En la última audiencia de alegatos de su defensa, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, pidió hoy que se investigue por prevaricato a los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían pedido que sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicas por el caso Vialidad.
El prevaricato es un delito que castiga a quien “dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas”.
La pena establecida por el Código Penal es de “prisión o reclusión, multa e inhabilitación absoluta perpetua”.
La ex presidenta pidió hoy que los fiscales sean investigados. “Voy a solicitar que se extraiga testimonio de cada una de las mentiras de los fiscales contrastadas con los testigos, las pericias, la documentación con la prueba obrante en el expediente y con el derecho”, lanzó.
El delito radicaría en este caso en el presunto “abuso” de la posición que el Estado les otorga con evidente desapego de sus deberes de funcionario.
El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, publicó en 2020 un libro titulado “Prevaricato de los jueces” inspirado en el caso del ex juez Baltasar Garzón, condenado por el Tribunal Supremo de España a 11 años de inhabilitación por prevaricato. El tribunal lo encontró culpable de haber grabado de manera ilegal a los abogados defensores en un caso de narcotráfico.
Esa obra realiza un análisis dogmático jurídico penal del delito de prevaricato a través del análisis del tipo básico de prevaricato judicial (artículo 269, primer párrafo, del Código Penal), el tipo calificado (artículo 269, segundo párrafo, del Código Penal) y el tipo de prevaricato judicial especial (artículo 270 del Código Penal).
Al presentar su libro, el propio Zaffaroni destacó que el prevaricato debe ser manejado con “tremendo cuidado” porque a pesar de que tiene una pena muy baja tiene para cualquier juez un efecto “altísimamente estigmatizante”.
La acusación por prevaricato no suele prosperar en los tribunales. Este año, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, denunció por ese delito al juez Roberto Gallardo luego de que suspendiera el sistema de reconocimiento facial de prófugos y que impulsara una serie de allanamientos “con irregularidades” con la hipótesis de un supuesto espionaje.
La misma figura se aplicó en la denuncia reciente que le hicieron diputados de Juntos por el Cambio a la abogada Silvia Vázquez, designada por el Ministerio de Defensa para impedir que el Ejército pierda el control sobre 180 hectáreas que se encuentran bajo su custodia en Bariloche, tras una reclamo judicializado por una comunidad mapuche. El fallo que les concedió la titularidad al Lof de Millalonco Ranquehue quedó firme tras la apelación presentada fuera de término por Defensa. Por ese motivo se radicó la denuncia contra la asesora letrada.
Otro ejemplo ocurrió en el caso de Hotesur y Los Sauces. Varios diputados opositores denunciaron por prevaricarito a los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, quienes sobreseyeron a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a Máximo y a Florencia Kirchner, y al resto de los imputados sin realizar el debate oral que prevé el Código Procesal.
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