Con la excusa de que las autoridades políticas no son representativas, mapuches rechazaron una nueva instancia de diálogo propuesta por la provincia de Río Negro a instancias del gobierno nacional. “El objetivo ya no es la tierra, sino el conflicto”, respondieron desde el gobierno que conduce Arabela Carreras.
Mientras la escalada de violencia y atentados terroristas avanzan sin fin, agrupaciones vinculadas a las comunidades mapuches –muchas de los cuales ni siquiera están registradas ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)– rechazaron una nueva alternativa de consenso frente al conflicto originado en Villa Mascardi.
El argumento principal para descartar la convocatoria fue que los representantes gubernamentales “carecen de autoridad política para afrontar el conflicto”. Mientras tanto, los sucesos violentos, atentados incendiarios y las acciones vandálicas siguen sin freno en el sur argentino.
Durante la madrugada de hoy, cuatro máquinas y un tráiler sufrieron daños importantes durante un atentado protagonizado por varios encapuchados, quienes luego de amedrentar a un cuidador y amenazarlo de muerte, rociaron los equipos viales con combustible y los incendiaron.
En el lugar, ocurrido en uno de los accesos a la villa turística, aparecieron nuevos escritos en los que la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se adjudica el ataque y pide, entre otras cosas, la liberación de las mujeres que fueron detenidas durante el desalojo de principios de mes en Villa Mascardi.
“Convocamos en función de una solicitud del gobierno nacional y el rechazo nos da la pauta de que el objetivo de estos grupos ya no es la reivindicación de tierras, sino el conflicto”, dijo la gobernadora Arabela Carreras en diálogo con Infobae.
El encuentro estaba previsto para este viernes a la tarde, aunque poco antes de su concreción los mapuches afirmaron que “no son las condiciones necesarias para el diálogo y la solución de un conflicto estructural con el pueblo mapuche en Río Negro”.
La fiscal subrogante de Bariloche, Cándida Etchepare, cuando argumentó la diligencia de desalojo que se concretó el 4 de octubre pasado, aseguró que uno de los motivos centrales del pedido fue “la finalización de todos los canales de diálogo intentados por esta Fiscalía durante los últimos dos años”.
Mencionó además que “desde 2020 que se han realizado diversas audiencias en el marco de varias de las causas en trámite en las que han participado miembros de la Lof Lafken Winkul Mapu, de Parques Nacionales, varios de los damnificados o los representantes de los organismos afectados, directivos del INAI, el secretario de Derechos Humanos de la Nación y distintas instancias del Ministerio Público Fiscal de la Nación” aunque en ninguna de ellas “fue posible arribar a ningún acuerdo, dada la negación de la comunidad a evaluar los pedidos que les eran formulados.
En el escrito Etchepare confirmó que los integrantes de ese grupo rechazaron una alternativa de reubicación, manteniendo en el sitio actual el espacio sagrado construido en el lugar, aunque “nada alcanzó” y mencionó que en paralelo a esas alternativas de consenso “continuaban suscitándose actos violentos”. Una situación idéntica si vive en la actualidad, con el rechazo de los violentos a una nueva mesa de diálogo.
La nueva convocatoria que estaba prevista para hoy se realizó a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, y hubiese contado con la participación de los ministerios rionegrinos de Seguridad y Justicia de Río Negro; de Educación y Derechos Humanos; y de Gobierno y Comunidad.
Fuentes del gobierno de Río Negro lamentaron la negativa y afirmaron que “no existe voluntad conciliatoria para poder avanzar hacia una solución definitiva del conflicto”. “Es lamentable”, sentenciaron.
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