Blanqueo y Magistratura: el oficialismo sigue atado a la lógica de la interna, arrastra costos y expone limitaciones

Todo en el oficialismo -en Olivos y en el kirchnerismo- muestra una combinación de previsible mal desenlace político: son movidas para imponer condiciones en la interna y, a la vez, para mostrar iniciativa como si esa tensión no provocara desgaste alguno. Así nació el proyecto que enmascara un blanqueo para bienes en el exterior no declarados, con difícil pronóstico en el Congreso y horizonte de judicialización. El mismo origen puede advertirse en el error de cálculo que acaba de provocarle un traspié en el Senado con la reforma del Consejo de la Magistratura. Costos provocados por el microclima.

Se trata de algo repetido, aunque más inquietante en medio de la profunda crisis doméstica y ante a un agravado cuadro económico y social. La fórmula sigue siendo construir enemigo externo para dirimir a la vez las tensiones propias. Duro discurso apuntado a la Justicia -específicamente, a la Corte Suprema- en el trámite del proyecto sobre el Consejo de la Magistratura. Fugadores de dólares, como foco, aunque facilitando una puerta de blanqueo bajo la apariencia de un castigo. Y la convocatoria a gobernadores para confrontar con la Ciudad de Buenos Aires, es decir, otra carga sobre la oposición, incluso en el imaginario de fracturarla.

El proyecto más ruidoso, al menos por el momento, fue presentado como un Impuesto sobre bienes no declarados, cuya recaudación estará destinada a crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI. Es por donde se lo mire un blanqueo, según destacan especialistas en temas impositivos y denuncian desde la oposición. Existe un dato práctico, además del sentido: es un beneficio asimilado sin vueltas al blanqueo de la ley de Incentivo a la Construcción.

En cualquier caso, se trata de un primer punto de discusión, con posibles estribaciones en caso de que el texto termine siendo sancionado. Esto último parece improbable, según estiman fuentes de la oposición y admiten algunos oficialistas. Difícil de corregir, según técnicos de la oposición, que lo consideran un “engendro”. Públicamente, ya generó cruces entre el kirchnerismo y la oposición.

El impulso y la difusión estuvieron a cargo del núcleo de senadores más cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Hubo sorpresa y hasta cuidado malestar en el bloque del Frente de Todos. Desde Olivos, buscaron mostrarse en sintonía una vez que fue pública la iniciativa. Fuentes del Gobierno hicieron circular que estaban al tanto del asunto, más allá de la contradicción con la potencia del rechazo al acuerdo con el FMI, expresado en el quiebre de los bloques en las dos cámaras del Congreso. La línea del Gobierno fue “valorar” la iniciativa de la bancada de senadores.

El horizonte en el Congreso asoma complicado para el oficialismo. El Senado acaba de exhibir que no es mecánica la adhesión de aliados para lograr los dos votos que sumen a los 35 propios y garanticen mayoría y funcionamiento. Antes, el acuerdo con el FMI había puesto a la vista de todos la profundidad de la fractura. En Diputados, es aún más complejo el juego. La Cámara sigue virtualmente paralizada. Y allí, el Frente de Todos -unido formalmente- tiene un recorrido empinado para conseguir apoyos en interbloques con juego diferenciado de los espacios mayoritarios.

A ese tablero su suma la posibilidad de que, en la hipótesis de prosperar, todo termine en la Justicia. “Es inviable jurídicamente”, resumen sus críticos. Frente a ese panorama, resulta claro que el kirchnerismo privilegió el objetivo político que le asignan a la jugada, antes que su destino. Puede que apunte a mostrar perfil propio antes de la primera revisión del FMI y colocar a JxC en posición defensiva, con la ratificación del discurso sobre la fuga de capitales.

Por lo pronto, la disputa con la oposición se perfila áspera. En JxC ya comenzaron a definir una línea de debate sobre este blanqueo, que parece caro respecto de experiencias anteriores: el 20% que se propone en el texto más que duplica a los antecedentes. Pero es barato en comparación con las cargas que corresponderían en caso de ser detectadas -con la legislación actual- operaciones de fuga, lavado, evasión o rutas de corrupción. En ejemplo extremo, podría llegar al 50%, más las condenas personales.

La disputa abierta con JxC en todos los terrenos no resuelve la interna oficialista. En rigor, la limita. Anula la perspectiva de consensos más amplios, como ocurrió en el caso del acuerdo con el FMI. Alberto Fernández destacó ya varias veces ese nivel de entendimiento político, como contracara de la cerrazón de CFK y La Cámpora. La ex presidente se encarga ahora de cerrar esos puentes.

Algo de eso expresa la convocatoria presidencial a gobernadores para cargar otra vez contra Horacio Rodríguez Larreta en la pelea por la poda de fondos coparticipables. El conflicto es dirimido en el ámbito de la Corte, que dispuso un plazo final para la búsqueda de un entendimiento. El Gobierno teme un fallo adverso. Y Alberto Fernández pretende ahora un gesto de aislamiento del jede de gobierno porteño. Sugiere también una señal hacia CFK.

Los cálculos del microclima no anotan los costos que produce la batalla interna. Hay algunos reproches, pero no una dimensión realista. Es algo que esmerila sobre todo al Presidente, en momentos que deberían ser marcados por gestos de fortaleza. Pero además puede generar errores de cálculo.

La ex presidente está acostumbrada a un manejo del Senado sin sobresalto alguno. Y la reforma del Consejo de la Magistratura apareció además como una posibilidad de mostrar unidad doméstica después del quiebre en la votación del aval al acuerdo con el Fondo. Cerró las puertas a cualquier tratativa con JxC y descontó que, finalmente, iba a sumar el voto de al menos dos senadores de fuerzas provinciales. No fue así, debió ser suspendida la sesión para tratar este punto y el FdeT buscará ahora negociar con sus habituales aliados.

Es posible que el asunto sea subsanado, aunque no está fácil el camino posterior en Diputados. Los días que corren indican la necesidad de negociaciones amplias. La lógica de este capítulo del oficialismo por ahora va a contrapierna.

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