Juicios de lesa humanidad: hay casi tantos represores condenados como fallecidos sin escuchar sentencia

Argentina 1985, la película que narra distintas instancias del Juicio a la Juntas, volvió a poner bajo la lupa la relevancia de la Justicia para condenar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Desde 2006 en adelante, los tribunales tramitaron un aluvión de expedientes para investigar por torturas, secuestros, robos de bebés y abusos sexuales, entre otros delitos.

La Justicia federal condenó a 1.088 militares en los últimos 15 años, un 30% sobre el total de los ex funcionarios investigados, según datos de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, que analizó Infobae. Los organismos de derechos humanos y las autoridades destacan la ejemplaridad del proceso judicial en comparación con otros países. Sin embargo, este fenómeno se opaca con otra cifra: hubo casi tantos militares condenados como los que murieron sin ser juzgados, a la espera de un juicio oral que dictamine si fueron culpables o inocentes. Fueron 1.023 las personas imputadas por delitos de lesa humanidad que nunca escucharon su sentencia.

Este fenómeno ocurre por varios factores. Primero, por la avanzada edad de la mayoría de los acusados, que se desempeñaron como funcionarios públicos entre 1976 y 1982, más de 45 años en algunos casos. Pero también ocurre por el tiempo que transcurre en los tribunales desde que comienza la investigación hasta que se llega a una condena. Algunos procesos han tomado más de 10 años en conseguir la sentencia.

“Ya no tenemos obstáculos jurídicos, como eran las leyes de obediencia debida y punto final. No hay tampoco una impunidad política, porque el proceso de justicia es una política de Estado. Estamos atravesando un período de impunidad biológica provocado por el paso del tiempo. Las demoras en la Justicia no permiten que sean juzgados a tiempo los imputados y tampoco permite que las víctimas sean testigos de ese momento”, aseguró Andrea Pochak, Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos.

Distintas decisiones legales allanaron el camino para que comenzaran los juicios contra los represores de la última dictadura militar desde 2006 en adelante. El Congreso derogó en 2003 la ley de punto final y obediencia debida y, en 2006, la Corte Suprema avaló la decisión. Eso motivó la reapertura de causas que habían sido archivadas y también que muchas víctimas denunciaran los tormentos sufridos durante la represión ilegal.

La primera condena llegó en agosto de 2006 con el caso Simón, un ex suboficial condenado a 21 años de prisión. La segunda condena llevó el tema a la agenda pública: el represor Miguel Etchecolatz fue condenado, pero el caso tuvo relevancia por la desaparición del testigo Jorge Julio López en la ciudad de La Plata.

Las demoras judiciales

La Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad indicó en su informe de septiembre que el 45% de los casos ya se resolvió con sentencias (286 expedientes) que mayormente condenaron a más de 1000 personas. El resto de las investigaciones (351 casos) está actualmente en curso con distintos estados procesales.

El 43% de los casos está en la etapa de instrucción, es decir, la primera parte de la investigación que llevan adelante un juez y un fiscal donde se formaliza la acusación contra los imputados o se los sobresee.

¿Cuáles son los expedientes más avanzados? El 10% de las investigaciones (63 causas) ya fueron elevadas a juicio oral, aunque permanecen a la espera de que comience ese proceso. Apenas un 2% están en esa etapa en este momento, es decir, ahora se están desarrollando 14 juicios por estos crímenes.

Son 198 imputados y casi 2.000 víctimas que esperan una resolución en procesos que suelen ocupar, como mínimo, un par de años. El debate oral más largo está ahora en curso: es la Megacausa Jujuy, que lleva 4,3 años. Un juicio oral por crímenes de lesa humanidad lleva, en promedio, dos años y cuatro meses desde el comienzo del debate hasta que se lee el veredicto, según datos del Ministerio Público Fiscal.

