Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, querellantes en la causa que investiga si funcionarios del macrismo armaron una “asociación ilícita” para desapoderarlos del grupo Oil Combustibles, pedirán a la jueza María Servini que vuelva a llamar a indagatoria al ex asesor y abogado Fabián Rodriguez Simón, junto a otro grupo de personas por nuevas maniobras vinculadas a sus activos petroleros. Rodríguez Simón nunca se presentó a la primera indagatoria porque viajó a Uruguay y pidió ser un refugiado político. Desde entonces, la jueza lo declaró prófugo y solicitó su captura internacional.
En las últimas horas, a la representación legal de Cristóbal López se sumó el abogado José Manuel Ubeira, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales.
Desde hace varios meses, la jueza quiere esclarecer el rol de abogado Marcelo Rufino, un ex asesor de YPF y señalado como uno de los que llevó adelante la estrategia para empujar a Oil Combustibles a la quiebra y para la compra de sus activos que fueron traspasados a las empresas Delta y DAPSA (Destilería Argentina de Petróleo SA).
Los querellantes buscan ahora que Rodríguez Simón sea llamado a una nueva indagatoria junto al abogado Marcelo Rufino, a quien se señala por haber cobrado miles de dólares de honorarios de la petrolera estatal YPF por supuestas gestiones de intermediación y asesoramiento, especialmente por la venta de los activos petroleros de la firma Oil Combustibles que se cree se vendieron a precio menor al que correspondía. También se pedirá sean llamados a indagatoria a Germán Vito Fernández Lahore, Santiago Martínez Tanoira y el exCEO Daniel González.
Las sospechas apuntan a una serie de maniobras en donde se vería involucrada YPF. Allí Rodríguez Simón era director durante la gestión macrista. La hipótesis apunta a que YPF firmó acuerdos con las firmas Delta Patagonia y DAPSA. Según considera la querella, Rufino habría pactado cobrar 170 dólares la hora más un bono mensual de u$s20.000, sumado a otro premio según resultado de los juicios internacionales. Pero en ningún documento se menciona que el abogado allegado a Rodríguez Simón iba a actuar en la adquisición de los activos de Oil, a través de YPF.
La causa comenzó con una denuncia de De Sousa, cuando aún estaba detenido. Allí acusó a Macri y funcionarios de su gobierno por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes funcionales, abuso de autoridad y peculado.
De Sousa y López estuvieron detenidos. Actualmente están siendo enjuiciados junto al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por supuesta defraudación al Estado. Se investiga allí el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago con relación al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos en favor de Oil Combustibles durante el kirchnerismo.
En la causa se investigaron las llamadas de Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Ignacio Rosner, entre otros.
En diciembre pasado, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron absueltos en el marco del juicio oral al que llegaron procesados por defraudación al Estado. La acusación sostenía que la petrolera Oil Combustibles retuvo las transferencias del ITC (impuesto al combustible) que se usaron para luego financiar empresas del Grupo Indalo. La Justicia determinó que Echegaray debía cumplir una pena de cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta cometido contra la administración pública. Por estas horas, la defensa del ex funcionario apeló en la Cámara Federal de Casación Penal su condena.
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