Sueños Compartidos: la causa está paralizada y Hebe de Bonafini pide que no haya juicio oral

La causa “Sueños Compartidos”, uno de los mayores escándalos de corrupción de la era kirchnerista, está prácticamente paralizada. Desde la elevación a juicio, en mayo de 2019, el expediente solo acumula planteos y chicanas de las defensas. El último, lleva la firma de Hebe de Bonafini. La titular de las Madres de Plaza de Mayo pidió que no haya juicio oral por el paso del tiempo.

Aunque ya pasaron más de tres años y medio, todavía no se terminaron las pericias solicitadas en la “instrucción suplementaria”, una etapa del proceso para hacer medidas de prueba que se omitieron o denegaron en la investigación. Hay varios motivos para esa demora. Una nulidad presentada por el ex ministro de Planificación Julio De Vido que llegó hasta la Corte Suprema y obligó a enviar el expediente principal. También está pendiente una pericia caligráfica. Esa prueba se demora porque no hay un documento original con la firma de Hebe de Bonafini. “Nadie se anima a citarla para que haga un cuerpo de escritura”, admitió una fuente de la causa.

En los últimos meses, apenas se ordenaron pedidos de informes, oficios, y otras medidas de prueba irrelevantes. En los hechos, la causa está paralizada y sin fecha de juicio en el corto plazo.

La Justicia pudo probar hasta ahora que el Programa “Sueños Compartidos” significó un desvío de más de $200 millones de los $750 millones destinados al plan de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En concreto, se desviaron $206.438.454, es decir, un 23,54% de los fondos transferidos.

Según un extenso informe que realizó la Auditoría General de la Nación (AGN), el centro de la estafa fue el descuento de los cheques oficiales en cuevas de la City para obtener efectivo. Parte del dinero terminó en cuentas de los Schoklender y sus allegados ($52.149.459), en empresas agropecuarias ($100.565.644) o en empresas bursátiles o financieras ($22.286.127). También se comprobó un desvío “hormiga” a través de cheques de menos de $50.000. Con esa maniobra se obtuvieron $31.212.221.

Durante la investigación, la Justicia constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales. “En todos los casos en los que la Fundación resulto beneficiaria de la construcción de viviendas sociales y centros sanitarios el procedimiento mediante el cual se formalizó su selección fue irregular, pues se le adjudicó la ejecución de las obras en forma directa, sin sustentación legal validad tanto en el orden nacional como en el ámbito provincial y/o municipal”, escribió el juez Marcelo Martínez de Giorgi al elevar el tramo principal.

Además, la Fundación no cumplió con el pago de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y con el pago de las obligaciones previstas en la Ley de Riesgos de Trabajo.

El escándalo “Sueños Compartidos” arrancó el 25 de mayo de 2011, a partir de una investigación periodística, y fue un cimbronazo político en plena campaña electoral. Al comienzo, el ex juez Norberto Oyarbide se encargó de investigar sólo a los Schoklender y a sus allegados. Esa investigación fue un fracaso. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartar a Oyarbide. Desde entonces, todo el expediente se concentró en el juzgado de Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios.

En mayo de 2015, el nuevo juez volvió a procesar a la mayoría de los imputados. El caso volvió a pasar por la Cámara Federal, que confirmó los procesamientos y revocó la falta de mérito de De Vido.

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Al año siguiente, la causa tuvo un momento de extrema tensión cuando el juez ordenó la detención de la titular de las Madres de Plaza de Mayo porque se había negado a declarar. El kirchnerismo se movilizó y terminó impidiendo el ingreso de la Policía a la sede de la Madres. “Agradezco a todos los que se movilizaron frente a la casa de las Madres para darnos su apoyo. Somos felices con lo que hacemos, no los dejemos avanzar. Estamos acá para decir todos juntos (Mauricio) Macri pará la mano”, afirmó esa noche Bonafini.

La titular de las Madres terminó declarando y también fue procesada como partícipe de la defraudación por avalar el accionar de los hermanos Schoklender. Además, la Justicia dio por probado que “aprobó la contratación de la firma Meldorek SA (de Sergio Schoklender) para la realización de trabajos para los que la Fundación había sido contratada”.

En mayo de 2019, el juez Martínez de Giorgi terminó elevando a juicio el tramo principal de la causa. Además de Sergio y Pablo Schoklender, deberían ser juzgados ex secretario de Obras Públicas José López y Abel Fatala, dos de los subordinados de De Vido. La maniobra tuvo otros personajes clave como el contador Alejandro Gotkin, que estuvo detenido junto a los Schoklender, y Fernando Caparrós Gómez, dueño de la financiera donde se cambiaron la mayor cantidad de cheques.

En cambio, quedaron sobreseídos los ex gobernadores e intendentes que recibieron las obras de la Fundación: Gerardo Zamora, Jorge Capitanich, Maurice Closs, Darío Giustozzi, Miguel Lifschitz, Alejandro Granados y Julio Zamora, entre otros.

También esquivó el juicio oral la hija de Bonafini, María Alejandra, quien había tenido un paso breve por la administración de la Fundación, en 2011, luego de la pelea de los Schoklender. La mujer estaba sospechada por la compra de un departamento en La Plata. Sergio Schoklender declaró varias veces que fue una operación ficticia, a pedido de Hebe.

En los últimos años la causa parece adormecida. “La prueba fue presentada en julio de 2021. En ese momento se ordenaron una serie de pericias, pero todavía no se fijó fecha. Este año, se elevó otro tramo de la causa, por lo tanto se amplió el proveído de prueba en septiembre próximo pasado. Desde entonces no hubo ninguna novedad”, resumió una de las defensas ante una consulta de Infobae.

En el medio, Sergio Schoklender se cansó de presentar recursos en todas las instancias posibles. En agosto pasado, la Sala IV de la Cámara de Casación le rechazó un recurso extraordinario y ahora espera una decisión de la Corte.

La última novedad en la causa se registró el 1 de noviembre, aunque el escrito está fechado el 16 de septiembre. “Bonafini presentó un pedido de extinción de la acción penal por afectación del derecho de ser juzgada en un plazo razonable”, confirmó una fuente judicial.

En Comodoro Py nadie se anima a vaticinar si alguna vez habrá un juicio oral. La causa está a cargo del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que sobreseyó a la ex presidenta Cristina Kirchner por las maniobras investigas en Los Sauces y Hotesur, aunque en este caso lo preside Adriana Palliotti, una jueza de bajo perfil que tuvo varios fallos resonantes contra el kirchnerismo.

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