“El proceso de justicia es un logro que no hay que minimizar. Sin embargo, nos preocupan las demoras porque consideramos que estos procesos judiciales deberían ser prioritarios. Son causas complejas que aunque son delitos gravísimos que sucedieron hace más de 46 años no son prioritarios para la justicia. Por su edad, las víctimas necesitan una respuesta lo antes posible”, indicó Sol Hourcade, coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del CELS.

Los tiempos judiciales motivaron la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos, que elaboró un plan para empujar el avance de los juicios junto con otros actores como las organizaciones sociales. “Los principales obstáculos que encontramos son las demoras en las distintas etapas de las causas judiciales. Hay expedientes que son demorados durante años antes de llegar a juicio. Otros casos que ya están en juicio, pero que no se convocan a las audiencias y, cuando lo hacen, es apenas una por semana”, sostuvo Pochak.

Desde el comienzo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, los organismos de derechos humanos comenzaron a registrar estadísticas sobre estos casos. La Procuraduría especializada está a cargo del procesamiento de estos datos informados periódicamente por las fiscalías federales y unidades especiales que intervienen en estos procesos en todas las jurisdicciones del país.

La Secretaría de Derechos Humanos, a su vez, desarrolló un Monitor de Velocidad judicial en el sitio web que recopila todos los datos antes mencionados. Allí puede verse, por ejemplo, que durante el último mes el Tribunal Oral Federal de Santa Fe fue el que prestó menos tiempo de audiencia (6 horas) y, en el otro extremo, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca asignó casi 21 horas.

Menos presos

La cantidad de detenidos por delitos de lesa humanidad bajó en los últimos años motivada principalmente por la muerte de muchos de los imputados. El Servicio Penitenciario tenía 603 presos en 2015, pero ese número cayó hasta 113 en la actualidad. A pesar de los fallecimientos, los arrestos domiciliarios, con la pandemia de Covid-19 de por medio, se mantuvieron: son 551 los presos en esa condición.

La edad de los detenidos también es el principal motivo que, en muchos casos, evita la prisión preventiva para los investigados. Sólo el 32% de los investigados están detenidos (725 personas), este universo implica tanto individuos que están en la primera etapa de la causa judicial como otros que ya fueron sentenciados pero cuya condena todavía no quedó firme. La mayoría de los investigados, 1514 personas, esperan la definición judicial en libertad.

No todos los imputados en estos expedientes son finalmente condenados. La Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad indica que 166 personas fueron absueltas en los últimos años. “Es un proceso modelo, entre otras cosas, porque también tenemos personas absueltas. Eso deja en claro que se trata de un proceso transparente, que cumple con las garantías. Siempre hubo un 10% de personas sobreseídas. Nos llamaría la atención si todos fueran condenados”, agregó Pochak

Otro delito que ocurría con frecuencia en las detenciones clandestinas que es mencionado en la película Argentina 1985 son las violaciones. El 15% de las sentencias dictadas por crímenes de lesa humanidad aplicó penas por delitos de violencia sexual. La primera sentencia que visibilizó la violencia sexual en el marco de estos juicios fue dictada en 2010 y fue la única de ese año. En 2012 se dictaron dos más. Los años 2013, 2017 y 2018 fueron los años con más sentencias en ese sentido, con cinco en cada uno.

“La justicia está avanzando recién en esta etapa sobre los delitos sexuales, aunque todavía queda mucho por hacer. No sólo en juzgar a quienes cometieron violaciones, sino también a los responsables jerárquicos que permitieron la comisión de esos delitos”, agregó Hourcade del CELS.

¿Cómo se procesó la información?

La Unidad de Datos de Infobae accedió al último reporte de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, publicado el 15 de septiembre pasado. También se consultó el Monitor de Juicios de Lesa Humanidad, una herramienta digital que permite acceder a estadísticas de los juicios orales, así como al análisis de la velocidad de los debates.

Si desea visualizar y/o descargar la hoja de cálculo, siga este enlace.

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky

SEGUIR LEYENDO: