
Negar medicamentos a reclusos para forzarlos a colaborar con las autoridades o a aceptar el exilio a cambio de su libertad: esa es una de las prácticas que el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó en Cuba durante octubre.
El hallazgo forma parte de un informe mensual que describe un país atravesado por la inseguridad, los cortes de electricidad y agua, y la represión contra la disidencia.
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El OCC registró 85 actos represivos durante octubre, entre los que se destacaron el confinamiento en celdas de castigo, la incomunicación y las presiones gubernamentales para que presos políticos acepten salir de la isla como condición para recuperar su libertad.
La organización relevó además 542 protestas, denuncias y expresiones críticas en el país, encabezadas por tercer mes consecutivo por la inseguridad ciudadana, en un contexto de apagones prolongados y escasez de agua potable que afecta a millones de cubanos.
La inseguridad ciudadana lidera las denuncias por tercer mes consecutivo
El balance de octubre reunió 119 eventos vinculados a la inseguridad, 104 relacionados con los servicios públicos y 88 catalogados como desafíos al Estado policial, de los cuales 24 fueron protestas presenciales.
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Matanzas concentró el mayor número de denuncias por inseguridad, con 30 eventos, seguida de La Habana, con 22.
“Los robos, los asaltos, los homicidios y otros hechos violentos reflejan el creciente deterioro de la seguridad de los ciudadanos cubanos”, declaró a Martí Noticias Oscar Casanella, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El especialista precisó que entre los casos registrados figuran muertes por hechos violentos, incluidos feminicidios.

El total de eventos relevados cayó 18.25% respecto a septiembre, cuando se contabilizaron 663. Sin embargo, el observatorio advirtió que esa baja no implica una mejora en las condiciones de vida de la población.
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El informe distingue este registro detallado de un conteo histórico con metodología propia, que se mantuvo casi sin variaciones: 1,143 incidencias en octubre frente a 1,147 en septiembre. Ambas series corresponden a universos distintos y no deben sumarse entre sí.
Apagones y falta de agua provocaron cacerolazos en varias provincias
Casanella explicó a la emisora que los cortes eléctricos, la falta de agua potable y la acumulación de basura golpean de forma simultánea a numerosas comunidades y deterioran la calidad de vida de sus habitantes.

Los apagones derivaron en cacerolazos en Cabañas y en el municipio artemiseño de Mariel los días 9 y 14 de octubre. También hubo manifestaciones en Santa Rita y Jiguaní, y una protesta en La Habana, donde vecinos cerraron la Avenida de Boyeros con contenedores de basura el 30 de octubre.
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Según cifras reconocidas por las autoridades y recogidas por el observatorio, unos 2.5 millones de cubanos sufrían interrupciones del suministro de agua durante octubre, de las cuales el 88% se atribuyó a problemas eléctricos.
La única categoría del registro detallado que aumentó respecto a septiembre fue la de alimentación, inflación y agricultura, con 63 eventos, siete más que el mes previo.

Reclusos políticos denuncian aislamiento y presiones para exiliarse
Casanella denunció ante Martí Noticias que la negación de medicamentos y tratamientos médicos a personas encarceladas, incluso cuando sus familiares intentan hacérselos llegar, se utiliza “como mecanismo para doblegarlos”. En el caso de los presos políticos, el investigador sostuvo que estas restricciones forman parte de las presiones para obtener su colaboración o forzar su salida del país.
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Entre los casos documentados por el observatorio figura el de Carlos Alain Abrahantes Valdés, enviado a una celda de castigo en la prisión Kilo 7, en Camagüey, donde habría permanecido incomunicado y sin medicamentos básicos.
El reporte también menciona a Saylí Navarro Álvarez, quien afrontaba problemas digestivos sin diagnóstico adecuado en la prisión La Bellotex, en Matanzas. Por separado, recoge las denuncias de Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García sobre presiones para aceptar el exilio como condición para salir de prisión.
La organización aclaró que no en todos los casos es posible establecer que la privación de tratamiento médico responda a una orden política puntual. No obstante, remarcó que el aislamiento, las carencias médicas y las restricciones de visitas agravan la vulnerabilidad de los reclusos y de sus familias.
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La crisis eléctrica se agrava en los primeros días de noviembre
El deterioro del sistema energético que documentó el observatorio durante octubre no se detuvo con el cambio de mes. Según datos de la Unión Eléctrica difundidos por CiberCuba, portal de noticias cubano, Cuba inició noviembre con una afectación prevista de 1.965 megavatios (MW) en el horario pico, con apenas 958 MW disponibles frente a una demanda de 2.850 MW.
El cierre del 31 de octubre ya había marcado 2.022 MW de afectación, uno de varios días del mes con impactos superiores a los 2.000 MW. Entre las causas, CiberCuba citó averías en varias unidades termoeléctricas y la salida de servicio de la planta Energas Varadero por falta de lubricante.
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El país acumula ocho desconexiones totales del sistema eléctrico nacional en lo que va de 2026, de acuerdo con el mismo portal.
A la crisis energética se suma el peso del encarcelamiento político. Según datos divulgados por Cubalex, organización de derechos humanos, 679 presos políticos permanecen en Cuba, de los cuales 205 residen en La Habana, la provincia con mayor concentración de casos del país.
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