La presidencia del Senado convocó a hoy a una sesión especial para el próximo jueves a las 14 donde el oficialismo buscará darle media sanción a la reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de elegir y castigar a los jueces.
El bloque que dirige el formoseño José Mayans sufrió un traspié hace dos semanas cuando no logró juntar los votos suficientes para avanzar al recinto y tuvo que levantar la sesión que tenía prevista. Luego de negociar con el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana, que reclamaban “más federalismo” en la constitución del organismo, finalmente el oficialismo obtuvo la semana pasada un dictamen unificado en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia. De esta manera, se aseguró los votos para darle la media sanción al proyecto.
Entre los cambios que aceptó incorporar el bloque del Frente de Todos, se destaca la incorporación de consejeros de las cuatro regiones del país: Norte, Sur, Centro y AMBA. Además, el Consejo de la Magistratura sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas Cámaras Federales del interior del país, “a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”. A cambio, los senadores independientes aceptaron que la Corte Suprema quede excluida del organismo, algo que sí pretendían desde la oposición.
El rol de los jueces de la Corte es uno de los principales puntos de conflicto entre el oficialismo y la oposición. Mientras el Frente de Todos entiende que los magistrados del Máximo Tribunal no tienen que tener ninguna participación en el Consejo, desde Juntos por el Cambio apuntan a otorgarle su presidencia.
El proyecto del oficialismo también amplía la cantidad de consejeros de 13 a 17, quedaría compuesto por cuatro jueces, seis legisladores, cuatro abogados, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo.
El Gobierno está presionado por los tiempos: el 15 de abril es la fecha límite para reformar el Consejo tal como lo ordenó la Corte Suprema en diciembre pasado, tras declarar la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 miembros porque no respeta el equilibrio entre los estamentos (más representantes de la política -siete- que de los técnicos -seis-). Si no se dicta una nueva norma, deberá volver a su composición original.
El proyecto, a pesar de que estuvo a la vista de los senadores desde principios de diciembre, nunca pudo tratarse en los meses de verano, en el marco del período de sesiones extraordinarias, por falta de consensos.
Sin embargo, luego de obtener la media sanción el futuro del proyecto que impulsa el Gobierno es incierto. En la Cámara de Diputados el oficialismo tiene 117 diputados y todo parece indicar que sumará cuatro votos más del bloque Provincias Unidas. En cambio, los tres diputados cordobeses votarían en contra luego de que el gobernador Juan Schiaretti se pronunciara a favor de que un miembro de la Corte presida el organismo.
El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, deberán convencer a los cinco diputados restantes del Interbloque Federal. Así y todo, todavía restaría conseguir cuatro votos poco probables ya sea dentro de Juntos por el Cambio, la izquierda o los libertarios.
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