Ministerio Público Fiscal presentaron recursos extraordinarios contra la decisión de la Cámara Federal de General Roca que había dejado firme la decisión de la jueza de Bariloche por la cual se debían entregar las tierras. Los recursos fueron presentados para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara la situación
El pedido de Stornelli a Rafecas se dio luego de que ayer la Cámara Federal de General Roca denegara los recursos extraordinarios presentados. La denegatoria de los recursos extraordinarios habilita la presentación en queja ante la Corte.
Mientras se investiga el caso sobre los funcionarios en Comodoro Py Stornelli pidió que no se traspase el dominio de las tierras. El fiscal sostiene que su investigación está avanzada de hecho pidió la indagatoria de varios imputados.
En agosto pasado el fiscal había pedido la indagatoria por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y prevaricato de Silvia Vázquez, abogada designada por la Procuración del Tesoro para representar al Ministerio de Defensa en la causa; de Nicolás Rodríguez Vaccarezza, integrante del cuerpo de abogados del Ministerio de Defensa; de Leonardo Havela, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa; de Agustín Gasparini, director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa; y de Julián Fernández Duarte, director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En octubre pasado el juez Rafecas dispuso el llamado a indagatoria sin fecha de los imputados, para realizar algunas medidas de prueba.
Stornelli fundamentó su pedido no en el valor de los terrenos sino en la importancia desde el punto de vista de la defensa nacional que tiene la Escuela de Montaña. En su pedido de medida cautelar de no innovar, el fiscal citó argumentos presentados por el Ejército en la causa radicada en Río Negro. Allí se explica el por qué es importante el terreno para cuestiones estratégicas: “…que la afectación de la defensa nacional derivaría de la imposibilidad del Ejército Argentino de continuar realizando la instrucción del personal militar en la jurisdicción en la cual se encuentra el inmueble de que se trata, dificultando, simultáneamente, la preparación y alistamiento del personal y medios que se destina al apoyo de la comunidad local. Se añade en el mismo escrito que en la jurisdicción de la Escuela Militar de Montaña se forman y perfeccionan las tropas de montaña del Ejército, que tienen asignadas responsabilidades de defensa territorial sobre toda la cordillera de los Andes. Por último, se señala allí que la fuerza no tendría otro centro para estas capacitaciones”.
El fiscal pidió que el juez tome la medida de manera urgente porque si se cedieran los terrenos se podría producir una situación irreparable.
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