El informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, sacudió el desarrollo de la investigación judicial. Horas después, el juez federal Federico Villena le corrió vista a la fiscal Cecilia Incardona “para delimitar el objeto procesal”, pudo saber Infobae de fuentes con acceso al expediente.
Ocurre que el requerimiento original de la fiscal, el lunes pasado, era muy amplio porque en ese momento solo había trascendidos de agencias de inteligencia internacionales. Durante la semana se ordenaron más de 30 medidas de prueba. La más importante fue el informe de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
“Estábamos trabajando sobre varias hipótesis. Ahora el informe (del FBI) permite delimitar una hipótesis delictiva concreta”, explicó una fuente judicial. Entre esas hipótesis se evaluaba que el avión de Emtrasur fuera parte de una operación de inteligencia o incluso de terrorismo.
El titular de la AFI, Agustín Rossi, arriesgó por televisión que los cinco iraníes estaban “entrenando” a los venezolanos en el manejo del avión que pertenecía a Mahan Air. Horas después, un abogado argentino que representa a la tripulación presentó un escrito en el juzgado federal de Lomas de Zamora abonando esa teoría.
El informe del FBI despejó las dudas sobre el piloto Gholamreza Ghasemi y sobre la sanciones aplicables al avión desde Estados Unidos. “Si Mahan Air está arrendando la aeronave a Emtrasur, la aeronave aún se consideraría propiedad bloqueada de Mahan Air. Además, las personas que proveen bienes o servicios a la aeronave podrían estar expuestas a sanciones sobre la base de que estarían proporcionando bienes o servicios a Mahan Air”, explicó la agencia norteamericana.
Luego de analizar el contenido del informe, el juez también le dio intervención a la DAIA, que se presentó el lunes pasado ante la Justicia y fue aceptada como querellante.
En su denuncia, el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits, pidió que sean citados a declarar como testigos el diputado Gerardo Milman, que alertó sobre el episodio el viernes pasado a través de un pedido de informes; el titular de la AFI, Agustín Rossi; el ministro de Seguridad Aníbal Fernández; la directora de Migraciones María Florencia Carignano, directora de migraciones; y el director de la PSA, José Alejandro Glinski.
Además, la DAIA solicitó que se libre un oficio a la compañía que recibió las autopartes, SAS Automotriz, al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y que se libre un exhorto a Interpol para que se expida al respecto de los pasajeros que venían en el vuelo. Varias de esas medidas se ordenaron esta semana.
Villena todavía no citó a ningún funcionario argentino. Pero ordenó que declaren como testigos los ejecutivos de las tres petroleras que operan en el aeropuerto de Ezeiza para saber por qué no le vendieron combustible al avión venezolano-iraní. Según una denuncia presentada por el gerente de Operaciones de Emtrasur, Víctor Pérez Gómez, la aeronave tenía un acuerdo original con Shell, que se ejecutaba con una empresa tercerizada.
Recién el miércoles a la tarde, luego del aterrizaje fallido en Uruguay, la tripulación habría intentado negociar con YPF y AXION, a través de Marcelo Di Sanzio, la persona contratada por Emtrasur para los servicios de handling. A esa altura, las petroleras ya habían intercambiado consultas con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y conocían los riesgos de venderle combustible al avión.
En el avión de Emtrasur viajaron 5 iraníes y 14 venezolanos. Todos están imputados en la causa judicial desde que la fiscal firmó su primer requerimiento.
Ahora la investigación se concentrará en el piloto iraní.
Pese a la presiones internacionales, Villena maneja los tiempos de la causa y no se despegará de un protocolo emitido por Naciones Unidas en 2006 titulado “Prevención de los actos terroristas”.
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