
La eliminación de las PASO fue imaginada en sectores del oficialismo como una estrategia para afirmar posiciones internas dominantes en cada distrito y, sobre todo, para apostar a la fractura de Juntos por el Cambio. Hasta ahora, viene provocando más temblores en el interior de la coalición gobernante que en la oposición. De eso habla en definitiva la pelea que acaba de ser declarada -públicamente, porque viene de lejos- entre el kirchnerismo y la sociedad, al menos coyuntural, entre los movimientos sociales con peso en el Gobierno y buena parte de los jefes de la CGT.
Los actos por el 17 de Octubre marcaron el inicio de esta semana con la exposición, ya sin vueltas, del alto grado de fragmentación en el oficialismo. Y el cierre de esta semana indica que esa disputa tiene características de escalada. Tiñe todo, de manera riesgosa frente a la profundidad de la crisis y el desgaste que produce la inflación. Eso mismo extiende la disputa al terreno de paritarias y bonos paliativos. Y pone en crisis como pocas veces antes el discurso con pretensiones ideológicas.
En ese terreno, la llegada de Kelly Olmos al Ministerio de Trabajo blanquea en forma inesperada un contrapunto planteado de hecho en la deslucida gestión de Claudio Moroni, con el agregado de la precariedad de gestión que exhibe la llegada de la nueva funcionaria: arrancó con escaso equipo propio para cubrir las áreas centrales de su cartera. No tuvo respiro. Su primer desafío es el conflicto con el gremio de los camioneros.
La funcionaria puso en discusión de entrada dos cuestiones sensibles: los límites de las medidas de fuerza y los alcances de las demandas de recomposición salarial, en este proceso de paritarias en continuado a raíz de la trepada de precios. En la misma línea se pronunció después la portavoz Gabriela Cerruti, enredada junto a Alberto Fernández en la decisión de tratar de convertir en un hecho político los dichos de un integrante de Gran Hermano sobre presuntas coimas.
La ministra descalificó los bloqueos a empresas, práctica repetida por los camioneros y desplegada también por algunos otros gremios. Se trata de un ejercicio de presión sin límites que ya llegó a la Justicia. Y es una cuestión sobre la que, en general, ha evitado pronunciarse el Gobierno, en buena medida para no agregar tensiones internas frente a las posiciones del kirchnerismo. Curioso: lo hace ahora Kelly Olmos, cuestionada desde su aterrizaje en Trabajo. Debió asumir sin mucho margen de maniobra tras la renuncia de Moroni, cuya salida quedó asociada al desenlace del extendido y duro conflicto del gremio del neumático.
Más conflictivo en el plano doméstico, según exponen algunos síntomas, fue el argumento utilizado para cuestionar el nivel salarial reclamado por el sindicato de camioneros. Pablo Moyano lo dejó plantado en torno del 130%, aunque la cifra variaría según el tipo de actividad, sin contar el bono de compensación reclamado. La ministra dijo que se trata de una posición insolidaria, porque -y ese debería ser el punto de debate- es una cifra de aumento que genera más inflación y eso afecta al común de los trabajadores.
Los dichos de la funcionaria, sin embargo, no provocaron discusión seria ni la referencia implícita a los conflictos “salvajes” ni el concepto de fondo sobre los ingresos en épocas de aceleración inflacionaria. Las reacciones, en todo caso, estuvieron vinculadas a los posicionamientos en el interior del oficialismo, desde el malestar en espacios kirchneristas hasta el desentendimiento del sindicalismo tradicional.
La preocupación del Gobierno corre por otro terreno. Moyano advirtió que comenzarán las medidas de fuerza si la semana que viene sigue trabada la negociación paritaria. Sería una prueba del alto riesgo para la ministra y, a la vez, para Economía, donde muchos comparten en reserva el cuestionamiento al gremio camionero. Habría gestiones por vías informales para tratar de que Pablo Moyano acepte alguna fórmula que diluya, al menos como lectura, el porcentaje en discusión.
El cuadro general hace imposible ver este capítulo como un hecho aislado. Pablo Moyano compartió con La Cámpora la convocatoria a Plaza de Mayo. Resultó una coincidencia “táctica”, porque cada uno tiene su juego. No hubo en esa movida un liderazgo indiscutido, pero sí un mensaje a la interna política y sindical. En paralelo, la sociedad mayoritaria de la CGT (gordos, independientes, barrionuevistas) y los movimientos sociales oficialistas (Evita, Somos Barrios de Pie, CCC) habían decidido formalizar sus intenciones de competir como sector en la disputa 2023.

También esos dos espacios tejen un entendimiento táctico no ya en el imaginario de cierto “albertismo” sino en la perspectiva de batallas, especialmente en la provincia de Buenos Aires, frente al armado que pretende Cristina Fernández de Kirchner. El ácido cruce de mensajes entre La Cámpora y el Movimiento Evita fue apenas la expresión pública de una disputa más áspera que, reconocen, tendrá escala territorial. La discusión sobre las PASO es una pincelada mayor en ese cuadro.
La fragmentación del oficialismo terminó de darle un giro diferente a la estrategia imaginada como impulso de la eliminación de las elecciones primarias. El objetivo de sostener los dominios territoriales -preocupación repetida de gobernadores e intendentes- era rechazada por La Cámpora, dispuesta a darle batalla a jefes tradicionales del PJ. La crisis fue bajando esas pretensiones, frente a la necesidad de trabajar para asegurar la provincia de Buenos Aires, como base de poder de CFK.
Al revés, las apuestas de los movimientos sociales y de los jefes cegetistas requieren de las primarias o al menos de la amenaza de competir en las PASO, más allá de la suerte del Presidente. Sólo una paz de compromiso interno dejaría al oficialismo con chances de dar batalla por la eliminación de las primarias en el Congreso.
La oposición de JxC se muestra unida en el rechazo a tal jugada, Es decir, se muestra unida en medio de internas que necesitan de ese mecanismo de elecciones primarias para saldar sus cuentas. En primer lugar, dentro del PRO, con Horacio Rodríguez Larreta decidido a dar batalla aún en caso de que Mauricio Macri resuelva competir, con Patricia Bullrich lanzada y con la carta de María Eugenia Vidal a medio jugar. También, en la UCR, tensionada por los pasos de Facundo Manes y los movimientos de Gerardo Morales. Además, con la voz potente de Elisa Carrió, sin aviso.
En este terreno, como en otros, el oficialismo juega contra reloj. Está tomado por el tratamiento del Presupuesto 2023, que anota una complicada sesión para la semana que viene en medio de batallas disímiles: retenciones, subsidios al transporte, Ganancias para jueces. Y restará poco tiempo hasta el esperado -y sobredimensionado- efecto Mundial. Para entonces, debería saldar su interna sobre las PASO. Todo, en menos de un mes.
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