El fiscal federal Guillermo Marijuán realizó una grave denuncia penal por las incompatibilidades detectadas por la AFIP entre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y pidió la suspensión y el reempadronamiento de los planes sociales otorgados de manera irregular. La investigación preliminar, basada sobre el relevamiento efectuado por la AFIP, realizado sobre el universo de 1.383.279 titulares de ese plan, detectó que:
- 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil, que, según la última actualización, asciende a 57.900 pesos.
- 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.
- 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales.
- 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave,
- 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad.
- 835 pertenecen al régimen simplificado categoría C o superior.
- 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros.
- 209 poseen medicina prepaga o cobertura social.
- 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación
- 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.
- 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.
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La investigación preliminar del fiscal federal se realizó después de que Infobae revelara la existencia de beneficiarios de ese plan social que compraron dólares para ahorro y presentaron declaraciones de bienes personales, hechos que no los ubicaría entre los que pueden acceder al beneficio.
Con esos datos en la mano, Marijuán solicitó la información para analizar los números allí vertidos hizo la denuncia. La misma es por el delito de defraudación contra la administración pública cometido por quienes se inscribieron en el Programa Potenciar Trabajo sin tener las condiciones para hacerlo. Fue allí donde el fiscal pidió que una vez que sea impulsada la investigación penal se suspendan los beneficios del plan para las personas identificadas por cometer las irregularidades y se realice un reempadronamiento.
El ministerio de Desarrollo Social había pedido que la AFIP cruzara la información disponible de los beneficiarios del Potenciar Trabajo para relevar cuál era la situación económico-financiera de los que recibían esa prestación estatal. La primera información relevada fue la de los consumos con tarjeras de crédito o débito que superaran en dos o más veces los ingresos provenientes del plan social.
El Programa Potenciar Trabajo depende, dentro de la estructura del ministerio de Tolosa Paz, de la Secretaría de Economía Popular a cargo de Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita e integrante de la Unión Trabajadores de la Economía Popular integrada.
Lo señalado por la AFIP, y tomado como propia por el fiscal Marijuán está comprendido entre las “incompatibilidades” previstas en la Resolución “2020-121-APN-MDS”, del 18 de marzo de 2020 y publicada en la página oficial del ministerio de Desarrollo Social.
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Allí se precisa que entre las incompatibilidad al “ingreso y la permanencia en el programa Potenciar Trabajo” abarca a las personas que:
-”Sean titulares de cualquier tipo de establecimiento comercial abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo, así como con la titularidad de cualquier tipo de explotación agrícola o ganadera que no sean las establecidas en el Registro Nacional de la Economía Popular”.
-”Sean titulares de más de un bien inmueble”.
- “Sean titulares de un automotor, embarcaciones y/o aeronaves, cuya antigüedad sea menor a 10 años”.
- “Perciban pensiones o prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, mutualidades de previsión o de cualquier otro sistema público de protección”.
- “Perciban jubilación contributiva o no contributiva”.
- “Perciban prestación o subsidio por desempleo reconocido por pérdida de un empleo a jornada completa. Esto es que perciban más de la mitad de un Salario Mínimo Vital y Móvil”.
La información volcada por Marijuán en su denuncia penal parece contradecir los dichos de la ministra. Más allá de la cantidad de personas que pagan o no el impuestos de Bienes Personales, que en todo caso es una tema de la AFIP, no de Desarrollo Social, lo que queda expuesto es que hay miles y miles de beneficiarios que cobran un subsidio por parte del Estado de manera irregular según las disposiciones de la propia cartera de Desarrollo Social.
La investigación de la AFIP no habla “de una motito o un autito viejo”, como afirma la ministra, sino de autos de menos de un año de antigüedad y gastos en tarjetas de crédito y débito varias veces superiores al monto percibido por los beneficiarios. Todas incompatibilidades, que sin entrar en la discusión de la cantidad, evidencia el descontrol de los organismos del Gobierno para controlar a quien destina los beneficios que, según la resolución ministerial debe ser percibida por “personas físicas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica, con la finalidad de promover su inclusión social plena y mejoramiento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica”.
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