Elisa Carrió denunció al juez Gallardo por prevaricato a raíz de sus fallos contra el operativo policial en Recoleta

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a un grupo de legisladores de esa fuerza política radicaron una denuncia contra el juez Roberto Gallardo por los delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en concurso con el delito de prevaricato, a raíz de sus fallos judiciales contra el operativo policial dispuesto por el gobierno porteño en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Es flagrante la irregularidad del juez Gallardo en ejercicio de sus funciones, por su decisión de ordenar a la Ciudad el cese en la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vicepresidenta de la Nación y disponer que sean las fuerzas federales las responsables de esa tarea”, señala la acusación impulsada por la Coalición Cívica.

El texto -firmado también por los legisladores porteños Cecilia Ferrero, Facundo del Gaiso, Hernán Reyes y Lucía Romano- sostiene que la medida cautelar que había dictado Gallardo es una “resolución contraria a la Constitución Nacional” y a la de la “Ciudad de Buenos Aires”, con los argumentos de que se contrarían los principios del “federalismo”.

“Las consecuencias generadas de la decisión adoptada por Gallardo resultó perjudicial para la Vicepresidenta y para los ciudadanos del barrio de Recoleta, por la vulneración sistemática de sus derechos constitucionales al generar un estado de indefensión y extrema vulnerabilidad”, agregan los dirigentes de Juntos por el Cambio.

Según los legisladores, el magistrado ejerció de manera irregular su función ya que violó con sus resoluciones judiciales la ley N°5688, al “suspender el seguridad pública de la Ciudad” en los alrededores de la casa de Cristina Kirchner. De esta manera, Gallardo ha generado una “zona de peligrosidad manifiesta” y que se acreditó al observar que “el atentado contra la vida de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner fue realizado precisamente luego del fallo aquí cuestionado”.

Además, la fuerza opositora plantea que con la “decisión arbitraria e ilegal” dictada por Gallardo tuvo consecuencia el desembarco de “funcionarios federales”, que “irradian una suerte de fuerza que invalida las competencias de seguridad locales constitucionalmente reconocidas y consagradas por la interpretación de la Corte Suprema de la Nación”.

“Así, podrá observarse que la conducta del Juez Gallardo es susceptible de reproche, dado que no existe norma habilitante que permita vulnerar la autonomía local, y expandir territorialmente el desempeño territorial de las custodias federales para el Presidente o la Vicepresidenta con los propios pasos que da el funcionario, avasallando derechos consagrados”, añaden desde la CC.

Otro de los argumentos presentado apunta a que el magistrado se arrogó “potestades inexistentes”, ya que el amparo presentado por el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, y la legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández, solicitaba únicamente que se levanten las vallas y “se garantice la libre circulación” a fin de garantizar el derecho de reunión en la zona de Recoleta.

Sin embargo, según la CC, el juez Gallardo buscó “determinar formas de implementar planes de seguridad” que corresponden al Gobierno de la Ciudad y hasta “se atribuye las competencias del Poder Legislativo al legislar sobre una nueva categoría de competencias, violentando el orden jurídico e institucional vigente”.

“En conclusión, el juez Roberto Gallardo ha omitido cumplir con los deberes a su cargo, ejerciéndolos de modo irregular (desviación de poder), al direccionar y manipular la aplicación del derecho a los hechos que motivaron su intervención, generando vulneración de derechos y daños ciertos”, indica el escrito presentado por Carrió y los legisladores opositores.

El derrotero de la causa judicial sobre el operativo

La controversia en torno a la decisión del juez porteño se produjo el 29 de agosto, días después de un operativo de represión a militantes que estaban reunidos en la puerta del domicilio de la Vicepresidenta. Por entonces, Gallardo le había ordenado al jefe de Gobierno porteño que “cese de forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia” del domicilio de la Vicepresidenta.

A raíz de esa sentencia, el gobierno porteño recusó al juez, pero esa solicitud fue rechazada por el magistrado.

La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedó a cargo para resolver el planteo de recusación del GCBA. En ese marco, la diputada Ofelia Fernández que los tres jueces de ese tribunal, Marcelo López Alfonsín, Laura Perugini y Nieves Macchiavelli, eviten intervenir en el expediente, debido a su “amistad manifiesta” con el Gobierno local.

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